El poder económico contra la Ley de Medicamentos

Si la clase empresarial de este país, la más fuerte, la asociada a las cúpulas, fuese un poquito solidaria, si le asistiera un mínimo de conciencia social y de humanismo, la sociedad salvadoreña quizás sería un tanto distinta, un tanto solidaria, reforzada en valores humanos, en busca del bien común y la equidad. Los mismos esquemas de violencia, de intolerancia y de delincuencia también se verían disminuidos, pues lo uno trae lo otro y se procede en cadena o en reacciones sucesivas.

Sin embargo, hay demasiada avaricia, ambición y un afán excesivo por la acumulación de riquezas. Bien dice el refrán que “el que más tiene más quiere”, y por este sendero transitan todos los negocios, grandes y pequeños. Nadie, ni la misma Iglesia, están contra el capital; pero sí contra los capitalistas, los usureros, los monopolios y los prestamistas, los que se lucran de las necesidades y el dolor ajeno. Aquí y por mucho tiempo, los propietarios de fábricas han optado por cerrar o trasladar sus inversiones a otros países, antes que aumentar el salario a sus trabajadores o concederles las más mínimas prestaciones sociales.

Sus ganancias deben ser muy arriba del 50 y del 100 por ciento. Los supermercados, por ejemplo, compran el melón a $0.15 centavos de dólar y lo venden a un dólar; cuando ponen las “ofertas al costo”, el precio es de $0.50 centavos y siempre obtienen fuertes dividendos. Una porción de pastel “tres leches” o de "brazo gitano", por ejemplo, tiene un valor de $2.50 en el Palacio de los Postres. Una señora que elabora rica repostería en el barrio San Miguelito, vende una porción más grande por $0.50 centavos. Los que justifican semejante estafa, dirán que “los costos de producción son mayores en la Colonia Escalón (pago de luz, teléfono, empleadas, seguridad, etc.) que los de doña Estela, en el Barrio San Miguelito”. Podría ser; pero también en su humilde hogar, esta abnegada señora paga empleadas, materia prima, luz y, quizás ahora, hasta renta a los pandilleros.

En tiempos del conflicto armado se dieron muchas injusticias contra los obreros en distintas fábricas. Los empresarios, lejos de dialogar con sus trabajadores, los reprimían con la Guardia o la Policía, acusándolos de "comunistas". Las mismas noticias de periódicos como el diario de hoy decían: “Los huelguistas están causando graves pérdidas a la economía del país y están perjudicando a la mayoría de sus compañeros que no los respaldan en sus peticiones de aumento salarial”. Ese aumento solicitado no excedía de uno o dos colones en aquellos difíciles tiempos. Los propietarios de una fábrica de textiles localizada en la colonia 5 de Noviembre, compraban lujosos y veloces carros, valorados en muchos miles de dólares, para competir en carreras en el Autódromo El Jabalí; pero nunca se preocuparon por mejorar las condiciones salariales y sociales de sus trabajadores. A la postre, mejor prefirieron cerrar sus operaciones que ceder a las mínimas peticiones de los obreros. La prepotencia, la soberbia, también son protegidas por las leyes salvadoreñas. Aquí otro ejemplo: sólo una huelga de trabajadores de la pesca en el Puerto El Triunfo, ha sido declarada “legal” por el Ministerio de Trabajo en toda la historia política y jurídica de este país. Ver para creer!

Nada más señalamos unos cuantos casos, pues el referir todas las injusticias cometidas por los “grandes” empresarios contra los salvadoreños, sería la de nunca terminar y nos faltaría papel y tinta para hacer el listado. Desde luego, los “generadores” de empleo siempre han sido calificados como “los ilustres benefactores de la patria”, por el dinosaurio de el diario de hoy, por cierto otro de los explotadores en este país. Se trata de resaltar “virtudes” y “enormes sacrificios” de unos, mientras se ataca y se denigra a otros, por el simple hecho de exigir mejoras salariales y otras prestaciones sociales que las mismas leyes o el Código de Trabajo establecen, como vacaciones anuales, aguinaldo, Seguridad Social, tiempo justo para ingerir los alimentos, medidas de seguridad interna, despensa familiar y más.

