La derecha salvadoreña es cínica y aparenta amnesia ante los desastres naturales en zona del Chichontepec

Todos lo municipios que se desarrollaron en las faldas del volcán Chinchontepec, son extremadamente vulnerables al impacto de los fenómenos naturales. Se sabía de antemano que los municipios de Guadalupe y Verapaz, corrían el riesgo de ser “barridos” por las avalanchas del suelo licuado que se generaría cuando las lluvias se mantuvieran constantes por más de 30 minutos y precipitaciones pluviales a partir de los 70 milímetros. Bajo este escenario, estas comunidades estarían peligrosamente expuestas a desprendimientos que sobrepasaban los 70 millones de metros cúbicos, cuyas masas fueron estimadas a través de una investigación realizada por técnicos de GIPEA-ASIPES en un proyecto que fue denominado “Medidas preventivas y control de laderas inestables”, bajo la responsabilidad del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Posteriormente, el proyecto quedó en abandono por la irresponsabilidad del MAG y de las autoridades locales.

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Azul: ruta del deslave en Verapaz. En círculo: pueblos amenazados. Líneas intermitentes: Canales naturales. Café: Fincas cafetaleras.

Esta iniciativa de enfrentar el problema de las laderas inestables fue el resultado de las tragedias tectónicas y telúricas que acontecieron en nuestro país los días 13 de enero y el 13 de febrero de 2001, cuando dos terremotos de extrema violencia sacudieron la región, produciendo mil víctimas el primero y más de 400 el segundo. El primero tuvo una magnitud de 7.6, con epicentro a 39 Km. de profundidad en la zona de subducción frente a las costas salvadoreñas.

El segundo terremoto ocurrió el día 13 de febrero, con una magnitud de 6.5 en la escala de Richter. Su epicentro se localizó en las cercanías de Guadalupe, en donde muchas casas fueron destruidas. Muchos pobladores sufrieron heridas por la acción del sismo, pero solamente se reportaron la pérdida de 17 personas, 6 de las cuales murieron en el centro de Guadalupe y 11 fueron enterradas por un deslizamiento que ocurrió en la localidad de Tepetitán en la zona de la Finca El Carmen. La mayor parte de las extensiones de las fincas cafetaleras de cúspide del volcán son propiedad del presidente actual del COENA, Alfredo Félix Cristiani Burkard.

El terremoto del 13 de febrero, en la zona de San Vicente se desarrolló con una magnitud de 6.6 y una energía calculada de 1.99526x1022 ergios. Dicho sismo ocurrió a las 14:22 UTC (8:22 hora local) en la zona paracentral del país, a una profundidad de 13.9 Kms. Un análisis en cuanto a su origen, indica que este fue asociado con una falla geológica local, de inclinación vertical, y que se debió por el desplazamiento en la dirección norte-sur o este-oeste. Este terremoto fue superficial y ha sido asociado con la cadena volcánica de El Salvador, siendo una fuente diferente al que causó el terremoto un mes anterior.

De acuerdo a los datos suministrados por el COEN al 21 de febrero, esta institución reportó 315 muertos, 3399 personas heridas y 252,622 consideradas como víctimas totales. La proporción de mortalidad fue de 5.0 por cada 100,000 habitantes. Las áreas afectadas incluyen los Departamentos de Cuscatlán, La Paz y San Vicente; quienes reportaron una mortalidad de 81.3, 19.8 y 54.0 respectivamente por cien mil habitantes.

Desde el punto de vista de estructuras civiles, se ha indicado que para el 21 de febrero se habían reportado 57,375 construcciones, de las cuales 41,362 se calificaron como totalmente destruidas. El mayor número de casas afectadas ocurrió en el Departamento de La Paz con 88.7%, seguido por los Departamentos de San Vicente y Cuscatlán con 66.9% y 62.3% respectivamente.

Durante el segundo sismo ocurrieron varios derrumbes en las faldas del volcán San Vicente. La mayoría de ellos fueron superficiales y de gran extensión. Estos deslizamientos no tuvieron consecuencias inmediatas, ya que el fenómeno lo que produjo fue depositación de materiales a lo largo de las quebradas aledañas. Expertos hidrogeológicos de Suiza y Estados Unidos llegaron al sitio después de la catástrofe y dejaron ver la posibilidad que el fenómeno de desprendimientos de las laderas inestables se podría regenerar en las proximidades del volcán Chinchontepec, por la acción de las lluvias, y que las poblaciones de los municipios aledaños estarían expuestas a fatales consecuencias.

Desafortunadamente sus predicciones se validaron el 15 de septiembre. En esa fecha, después de fuertes lluvias, ocurrió una avalancha torrencial que resulto ser un nuevo desastre para la comunidad, destruyéndose unas once casas en la Colonia Santa Rosa del Municipio de Guadalupe, donde se produjo la pérdida de una vida humana. A raíz de lo anterior, el Gobierno decidió la excavación del cauce de la Quebrada El Derrumbo y la construcción de diques de contención, aspectos que mostraron desde su inicio una clara ignorancia científica y que su único propósito era el de poder lucrarse con los dineros de los préstamos que se obtuvieron bajo un convenio multilateral con el BID.

El Gobierno de El Salvador, mediante un Programa de Reconstrucción Nacional, firmó con el BID, el Contrato de Préstamo 1310/OC-ES, que incluyó entre sus actividades, investigaciones técnicas para la implementación de Medidas Preventivas y control de las Laderas Inestables. Dentro de este proyecto se impulsó un Sistema de Vigilancia, Alerta Temprana y Alarma, a efecto de prevenir oportunamente a las poblaciones más vulnerables sobre los comportamientos previos y consecuencias de los fenómenos naturales que podrían ocasionar aún más perdidas y daños.

