7 de noviembre de 2015

De ARENA al FMLN: 28 años de Neoliberalismo

La dirigencia del FMLN repite constantemente que están desmontando el Modelo Ecónomico Neoliberal. No obstante, tanto al Banco Central de Reserva de El Salvador, el Ministerio de Economía, como al Ministerio de Hacienda, así como todas las entidades estatales salvadoreñas relacionadas con la economía, reciben órdenes directas del FMI y la Banca Mundial, entidades que imponen sus políticas económicas. Cómo pueden afirmar entonces los dirigentes efemelenistas que están "desmontando el modelo neoliberal"? Todo esto es una demagogia que utilizan para fines propagandísticos y mantener la cohesión de sus masas. Una maniobra de la dirección del FMLN para sostener a sus bases y evitar cualquier posible fuga y/o ruptura dentro de sus filas y garantizar así la continuidad del proyecto de dominación política de la cúpula tanto en el partido como en el ejecutivo. Lo cierto es que el modelo neoliberal es impuesto por las mencionadas entidades internacionales, su aplicación es una orden. Los dirigentes efemelenistas, entonces, han llegado a obedecer y ejecutar órdenes y a justificar el sistema, pero no a otra cosa.


 Armando Bukele: Este gobierno es más Neoliberal que el anterior


La corrupción y la demagogia le han causado ya mucho mal al pueblo salvadoreño. Los cuatro regímenes areneros ofrecieron “trabajar incansablemente en contra de la pobreza”, y sus consignas hicieron crecer una vana esperanza entre los salvadoreños. El presidente Cristiani aseguró que durante su administración se erradicaría la extrema pobreza; al cabo de cinco años, la banca se había privatizado, la pobreza había aumentado, lo mismo que la migración forzada de miles de salvadoreños hacia los Estados Unidos y otros países, en busca de mejores oportunidades de vida.

Durante su administración, en 1990, la Asamblea Legislativa aprobó una ley de saneamiento de los bancos estatales que habían quebrado porque no recuperaron muchos de los préstamos otorgados a grandes empresarios durante los años 80. La ley incluía la creación de un Fondo de Saneamiento Financiero (FOSAFI) con recursos del Banco Central de Reserva (BCR). Dos años después, el gobierno de Alfredo Cristiani privatizó los bancos saneados. El monto fue de 705 millones de dólares, y Cristiani se quedó con el Banco Cuscatlán.

El gobierno de Armando Calderón Sol también prometió más de lo mismo: “los salvadoreños no pueden estar condenados a vivir y morir en la pobreza”, dijo. Sin embargo, ninguno de sus programas se encaminó a generar empleos, mucho menos a asistir a las personas más vulnerables. Los índices de desarrollo humano comenzaron a disminuir sensiblemente, según lo registró el PNUD de las Naciones Unidas. Al cabo de su mandato, más de un millón de salvadoreños habían emigrado hacia los Estados Unidos, Canadá y Australia. Asimismo, el crimen organizado y la delincuencia tenían vía ancha para sus operaciones. La corrupción, el narcotráfico y el contrabando se profundizaron.

Con el régimen de Francisco Flores, la situación económica y social de los salvadoreños se deterioró totalmente. Con sus publicitadas “alianzas solidarias”, también se festejó la demagogia y la mentira. El golpe de gracia para el pueblo llegó con la ley de Integración Monetaria, conocida como “dolarización”. De la noche a la mañana desapareció el colón y los precios de los productos de consumo básico, como los frijoles, el maíz, el arroz, la leche, los huevos y legumbres se dispararon, sin contar con enormes sumas de capital que gobiernos amigos enviaban a El Salvador para programas sociales y de ayuda. Esas donaciones desaparecieron y se sospecha que Flores se apodero de ellas.

