Pronunciamiento de la UCA

Ante la negativa de la Corte Suprema de Justicia a extraditar a los militares reclamados por la Audiencia Nacional de España.

La Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), ante la respuesta negativa de nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia a la solicitud de extradición de trece militares acusados de participar en la masacre realizada el 16 de noviembre de 1989, en la que fueron asesinadas Julia Elba y Celina Ramos, así como los jesuitas Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Joaquín López, Juan Ramón Moreno y Amando López, manifiesta que:

Desde que ocurrieron los asesinatos, la UCA, tanto dentro como fuera del país, ha demandado justicia para las víctimas y sus familiares. Sin embargo, no ha existido en el Estado salvadoreño voluntad de investigar, procesar y sancionar a todos los responsables.

La UCA ha exigido siempre que sea la justicia nacional la que abra sus puertas a todas las víctimas, las de antes y durante la guerra, a fin de hacer valer el primer artículo constitucional, que reconoce a la persona humana como el origen y el fin de toda la actividad estatal.

Por haber firmado y aceptado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, El Salvador incorporó dicho documento a su normativa interna y eso le permitió a la UCA —en coherencia con su decisión de hacer funcionar las instituciones— presentar dos denuncias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: la primera en noviembre de 1989 y la segunda en noviembre de 2003.

En diciembre de 1999, la Comisión pidió al Estado salvadoreño que, tras una “investigación completa, imparcial y efectiva, de manera expedita, conforme a estándares internacionales”, identificara, procesara y sancionara a todos los responsables, tanto materiales como intelectuales, de la masacre en la UCA; y también que dejara sin efecto la ley de amnistía. Trece años después, El Salvador sigue sin cumplir esas obligaciones internacionales.

Ante su estancamiento a nivel local, el caso fue presentado por otros actores en la Audiencia Nacional de España, entidad que está facultada para enjuiciar a quienes cometieron graves violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra o delitos contra la humanidad sin que hayan sido juzgados en su país y sin importar cuándo o dónde se cometieron las atrocidades. El Código Penal salvadoreño también contempla y acepta el principio de universalidad de la justicia, como ocurre en España y en otros países. Esa es la tendencia global, y quienes se niegan a aceptarla son ignorantes o cómplices de asesinos.

El Juzgado Central de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional admitió el caso en 2009. En el proceso de recolección de evidencia contra los militares denunciados, solicitó —en reiteradas ocasiones— la colaboración de la Corte Suprema de Justicia, la cual, anticipando su reciente negativa a extraditarlos, nunca la brindó.

Tal decisión confirma que el sistema salvadoreño sigue protegiendo a quienes cometieron graves violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra y delitos contra la humanidad. Ello impide que las víctimas conozcan la verdad, reciban justicia y se les repare el daño causado.

Pese a que aún no se ha hecho público el razonamiento de la Corte Suprema de Justicia para negar la extradición, queda claro que pesa más el sometimiento a los poderes amparados en la impunidad que la voluntad de transitar por la verdadera senda que conduce a la paz social.

Al igual que en otros casos denunciados, el Estado salvadoreño es el último responsable de no actuar en contra de los criminales, le niega a la población de forma sistemática la protección de un conjunto de derechos esenciales y muestra así su total desprecio a los tratados internacionales en la materia.

Por todo lo anterior, la UCA:

Renueva su compromiso universitario de seguir buscando y demandando justicia para este caso en el sistema de justicia nacional, lo que incluye el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Ofrece seguir acompañando los esfuerzos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, así como los de diversas organizaciones sociales, en la construcción de un nuevo El Salvador en paz, sobre la base de la verdad y la justicia.

Insta al sistema nacional a que investigue, procese y juzgue a los responsables de graves violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra y delitos contra la humanidad, para así estar a la altura de, por ejemplo, Estados como el chileno, el argentino y el guatemalteco. Cuyas experiencias no solo muestran la poca fundamentación del miedo de regresar al pasado, sino que también aclaran cuál es la ruta hacia un mejor futuro.

San Salvador, 15 de mayo de 2012 

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