Denuncia : Las concesiones dejaron fuera los derechos de los trabajadores.

ESTIBADORES : CASO DE ACAJUTLA En enero de 2002, el gobierno salvadoreño intervino militarmente el Puerto de Acajutla, bajo el argumento de "aumentar la seguridad debido a los atentados sucedidos en EE.UU." Durante dicha operación, al igual que unos meses atrás en el Aeropuerto El Salvador, las autoridades usaron la coyuntura para despedir a trabajadores sindicalizados que ahí laboraban y que fueron cerca de 2 mil. El hecho presentado como una acción "para modernizar el puerto", fue en realidad una operación para entregar las operaciones a empresas privadas, conocidas como “operadoras”, varias de ellas creadas por ex-gerentes y mandos medios de CEPA.

Video: Una comunidad destruida por la privatización

Esta acción se venía preparando desde hacía ya buen rato. Ya habían sido aprobados decretos legislativos mediante los cuales la Autónoma CEPA se desharía de la relación laboral con los trabajadores, y en su lugar “las operadoras” asumirían las contrataciones. Antes de la intervención militar de 2002, los trabajadores del muelle poseían estabilidad laboral así como respetables salarios y prestaciones. La contratación colectiva que les otorgaba estos beneficios existía desde la década de los 50´s. Ahora, en la nueva modalidad de desregular, se ganan salarios ínfimos –cuando se tiene suerte- y los perjudicados son las comunidades, el comercio y, en fin, las familias obreras, así como toda la localidad de Acajutla. Ante tal situación, en diciembre del 2004 los trabajadores formaron nuevamente una organización sindical: el STIPES. Desde entonces, sus fundadores y miembros han enfrentado la discriminación en el empleo por parte de “las operadoras”. Debido a esto, muchos de sus miembros mantienen su afiliación sindical en el anonimato. Dos de los fundadores del STIPES, Gregorio Elías Vanegas y Joel García, no han sido tomados en cuenta por ninguna operadora desde aquellas épocas. A pesar de que el gobierno salvadoreño, a mediados de 2005, manifestó durante la coyuntura de aprobación del TLC con EE.UU. que este caso había sido resuelto favorablemente; los fundadores sindicales Vanegas y García siguen desempleados. El resto de fundadores obtienen a regañadientes algunas plazas temporales para descargar barcos. Por su parte el Ministerio de Trabajo, lejos de actuar contra la discriminación, mantiene un expediente en donde justifica la misma en contra los fundadores del sindicato, argumentando que ellos han abandonado sus labores para dedicarse a la actividad sindical. La pregunta es: cómo pueden abandonar las labores los fundadores del STIPES si bajo la modalidad de contratos a destajo, las operadores eligen en cada descarga quienes son contratados y quienes no? En una reciente reunión entre CEPA y el Sindicato STIPES, en donde participaron por la Autónoma CEPA el Arq. Roberto Bará y el Lic. Lemús Herrera, estos funcionarios trataron de desmarcarse de la responsabilidad en los temas laborales. El acta levantada de la reunión dice literalmente : “CEPA, por su parte, les deja claro que esta reunión ha tenido como propósito escuchar el sentir del sindicato, pero deja también claro que no son responsables, laboralmente, de cualquier problema existente, ya que no la une ningún vínculo laboral en la referida problemática”. Esta afirmación es abiertamente contradictoria con el Art. 5 del Código de Trabajo, que literalmente afirma: “El contratista y el sub-contratista responden solidariamente por las obligaciones resultantes de la prestación de los servicios de los trabajadores de éste, empleados en los trabajos requeridos por el contratista”. Esto nos lleva a afirmar, categóricamente, que si las empresas operadoras no cumplen con las condiciones laborales, es la CEPA la responsable de hacerlo. Cada vez que hay que descargar un barco, los estibadores se arremolinan a las oficinas de las operadoras privadas para implorar que les contraten a destajo, sin prestaciones y expuestos a accidentes industriales. Cada nuevo barco a descargar es una nueva oportunidad para escoger el personal que va laborar con ellas. Y cada nuevo barco es una oportunidad de discriminar a los sindicalistas. Esta situación es resentida por toda la comunidad de Acajutla, especialmente por los comerciantes y vendedoras. No son pocas las vendedoras que se quejan añorando los tiempos en que vendían, de manera razonable, sus productos, dado que la estabilidad laboral y las prestaciones de la negociación colectiva generaba un círculo