Con el gobierno de Antonio Saca también se repitieron las consignas de “trabajar por los más pobres y marginados de este país”. Lo peor estaba por venir de parte de un gobierno profundamente inhumano. Rápidamente El Salvador se posicionó como el primer país de América Latina en menos inversión en desarrollo social. Los índices bajaron sensiblemente, según lo registraron organismos especializados en el tema, como la CEPAL y el PNUD. Los fondos del Milenio estaban en peligro y el régimen puso en marcha uno de los programas más crueles y demagógicos de que se tenga memoria en este país: La Red Solidaria, supuestamente para favorecer con 15 dólares mensuales a las familias en extrema pobreza de El Salvador, y catapultarlos, así, de la extrema pobreza a la pobreza relativa, para cumplir con las exigencias de FOMILENIO. Este nefasto personaje saqueo al máximo las arcas del Estado y heredó al gobierno de Mauricio Funes un Estado en total bancarrota.

Durante veinte años, los salvadoreños más vulnerables y humildes fueron los actores de una dramática epopeya, pues muchas comunidades pueblerinas y rurales siguen viviendo como en los tiempos del feudalismo y el esclavismo, postrados ante los mismos altares, vilipendiados, expoliados y sometidos a los mismos tipos de hombres que sus ancestros conocieron.

En el 2012 llegó el esperanzador Gobierno del Cambio con Funes y el FMLN.

Bajo el gobierno de Funes nadie pudo afirmar verdaderamente que se dejaba ya la etapa en la que la corrupción reinaba, obscuro legado de ARENA. Se mantuvo el programa de Red Solidaria para no perder los Fondos del Milenio y se profundizó el asistencialismo de Saca, esta vez con la entrega de útiles escolares y un vaso de leche. Sin embargo las bases del neoliberalismo, a saber relaciones de producción injustas con salarios de miseria y una entrega total de la soberanía nacional a los EEUU, no sólo se mantuvo sino que se agudizó. Funes prometio encarcelar a los ladrones de cuello blanco, pero ya siendo presidente rehusó enjuiciarles y el FMLN calló. Se habló de que se había destapado la olla de la corrupción arenera. Sin embargo, nadie fue enjuiciado ni encarcelado. Cuál fue el impacto de todas las promesas de Funes en los bolsillos y en la seguridad del pueblo? Ninguno.

Bajo el gobierno de Funes se continuó con la corrupción: el compadrazgo, el nepotismo, los escándalos y los conflictos de intereses se multiplicaron. Miguel Menéndez "Mecafe", el amigo del presidente Funes, ocupó cargos estatales, siendo funcionario público y a la vez beneficiario de contratos multimillonarios. El hijo de Nicolas Salume, patrocinador financiero de Funes, llegó a la CEL y sus maniobras con las empresas estatales afiliadas a CEL, dieron mucho de qué hablar. Esos fueron dos ejemplos de muchos, en un mar de escándalos.

La guerra social y demás taras sociales que padecen los salvadoreños son una herencia de dos decenios areneros, herencia de un sistema y de un modelo económico injustos, excluyentes. Claro, eso se entiende, como también se entiende que en 7 años todo eso no se puede cambiar como por arte de magia. Pero 7 años sí que son suficientes para ver el rumbo que un gobierno emprende. A algunos esperones esto les parece poco. A los que no lo somos, los 7 años del "Nuevo Gobierno del Cambio" son un indicativo para ya darse cuenta no sólamente del rumbo sino del objetivo del gobierno efemelenista; y el objetivo no es más que el continuismo de un cuarto de siglo de gobiernos neoliberales, sumado a esto la ya total entrega a los EEUU, la militarización de la sociedad, la contínua permeabilización de las instituciones públicas por el narcotráfico, la miseria social en todos los aspectos y la violencia que desangra cotidianamente a la sociedad.