El Municipio de Guadalupe es una localidad que se ubica a unos 50 kilómetros de San Salvador hacia el Este y desarrollado en las partes bajas de las laderas del volcán de San Vicente. El municipio se extiende sobre una superficie de 80 km2, que equivalen a unas 8000 hectáreas. Su morfología es de naturaleza volcánica, bastante compleja, caracterizándose por coladas volcánicas radiales configuradas en las quebradas, las cuales muestran un comportamiento intermitente, secas en verano y con algún caudal durante la estación lluviosa.

En consecuencia, antes de considerar por separado a los fenómenos sísmicos, volcánicos, derrumbes y avalanchas, tiene que contemplarse lo que la estructura local de la corteza terrestre impide en términos de fragilidad al sitio de Guadalupe y lugares circunvecinos. Los análisis morfológicos y neotectónicos muestran que dicha región (Guadalupe y Verapaz), es una región del mundo muy frágil. Una evolución permanente y de largo plazo está en progreso y lo único que uno puede hacer es entenderla y adaptarla lo mejor posible para limitar sus efectos perjudiciales.

Desde el punto de vista del mecanismo general que ocurre y basados en la información disponible, se propone que se prioricen los SAT para toda el área, incluyendo el Municipio de Guadalupe, que forma parte de una complejidad estructural en donde se ubica el fondo de una caldera antigua que actualmente se encuentra cubierta por materiales piroclásticos recientes y por la presencia de grabens locales rellenos por materiales coluvio-aluviales. Esta caldera al irse asentando como producto del movimiento de las fallas locales que delimitan los bordes de la caldera, va generando movimientos escalonados de fallas secundarias y asentamientos de materiales volcánicos recientes en las partes altas que provocan a su vez deslizamientos. Estos efectos aunados a la precipitación y escorrentía de las aguas, principalmente en la época lluviosa, han provocado movimientos de avalanchas que se han venido a depositar en las partes bajas de la zona, provocando en muchos casos, la afectación de ciudades e inclusive la desaparición de algunas de ellas.

Evidentemente, en nuestro país existe una vastedad de información técnica y científica que pone de manifiesto el grado de vulnerabilidad del territorio y la constante amenaza de sufrir cualquier tipo de catástrofe natural, principalmente, que los riesgos son mayores por las consecuencias del irreversible proceso ligado al Cambio Climático que afecta a nuestro planeta.

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Rojo: rutas del deslave.

Con todo lo anterior, lo ocurrido en Guadalupe y Verapaz obliga a pensar en responsabilidades por “negligencia criminal” de los anteriores gobiernos en manos del partido ARENA, ya que por sus actos de corrupción, malograron los mínimos esfuerzos que se hicieron para desarrollar una política de prevención y de ordenamiento de nuestro frágil territorio. Para la actual tragedia de más de 130 muertos y personas desaparecidas en el municipio de Verapaz, estas fatales consecuencias pudieron evitarse si las autoridades del MAG no hubiesen dejado en abandono el sistema de sensores de avalanchas y Sistema Alerta Temprana (SAT) que se instalaron a lo largo de la enorme cárcava del volcán Chinchontepec y dentro de la ciudad de Guadalupe, bajo un convenio de préstamo con el BID (No. 1310/OC-ES). Estamos seguros que entre las 10,400 personas damnificadas de la zona, existirá más de algún testigo que podrá brindar testimonio de cómo quedó en abandono el sistema de prevención contra desastres que se desarrolló en el volcán Chinchontepec.

Es al nuevo gobierno de Mauricio Funes y del FMLN, que le tocará enfrentar y tratar de corregir con responsabilidad social todos los efectos sociales que les heredaron las corruptas administraciones de la derecha salvadoreña, obligándole a definir una objetiva política para prevenir y enfrentar los recurrentes desastres naturales; además, deberá priorizar las iniciativas de conservación y manejo de los recursos naturales del territorio. Los Tribunales Ambientales se vuelven una necesidad incuestionable, de esa manera se podrán deducir responsabilidades por negligencia criminal, como la evidenciada expresamente por las anteriores autoridades del MAG, que por su visión estrecha y de corrupción que les caracterizó, destruyeron los sensores y desarticularon el Sistema de Alerta Temprana (SAT) que se instaló en el Municipio de Guadalupe y que pudo haber evitado la tragedia de Verapaz.

Otro aspecto que el nuevo gobierno deberá considerar, es la contratación de nuevo personal técnico y científico para que asuma la responsabilidad del monitoreo y seguimiento de los fenómenos naturales. Mucha de la gente que ahora se encuentra dentro del SNET y en Protección Civil, llegaron a tales puestos por compromisos partidarios y son el producto de la partidocracia del partido ARENA. La responsabilidad que implican tales cargos tiene un fuerte componente social y para estos funcionarios la responsabilidad no es hacia la gente sino para favorecer los intereses de la criminal burguesía salvadoreña.

Colaboración para El Trompudo

del grupo de ex combatientes guerrilleros del ENAD

El Salvador, 12 de noviembre de 2009.

Reyzope

**Recomendamos ver el documento sobre los deslizamientos en El Salvador, que provocan tragedias en la población. Para verlo o descargarlo haga clic aqui.