Los Texis y la casta que los protege

El asunto de la banda delictiva de Texistepeque ha venido a poner al desnudo, como muchos otros hechos de los que nos enteramos a diario, la profunda crisis social que atraviesa nuestro país. Sería quedarnos en la superficie si limitáramos lo que revelan los hechos narrados por el semanal El Faro, a una simple crisis institucional. Es cierto que la Policía Nacional Civil (PNC) es acusada de participar activamente en el tráfico, que personas con cargos de responsabilidad son mencionados como pertenecientes o ligados de cerca a los cabecillas de la banda. Un juez, alcaldes, diputados y jefes de policía aparecen nombrados, incluso una gobernadora: la representante del Ejecutivo en el Departamento de Santa Ana. La incuria de la Fiscalía no nos sorprende. A veces hasta pareciera que esta ostentosa negligencia adquiere el rango de ocultamiento o de complicidad.

Pero detengamos un momento nuestra atención en la serie de delitos cometidos, pues no se trata de uno solo. Reunión y organización delictiva, sobornos de la autoridad, desde el soldadito en la frontera o agente de la policía, el comisionado, el juez, hasta el diputado y los alcaldes. Tráfico de influencias, tráfico de personas y tráfico de mercancías ilícitas. La investigación viene haciéndose desde hace diez años, esto implica que los delitos tienen más edad que el tiempo de la investigación. Estos delitos reposan todos en el postulado moral de esta sociedad en la que vivimos: “el dinero lo puede todo”.



Si el dinero lo puede todo, si el dinero nos procura el usufructo de cualquier otra mercancia, ¿qué tiene de malo procurarme ese mismo dinero por todos los medios? Desde el momento fundador de la clase dominante cafetalera, la rapiña y el robo fueron sus medios de enriquecimiento. El ocultado decreto de 1882 sobre la abolición de las tierras ejidales y otras tierras comunales, la expulsión de sus antiguos dueños y la apropriación de ellas por la casta dominante, vino a confirmar las relaciones capitalistas en el país, y ha sido el bautismo de la oligarquía. El robo, pues, ha sido el acto fundador de nuestra sociedad actual. ¿Acaso para que esto se consumara no existió un mayúsculo tráfico de influencias? Hubo amenazas de golpes de Estado, hubo cambio de Constitución de claros principios “liberales” y, para rematar el todo, vino el “decreto antimaras” de aquella época, el “decreto contra la vagancia”. Luego de haber lanzado a errar a los indígenas ejidistas por todo el país, sin recursos, sin nada, fueron luego traídos a la fuerza a sus antiguas tierras, ahora de otros, como peones para ser sobreexplotados en las nuevas plantaciones de café. Los peones era una mano de obra más que barata, que fue obligada a permanecer en las haciendas, con métodos de usureros y ladrones, endeudándolos con la “tienda” del patrón.

Esa fue ya una de las primeras grandes derrotas de nuestro pueblo y se perdió, además, la pericia en el cultivo de muchas plantas, pues aquellas tierras se volvieron ajenas. Este latrocinio no fue un disfuncionamiento de las instituciones, sino que la institución sirviéndo al más fuerte. El Estado en su plena función de órgano de dominación de una clase sobre el resto de la sociedad.

Veamos en qué situación nos encontramos: el presidente acepta el “préstamo” de un millonario para hacer su campaña electoral, acepta el “préstamo” de un avión para darse un paseo en Miami. Ambos hechos son escandalosos. Son escandalosos en su principio e igualmente escandalosas han sido las justificaciones. El primer “préstamo” se justifica simplemente porque fue el que permitió el triunfo electoral. Esto lo han alegado militantes y dirigentes, reduciendo a nada el trabajo militante. El otro “préstamo” es de parte de un amigo (el otro préstamo también era amical) y era para un vuelo privado, en tiempo privado. La función presidencial no desaparece los días domingo como una especie de transfiguración. ¿Era tan urgente ese viaje de diversión que impusiera aceptar un regalo? Creo, sin exagerar, que el principio ético de la aceptación y de la justificación que fue dada reposa en el mismo principio del que acepta directamente un soborno. No estoy diciendo que estos “préstamos” han sido sobornos, no tengo evidencias. Digo que el principio es el mismo: ¿por qué no voy a aprovechar de mi situación?

He empezado con este caso, para mostrar que la crisis social que atravesamos es profunda. Si es cierto que hubo indignación de muchos en el segundo caso, casi no la hubo en el primero, pero al mismo tiempo fueron también muchos los que vinieron a defender el segundo regalo. Funes es el primer magistrado de la República. Sabe nuestro presidente que esta amistosa generosidad es pasajera y hasta en cierto sentido, súbita. Pero sabemos que los otros presidentes anteriores también abusaron de su función: unos se aprovecharon de las privatizaciones; otros escondieron a la Corte de Cuentas sus cuentas bancarias; el otro se convirtió en uno de los más prósperos empresarios mientras ejercía su mandato que terminó con una gira con un séquito faraónico.