El rumbo que tomó el gobierno de Funes y del fmln lo definieron en tan sólo unos pocos meses, pues lo primero que hicieron fue evitar renegociar la deuda externa del país e irse a arrodillar a Washington, en las propias oficinas del FMI (Segovia). Eso de la renegociación de la deuda fue un insumo de las Mesas Sociales. Recuerda usted, querido lector, los insumos de las Mesas Sociales? Todo fue vano, todo fue una mascarada, una burla, demagogia pura.

Al gobierno del fmln no lo define ni el vaso de leche ni el paquete escolar que ya lo paga caro el pueblo con el aumento del precio de los servicios esenciales (agua, electricidad, teléfono) y el aumento al precio de la gasolina. A este gobierno no lo definen los parches populistas, ni sus tibios planes asistencialistas. No. Lo define su política económica, y su política económica es de corte Neoliberal. El gobierno del FMLN es el continuismo de los truculentos veinte años areneros más un lustro de gobierno del presidente Funes.

"Lo que sucede ahora al interior del FMLN está más vinculado a la búsqueda del debate por construir un proyecto alternativo a la política neoliberal del gobierno", expresó Medardo Gonzales recientemente.

Durante la toma de posesión como nuevo presidente de ES, Sanchez Cerén dedicó varios minutos de su discurso a la cuestión económica nacional. No es casual que así haya sido, las estadísticas muestran que las dificultades económicas son el desafío principal, junto al tema de seguridad. No obstante, Sánchez Cerén no dijo una palabra, en su prolongado discurso, sobre la necesidad de romper con los Tratados de Libre Comercio, ya sea con Europa o Estados Unidos, que maniatan al país a la lógica voraz del capital transnacional, profundizan el sometimiento de la producción local y lesionan la soberanía nacional, sobre-explotan la fuerza de trabajo, devoran nuestros recursos naturales, etc. Tampoco mencionó, pese a haber tocado el evidente problema de la deuda externa, la necesidad de la moratoria y/o condonación de la misma; mucho menos habló de una reforma fiscal profunda que modifique las estructuras económicas que sustentan el dominio de la burguesía oligárquica salvadoreña.

Segunda Parte. La gestión económica del nuevo gobierno del FMLN: una perspectiva estructural

Los tres componentes que marcan hoy la lógica y el desarrollo de la gestión económica del gobierno de Sánchez Cerén y el FMLN, son:

1.El Asocio para el Crecimiento, que significa la profundización del modelo neoliberal.

El Asocio para el Crecimiento (APC), entre El Salvador y Estados Unidos firmado en noviembre del 2011, es un plan que pretende explícitamente abrir una nueva etapa de las relaciones neoliberales en el país, una segunda fase, donde, casi agotados los recursos y empresas estratégicas del Estado, como producto de las reformas neoliberales de los sucesivos gobiernos de ARENA, principalmente de Alfredo Cristiani (1989-1994) y Calderón Sol (1994-199), se dirige a la creación de asocios público-privados, donde, en última instancia, no son sino privatizaciones-concesiones, que en términos de resultados es lo mismo.

El Plan de Acción Conjunto del APC expresa:

El Asocio para el Crecimiento es un esfuerzo que aspira a ampliar rápidamente el crecimiento económico inclusivo en El Salvador bajo un compromiso profundo con la democracia y los derechos humanos. A fin de lograr estas metas, todos los socios reconocen la importancia de una economía de mercado en buen funcionamiento y el rol fundamental del sector privado en liderar el desarrollo económico mientras que el gobierno cumple un propósito esencial estableciendo un entorno institucional propicio para el crecimiento económico, haciendo frente a las brechas sociales e invirtiendo en las personas(1).

Es evidente, entonces, que tal plan contempla la profundización del modelo neoliberal, el otorgamiento al Estado de la única función de establecer el entorno institucional para la libre operación de las fuerzas del mercado. En ese sentido, resulta interesante que el FMLN, un partido que otrora se definiera anti-neoliberal, se haya ahora plegado a una agenda de este tipo.