virtuoso que apuntalaba el mercado interno del municipio. Pero no sólamente está el problema de la falta de estabilidad laboral y de deterioro de la economía del municipio, también está el problema de la falta de seguridad industrial. En el muelle existía antes la bodega para mercadería en transito, bajo la cual los estibadores se protegían de la inclemencia del sol y de la lluvia. Esa bodega ya no existe, y cuando llueve de manera intercalada, con el abrazante sol, prácticamente a los estibadores sólo les queda esperar que la lluvia pase. “Ahí nos quedamos acurrucados como que fuéramos gallinas”, manifestó uno de ellos al ser entrevistado. Este ambiente laboral también permite la inseguridad en las labores. Los accidentes de trabajo están a la orden del día. Miguel Antonio Siciliano Pinto, un joven estibador que fue contraminado por dos containers en el muelle, en Septiembre de 2007, fue evacuado escondido bajo un toldo de un Pick-Up particular, por los encargados de la operadora para la cual laboraba. Durante la evacuación adquirió una bacteria en sus heridas, llegando su vida a peligrar. Ahora se ha convertido en una de las principales voces de denuncia del régimen laboral existente en Acajutla, el cual atenta contra la vida misma de los estibadores. MÁS CONCESIONES AL HORIZONTE Las concesiones ahora vuelven a tomar relevancia. En los últimos meses, el gobierno salvadoreño nuevamente ha anunciado su interés en concesionar los puertos, no solo el de Acajutla, sino que también el de Cutuco en La Unión, una vez termine su construcción con fondos donados por Japón. Albino Román, presidente de CEPA, en declaraciones a un matutino manifestó que la "intención del gobierno es concesionar Cutuco una vez sea terminado en noviembre de este año", pero tambien aclaró que "va a estar vacío, porque se entregará sin las grúas y los equipos que transportan contenedores en patio". "El compromiso del concesionario es equiparlo", remató. El presidente de CEPA junto a la Vicepresidenta Vilma de Escobar visitaron Holanda, a mediados de junio, para buscar en un congreso de logística internacional, potenciales interesados en tomar la concesión. Es de conocimiento público que estas concesiones deben ser aprobadas por el órgano legislativo, al cual es urgente demandar que los derechos laborales sean claramente especificados en todas las concesiones estatales. El caso de Acajutla, en que los trabajadores perdieron todas las prestaciones laborales que habían tenido durante cincuenta años, no puede repetirse. Las concesiones, cuando son necesarias, deben especificar claramente la obligación de las empresas a respetar todas las leyes, especialmente los derechos laborales y los estandares existentes. Si se hubiese aplicado la sustitución patronal en Acajutla, acorde al Art. 6 del Código de Trabajo, los trabajadores no estarían en la lamentable situación actual. Esta situación debe enmendarse y, ante todo, hay que revisar que tan conveniente es entregar las operaciones de los puertos al mejor postor. Es esto lo que conviene al país? El llamado es al órgano legislativo, a condicionar fuertemente cualquier concesión al respeto de los derechos laborales y sindicales, y a la CEPA a restaurar los beneficios de la población de Acajutla. No sólo es su deber moral, sino legal, el hacerlo. CEAL-Derechos laborales en CA http://ceal-dlca.blogspot.com/ Nota de la redacción de El Trompudo: El día 5 de noviembre del 2005 fue asesinado el sindicalista y estibador de puertos, el ciudadano americano-salvadoreno, Gilberto Soto. Mucho se ha especulado sobre su muerte y entre las cosas más resaltantes se habló de que Soto había llegado a El Salvador para organizar a los estibadores de los diferentes puertos salvadorenos, víctimas de la represión de enero del 2002, cuando el gobierno militarizó los puertos y despedio a más de dos mil estibadores organizados en un sindicato. En las controversiales y casi teatrales investigaciones que realizó la PNC, esta entidad llegó a la conclusión de que los asesinos de Soto eran su suegra Rosa Elba Zelaya, y los supuestos sicarios Santos Sánchez Ayala y Joel Ramírez Gómez. Sólo Ramirez Gómez fue condenado a cárcel, para, meses después, ser dejado en libertad. Hoy, el tema de la muerte de Soto vuelve a ser noticia. El gobierno arenero soporta las presiones de un poderoso político estadounidense. Él y su comité pidieron al gobierno arenero “conducir una nueva y creíble investigación para llevar a la justicia aquellos responsables del asesinato”. Y usted qué opina? .