Recuerden los aumentos sistemáticos y abusivos de los salarios de los diputados, sin ninguna proporción con la realidad de sus necesidades, ni de los servicios prestados al país, la lista de prebendas no corresponde en nada al estado de las finanzas del país y es desproporcionada con el nivel de vida de los salvadoreños.

“De plata los delgados cuchillos y los finos tenedores; de plata los platos donde un árbol de plata labrada en la concavidad de sus platas recogía el jugo de los asados; de plata los platos fruteros, de tres bandejas redondas, coronadas por una granada de plata; de plata los jarros de vino amartillados por los trabajadores de la plata; de plata los platos pescaderos con su pargo de plata hinchado sobre un entrelazamiento de algas; de plata los saleros, de plata los cascanueces, de plata los cubiletes, de plata las cucharillas con adorno de iniciales...”, pareciera que este pasaje inicial de la novela “Concierto barroco” de Alejo Carpentier, hubiera inspirado a nuestros diputados para pasar el pedido de los cubiertos para la Asamblea Nacional. Sigfrido Reyes, el nuevo presidente legislativo del partido “revolucionario” FMLN, que acababa de prometer ahorros y controles de gastos, no justificó esta extravagancia de cubiertos y utensilios de plata para el comedor de la Asamblea. No. Sigfrido Reyes no justificó ante algunas protestas e ironías de algunos comentaristas. No. Sigfrido Reyes se indignó que se le diera tanta y excesiva importancia a este tipo de nimiedades.

Algunos dirán tal vez que esto no tiene nada que ver con la banda de Texistepeque. Al contrario, tiene mucho que ver, pues como lo hemos dicho, bajo todas estas actitudes, detrás de todos estos actos reposa la lógica del interés personal. De la misma manera el robo de las tierras ejidales se realizó bajo la protección de un decreto del Estado. La lógica del interés personal convierte al funcionario del Estado en sirviente de los propietarios, pero con un pago adecuado. También sirviente del que desea cometer un ilícito.

El interés egoista, el interés de los pocos opuesto al interés de la mayoría, al interés común, es la piedra angular de la ideología de la sociedad burguesa. El garante de esta ideología del más fuerte es el Estado burgués, es el que con sus leyes defiende el principio de la explotación de los trabajadores, defiende la propiedad privada, y a veces deja de defenderla cuando el que trasgrede y se apropia de lo ajeno soborna adecuadamente a las personas claves. Pero el principio sigue siendo el mismo: el Estado en calidad de tal, es el instrumento de dominación de la clase dominante sobre el resto de la sociedad.

Claro que desde el punto de vista de la doctrina, algunos pueden afirmar que las instituciones no han funcionado cuando agentes del Estado prodigaron a los delincuentes de Texistepeque toda la asistencia necesaria para el cometimiento de los delitos. Por eso algunos han querido ver en esto una crisis institucional. No voy a negar su existencia, pues con estos actos no se guardan las conveniencias, no se protegen las apariencias. Este tipo de delito pone al desnudo la doble moral institucional del Estado burgués, pues la justicia del Estado, la fuerza del Estado se aplica con rigor e inclemencia cuando se trata de alguien que no tiene los recursos necesarios para el soborno, para la compra de voluntades.

Es en esto que consiste la crisis institucional, en ella se ve todo el descaro de la doble justicia, se ve con demasiada claridad la negligencia del Fiscal, y la policía, que debería ser la garante del orden público, participa en el tráfico de las mercancías ilegales. Pero esta crisis es apenas el síntoma de algo peor, el síntoma de la crisis social. Es la sociedad misma que está perdiendo los valores del interés común. El interés privado, personal, adquiere tal fuerza de dogma que poco importan los medios que se usen para alcazar los objetivos, las metas fijadas. Hasta tal punto este dogma se ha apoderado de nosotros, que aparecen, incluso, justificaciones a este tipo de conductas delictivas.

Y esto va desde arriba, desde la cúspide del Estado hasta el soldadito que redondea su salario con los diez dólares que recibe para que se haga el ojo pacho ante los camiones cargados de drogas o de ganado. Es esta ideología la que sustenta a todos aquellos que, para lograr sus objetivos, no tienen reparo en recurrir al asesinato, a contratar sicarios, a rebajar a la persona humana a un simple estorbo. Es este mismo principio el que domina a los jóvenes delincuentes miembros de las maras. El interés personal erigido en dogma es, al mismo tiempo, el desprecio de los demás, el otro se convierte en nadie, en algo menos que nada. La crisis que atraviesa nuestro país, además de sus aspectos económicos, cuyos efectos son dramáticos, se acopla a la degradación de los valores humanos. Hay urgencia en pensar seriamente de la manera de salir de este callejón en el que nos han metido las clases dominantes.

Carlos Abrego
Blog Cosas tan pasajeras

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