En todo caso el tema del ApC es sin duda una paradoja en el interior del mismo partido FMLN. Los dirigentes del éste partido, durante la marcha oficialista del 1° de mayo, declararon estar abiertamente en contra del mismo, por su carácter privatizador. “Con respecto al Asocio del Crecimiento, les queremos decir que el proyecto que ha sido presentado a la Asamblea Legislativa, la fracción del FMLN no lo respalda, no lo respaldamos”, dijo Sánchez Cerén(2).

Sin embargo, estas posiciones más que reflejar una realidad consecuente, parecieran ser más el producto de la euforia y de la necesidad de mostrarse ante los trabajadores como acérrimos defensores del modelo neoliberal. Una prueba fehaciente de ello es que el mismo programa de gobierno formulado para el 2014-2019 contempla al APC como una de las “bases para la reactivación de la economía”(3), y establece sus objetivos casi en los mismos términos a los elaborados por los Estados Unidos. Dice:

El asocio para el crecimiento tiene como principal apuesta el desarrollo del corredor costero-marino. Para ello conformamos el Consejo Nacional Para el Crecimiento… Con su impulso fueron aprobadas las reformas legislativas a la ley de zonas francas, los servicios internacionales y los asocios público-privados, encaminados a estimular la inversión(4).

El discurso es claro y no deja lugar a la confusión. El FMLN levanta en su programa de gobierno el APC como una victoria que debe profundizar, y aún más como una pieza clave en el proceso de atracción de inversión y por ende (en una lógica neoliberal) en vehículo de desarrollo. En ese proceso pierde cuidado de trucar derrotas por victorias; presenta las reformas a la Ley de Zonas Francas que exoneran al capital extranjero del pago de impuestos hasta por un plazo de 15 años, como una colosal victoria, cuando es en realidad un proceso de desmantelamiento de la capacidad de recaudación tributaria del Estado. Y qué no decir de los asocios público-privado que además de amenazar los servicios públicos (educación, salud, energía, agua, etc.) contienen un fuerte componente de flexibilización laboral, que terminarán, junto con el proyecto de Ley de la Función Pública (también componente del APC) dando el tiro de gracia a los más mínimos derechos sindicales ganados por enormes e históricas luchas (derecho a sindicalización, a huelga, a estabilidad laboral, etc.).

2.La inversión en Obra Pública de Infraestructura de Transporte

Entendemos la Obra Pública de Infraestructura de Transporte como un tipo específico de construcción que incluye el transporte por carretera (autopistas, autovías, carreteras, caminos, etc.), el marítimo o fluvial (puertos, canales, etc.), el transporte aéreo (aeropuertos) y el ferroviario. A la vez concebimos la inversión pública como:

Toda erogación de recursos de origen público destinados a crear, incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital físico, con el objeto de ampliar la capacidad del país para la prestación de servicios y/o producción de bienes; concepto que tiende a asociarse principalmente con infraestructura física de carácter público(5).

Este tipo de inversión fue otro de los elementos claves en la parte económica del discurso de toma de posesión de Sánchez Cerén. Por otra parte, forma una pieza clave en el programa de gobierno, al que concibe de hecho como “el legado de obras públicas”(6).

En éste como en el APC, las millonarias inversiones que vienen de los impuestos o de préstamos que en última instancia terminan siendo pagados por los ciudadanos, no son para el desarrollo nacional y la integración de los pueblos. La millonaria inversión en Obra Pública de Infraestructura de Transporte que plantea Cerén sería continuidad de las políticas ya implementadas. No es casual que al frente del Ministerio de Obras Públicas se mantenga Gerson Martínez, quien dicho sea de paso, ha sido bien evaluado por el mismo tanque de pensamiento de la burguesía oligárquica: la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES)(7).