Y es la de nunca acabar: en el presente, un anteproyecto de Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios, actualmente en la Asamblea Legislativa, está siendo atacada por los voraces empresarios fabricantes e importadores de medicinas. El “defensor” de todas las injusticias cometidas contra el pueblo salvadoreño, el dinosaurio de el diario de hoy, asume en una supuesta noticia que el Ministerio de Salud Pública “pretende vigilar el mercado y regular los precios, poniendo en manos de burócratas el destino del mercado farmacéutico y que, lejos de beneficiar a los consumidores, podría crear un monopolio farmacéutico estatal”.

El anteproyecto de Ley de Medicamentos surge por una necesidad sentida por los salvadoreños que cada día afrontan dificultades para adquirir productos recetados por médicos en consultas privadas o públicas, debido al alto costo de las medicinas. Un estudio realizado por expertos de la Universidad de El Salvador, encabezados por el actual Subsecretario de Salud Pública, Eduardo Espinoza, reveló que en este país el precio de los productos farmacéuticos “es uno de los más altos de todo el mundo”. La regulación propuesta por el proyecto de ley, actualmente en estudio por parte de la Comisión de Salud Pública de la Asamblea Legislativa, pretende regular los márgenes de ganancias de la industria, los cuales llegan a 5,200% en los casos de medicina de marca y de 2,800% en los genéricos.

En el mismo proyecto de ley se estipula la creación del Consejo Nacional de Medicamentos y Productos Sanitarios (CNMPS), el cual tendrá “un carácter permanente para asesorar a las autoridades de Salud Pública en los aspectos relacionados con la elaboración y evaluación de las políticas, planes y programas de medicamentos y productos sanitarios”. Este organismo estaría integrado por delegados de los Ministerios de Salud, Economía, Hacienda, representantes del Seguro Social, de la Defensoría del Consumidor, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de El Salvador y organizaciones no gubernamentales relacionadas con la salud.

En la integración de tan importante organismo, no se han invitado a representantes de la empresa privada, laboratorios y farmacias, debido a que “no pueden ser juez y parte” en una tema tan delicado como la producción, distribución y venta de medicamentos. Sin embargo, ya las primeras reacciones en contra de tal institución, así como de la regulación de precios en el mercado, han surgido de parte de voceros de la ANEP y de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, así como del presidente de la Industria Químico Farmacéutica (INQUIFAR), José Mario Ancalmo, quien desmiente al Subsecretario de Salud Pública, sobre el escandaloso costo de las medicinas. La Defensoría del Consumidor debe ser más protagónica y asumir las funciones para las que fue creada, con sólo publicar comparativamente el precio de algunos medicamentos vendidos en los mercados de Honduras y Nicaragua, con los expendidos en El Salvador, se puede rebatir con pruebas contundentes los despreciables argumentos de este caballero propietario de Laboratorios Ancalmo.

Los diputados de la derecha, difícilmente aprobarán la Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios, al menos como ha sido científicamente elaborada por las autoridades del Ministerio de Salud, en cuanto precisa medidas precisas de control de calidad y regulación de precios. Ya tenemos antecedentes, sólo en este gobierno, con la revisión fiscal, el decreto para eliminar el pago de acceso a la telefonía fija, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, y tantas propuestas más que, de haber sido aprobadas, traerían beneficios a las mayorías poblacionales. Las transnacionales, los monopolios y las “grandes” empresas, cuentan con muchos aliados en este gobierno, de ahí que será muy difícil producir cambios estructurales, más allá de los cosméticos, que en verdad afecte en poder económico, político y social de la burguesía oligárquica de este país.

Pocote

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