La Asamblea Legislativa y los partidos políticos

Nunca como hoy, en tiempo de crisis huracanada, el régimen político ha mostrado sus vísceras intimas y la relación intensa entre lo jurídico y lo político. Estos dos aspectos están siempre amorosamente presentes en lo que tiene que ver con el poder político y el poder publico; pero el derecho siendo una virtualidad y siendo, desde luego, la ciencia de la malicia aparece separado de todo lo que tenga el mas mínimo olor a sociología, este es el positivismo clásico en el que se navega todavía en esta temática.

Así las cosas, la Constitución de La República  establece en su título tercero sobre el estado, su forma de gobierno y sistema político, que el poder público y los órganos del gobierno (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) tienen una relación basada en tres principios: La independencia, la indelegabilidad y la colaboración. Esto quiere decir que el ejercicio de este poder lo ejercen los órganos y  no el pueblo del cual emana, pero lo ejercen independientemente. Esta independencia discurre en dos universos: en las competencias y en las atribuciones de cada órgano. Estas atribuciones no pueden pasar de un órgano a otro y cada quien debe ejercer las que le corresponden. En el ejercicio de las funciones, los órganos colaboraran entre si.
 
Como podemos ver, estamos frente a un texto que es el articulo 86 que casi llega a ser críptico porque se trata de decir hasta dónde llega y desde dónde empieza la independencia de los poderes sin decir que ésta, en realidad, no puede existir porque todo gobierno, para cumplir su política, necesita un mínimo de armonía entre los órganos que lo integran.

Sociológicamente hablando, cada órgano es un aparato que concentra poder político propio y que integra un sólo aparato llamado Estado, aunque jurídicamente aparezcan como instituciones, con linderos establecidos.

La Asamblea Legislativa, siendo un aparato político, está integrado por partidos políticos y estos son los que constituyen y expresan la voluntad, el pensamiento y el ánimo de lo que aparece como Asamblea Legislativa. Siempre que esta asamblea aparece, desaparecen los partidos políticos que la integran y que constituyen la Asamblea Legislativa realmente existente; al mismo tiempo, cuando estos partidos aparecen, debería entonces desaparecer la Asamblea, para guardar la apariencia; pero no ocurre así, porque los partidos políticos que son La Asamblea Legislativa realmente existente, van apareciendo como Asamblea Legislativa y logran encubrirse, legalizar sus intereses y cobijarlos con la figura del "bien común". Resulta que ambos, partidos y Asamblea Legislativa se necesitan mutuamente los unos para ser el bien común, y la otra, sencillamente, para ser.

Esta construcción ideológica aparece al descubierto en el contexto de la sentencia de la Sala de lo Constitucional sobre las candidaturas independientes. Esta resolución es entendida por todos los partidos políticos como una amenaza a sus intereses, porque sin cambiar el juego, al desatornillar las reglas, se está interviniendo en el juego mismo que puede ser afectado al romper el monopolio partidario sobre las candidaturas a diputaciones. De aquí nacen las condiciones para un espectáculo insospechado e increíble, porque La Asamblea Legislativa no tiene entre sus atribuciones la de discutir las sentencias de la Sala de lo Constitucional, ni la de integrar comisiones para fijar posiciones ante sentencia de la misma sala, ni para determinar o discutir sobre el acatamiento o incumplimiento de las mismas sentencias. Por el contrario, es la Corte Suprema de Justicia la que sí puede, dentro del procedimiento establecido, declarar inconstitucional una ley; pero la Asamblea Legislativa no cuenta con esa atribución.

En realidad, son los partidos políticos representados en la Asamblea los que están fijando posición política ante lo que consideran "amenaza a sus intereses", y nadie duda que los partidos sí pueden hacer esto, y sin duda tienen que hacerlo ante una amenaza. Ya aquí todo estaría claro y hasta correcto, pero los partidos, al actuar como Asamblea Legislativa y no como partidos políticos, están pisando un terreno resbaladizo, aunque comprensible, porque en realidad resulta que todos los órganos de gobierno son entes partidarios, porque su elección o designación tiene que pasar por el trapiche de los partidos políticos. En el caso de la Sala de lo Constitucional, son estos partidos los que designan a los miembros de la Sala, sin hacer lo mismo con las otras salas de la corte, que son integradas por la corte misma.

El régimen político, como expresión del funcionamiento concreto del sistema, ha perdido su sintonía y cohesión en la medida en que el mercado, al que se debe este régimen y para el que trabaja, también atraviesa por la mayor incertidumbre y desequilibrios planetarios; de allí que los partidos políticos muestren ausencia de todo criterio sistémico, sin ser ninguno de ellos antisistémico, y que aparezcan dispuestos a incumplir las mismas decisiones de los órganos que ellos mismos han designado. Cuando La Asamblea  Legislativa, léase "los partidos políticos", desatiende a su Corte Suprema de Justicia que ha salido de sus propias entrañas y que es dueña de todo el espíritu sistémico imaginable, estamos ante un momento especial en donde el Estado, realmente existente, ha dejado de funcionar como mínimamente debería hacerlo. Aquí no se trata de colisiones entre poderes o de un gobierno atribulado: lo que estamos viviendo es el drama de una sociedad  que ha perdido los puntos mínimos y fundamentales de cohesión, y a una clase dominante sin rumbo ni condiciones para influir, ni mucho menos para  hacer creer  que sus intereses son el "bien común".

Se trata, entonces, de registrar la necesidad de un Nuevo Estado que comprenda un nuevo poder político, una nueva Democracia, una nueva relación con la naturaleza, una nueva relación con el mundo, una nueva economía, una nueva relación entre la política y el derecho, un nuevo derecho. En definitiva, se trata de una sociedad en donde los seres humanos vivamos bien, esto es lo que ha de comprender un Nuevo Estado y es lo que deberemos hacer para contar con un pueblo rico, un país fuerte y una sociedad justa.

Dagoberto Gutierrez

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