Veamos, sólo a manera de ejemplo, para sustentar lo anterior, algunos datos:

En el 2012 concluyó el pacto del FOMILENIO I, que otorgaba US$460,9 millones para un supuesto desarrollo de la zona Norte del país, de los cuales US$219 millones se reservaban exclusivamente para la construcción de la Carretera Longitudinal del Norte. En la actualidad, el segundo compacto del FOMILENIO destinada, esta vez, a la Franja Costero-Marina del país, contempla hasta un total de US$200 millones en infraestructura, entre los que se encuentran la ampliación de la frontera el Amatillo, por donde pasa el 25% del total de productos de exportación del país, la ampliación de la carretera que conduce al Aeropuerto Internacional de El Salvador (AIES) que contempla hasta US$123 millones, y obras en recorridos que llegan hasta San Marcos Lempa, La Canoa y Camaronera, y otros.

Por otra parte, la ampliación del mismo AIES costará unos $70 millones (US$496 millones hasta el 2032). Existen otros proyectos como el Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS) con un costo de $10.5 millones utilizados para la construcción de la primera fase del proyecto.

Toda esta millonaria inversión, en realidad está destinada a la construcción de un complejo de carreteras que va desde Panamá hasta México, y que otrora formaba parte del llamado Plan Puebla-Panamá, ahora Plan Mesoamérica, y su objetivo es la construcción de un eje de infraestructura de transporte (y, dicho sea de paso, energético) para el funcionamiento pleno del libre comercio, visto éste como la circulación de mercancías a bajo costo, principalmente desde los Estados Unidos hacia América Latina. Por otra parte, este proceso también contribuye a masificar la exportación mercantil hacia los territorios de América Latina como una forma de resolver las crisis de sobreproducción recurrentes en territorio estadounidense, a la vez que extrae con ello, parte de la renta nacional de los trabajadores y sectores populares.

Esta infraestructura también servirá para asegurar la conectividad entre los centros de abastecimiento de la materia prima, con los llamados nodos o ciudades de ensamblaje (zonas francas) abundantes en Centroamérica, y los puntos de exportación, siempre sobre la base de mejorar los enlaces y la conectividad territorial y marítima para la circulación de mercancías y el potenciamiento de la reproducción ampliada de capital, de acuerdo a los intereses de las compañías trasnacionales instaladas en la región. Por otra parte, es evidente que la construcción del complejo de carreteras también servirá al comercio Este-Oeste, sobre todo a las economías China y estadounidense.

3.La inserción a Petrocaribe: la expresión de la crisis financiera del Estado

 Por último, la tercera política anunciada por Sánchez Cerén, a primera vista podría parecer la antítesis de las dos anteriores, pues mientras aquellas se orientan al sometimiento a los dictados de Estados Unidos y del capital monopólico transnacional y sus intereses económicos y geopolíticos en la región, este último podría ser interpretado, como “suaves intentos del gobiernos por irse retirando de la esfera hegemónica de los imperialismos de Occidente”, para vincularse a un supuesto proceso de integración en el Sur de América, a la par de Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Argentina, Bolivia, etc.

Hay que considerar, sin embargo, que una visión de este tipo es equivocada y, muy por el contrario, consideramos que ella es la máxima expresión de la crisis financiera del Estado salvadoreño. En defensa de esa tesis podríamos agregar que precisamente países como Honduras y Guatemala se encuentran integradas a Petrocaribe y no por eso sus economías se han retirado de la órbita de dominio de los imperialismos de Occidente: Estados Unidos y Europa; muy por el contrario países como estos no han hecho sino profundizar los lazos de dependencia, sometimiento y pillaje imperialista.

Por otra parte, la alternativa Petrocaribe lo es sólo a medias, pues no representa, como muchas veces es vendida, la panacea de los países de la región. Petrocaribe mantiene las bases del sistema de dominación capitalista, y es progresivo, tal vez, únicamente en la medida en que permite un mayor margen de maniobra de las finanzas en quiebra de los estados semi-coloniales de la región, mayormente en países como El Salvador, donde la perdida de la moneda nacional, sumada a la exorbitante deuda externa, déficit fiscal, bajo crecimiento económico, desmantelamiento del sistema productivo, etc., hacen del manejo del Estado, un verdadero timoneo de barco a la deriva.

Con esto pues, decimos que si bien la inserción del El Salvador a Petrocaribe puede dar un respiro –muy corto y apretado– no representa la solución a los problemas estructurales de la economía nacional. Por otra parte, algo que es imprescindible mencionar, antes de pasar a la generalización de lo hasta aquí expresado, es el hecho de que El Salvador no entra a Petrocaribe por una identificación político-ideológica con el bloque de países que lo integran, sino por una imperiosa necesidad económico-financiera, principalmente por el pequeño margen de maniobra que le dará al manejo del Estado, manteniendo éste intacta su base neoliberal.

Es decir pues, en última instancia, la inserción a Petrocaribe no es sino la otra cara de la moneda, tan necesaria para el mantenimiento del Estado neoliberal actual, el mantenimiento y pago de la deuda externa de manera puntual, la política fiscal profundamente regresiva, y como componente social, el mantenimiento de la política conocida como “de reparto de migajas” ahora institucionalizada en ley de la república.

4.A manera de conclusión: algunas consideraciones generales

Hemos analizado las tres políticas económicas anunciadas por Sánchez Cerén en el traspaso de mando, que efectivamente constituyen la lógica y la orientación de desarrollo de la política económica del gobierno del FMLN. Su interrelación es evidente: mientras la primera es de abierta orientación neoliberal y de claro sometimiento a los dictados del capital trasnacional estadounidense, la segunda no es sino la construcción del sostén material de la primera en tanto contribuye a crear la infraestructura de desarrollo de la primera; La tercera por otra parte, es la condición indispensable para el desarrollo de las dos primeras.

Es entonces inevitable observar, como mínimo, que el gobierno del FMLN sostiene —cuando no profundiza— el modelo neoliberal en el país, esta vez impulsado, ya no por un personaje ajeno a la tradición “farabundista” como lo fue Mauricio Funes, sino por el mismo Sánchez Cerén, con un ex comandante guerrillero, fundador del FMLN y firmante de los Acuerdos de Paz. Experimentaremos, además, una mayor profundización de las relaciones de sometimiento al imperialismo estadounidense y europeo y sus inevitables consecuencias políticas y sociales: la profundización del status de semicolonia.

Como consecuencia de lo anterior, es posible prever el mantenimiento de la política de endeudamiento irresponsable, el pago puntual de la deuda externa, el mantenimiento de una política fiscal injusta y regresiva, el permanente desmantelamiento del sistema productivo, etc., y como consecuencia, la profundización de la miseria, el hambre, el desempleo y la explotación, débilmente velados estadísticamente por las políticas neoliberales de reducción de pobreza (entrega de semillas, paquetes escolares, etc.).

David Alfaro Cerón

Notas:
1 Asocio para el Crecimiento: El Salvador – Estados Unidos, plan de acción conjunto. Noviembre del 2011. Pág. 4. Versión digital.  
2 Diario El Mundo: Sánchez Cerén refuta Asocio a Crecimiento. 2 de mayo del 2013  
3 FMLN: Ob Cit. Pág. 14. 
4 Ídem Pág. 15.  
5 Ministerio de Hacienda: Política de Inversión Pública 2010-2014. Pág. 2.  
6 FMLN: Ob Cit. 13.
7 La prensa Gráfica: 26 de mayo de 2014 pág. 28. “FUSADES resalta el trabajo del ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, por haber llamado a Naciones Unidas y a CASALCO para que crearan un programa de transparencia que lo ha distinguido en esta administración.

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2 comentarios:

  1. Anónimo1:17 p. m.

    Los del FMLN son unos hipócritas, porque critican el Neoliberalismo y viven como garrapatas pegadas a este.

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  2. Anónimo2:28 p. m.

    excelente analisis trompudo

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