La codicia y el cinismo de los oligarcas

La renta cobrada por la telefonía fija corresponde a un antiquísimo tributo en boga en tiempos del feudalismo, pago mensual de los campesinos a los señores feudales, la nobleza y el alto clero unidos en la explotación de los oprimidos, por lo tanto debería ser una vergüenza más que una aberración económica mantenerlo en pleno siglo XXI.

La avaricia, el afán de acumulación de riquezas, el considerarse los únicos preparados para administrar y dirigir negocios, caracterizan al sector conocido como “iniciativa privada”. Ellos siempre han exigido al Estado no “meter manos” en el sagrado mercado y no emitir decretos o enviar proyectos de ley a la Asamblea Legislativa, encaminados a regular o controlar precios. Lo mejor para este grupúsculo es privatizar todas las autónomas y dejar en sus manos la “sana administración” de todos los aparatos productivos. En términos económicos, la nacionalización de una industria básica -lo que tanto fustigan en teoría- debe convertirse en una fuente de subsidios, de trato preferencial para sus empresas y de ruina progresiva para la nación. La gasolina, la electricidad, la telefonía...pueden permitirse prácticamente todo, menos sostener una sana política de precios.

No estamos inventando nada, ha sido la tradición, la norma, la regla básica por largos años en este país. En el presente hemos asistido una vez más a las presiones, a las amenazas y las “reuniones de alto nivel” para torcerle el brazo al gobierno “del cambio” y revertir unas tibias revisiones tributarias. Las frases se repiten: se advierte una conspiración contra los empresarios y los inversionistas. Ahora, con la eliminación de la cuota básica en la telefonía fija aprobada el jueves próximo pasado por la Asamblea Legislativa, nuevamente se escuchan los tambores de guerra y los conceptos elaborados hoy por el mismo presidente: se está enviando “un mal mensaje” tanto para “los inversionistas en el país como para las gremiales que hacen planes para instalarse en El Salvador”. Hipócritas y cínicos, fariseos de las buenas conciencias, mercaderes de las ilusiones y esperanzas de este pueblo.

Las reglas y normas hechas para incrementar la riqueza de las empresas nacionales y extranjeras, deben mantenerse y “no cambiarse por decreto legislativo”, pues dañan sus inversiones y les impiden seguir manteniendo el estado de cosas. El razonamiento viene  tambien de las cúpulas empresariales como la ANEP, la Cámara de Comercio de El Salvador y la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI). A su particular juicio, esta sana medida o “regulaciones” como les llaman, atentan contra la seguridad jurídica e indisponen a los inversionistas que “buscan leyes claras”. Más claro ni el agua: los empresarios deben tener todas las facilidades, desde “pagar” impuestos bajísimos, hasta dejar a la “libre competencia” el juego de los precios, el “derecho” a ser competitivos en el mercado. El Estado, un buen gobierno, a su juicio, debe convertirse en nodriza y velar por la “buena marcha” de sus negocios.

Los subsidios deben llegar a sectores deprimidos, pero también alcanzar a las grandes empresas, a las fábricas, como por mucho tiempo lo hicieron los gobiernos de Arena con la electricidad. Es una lógica perruna, despiadada, infame. Cuando han ocurrido catástrofes, así como el desplome financiero mundial, los beneficios deben ser siempre para los grandes negocios y las pérdidas soportadas por el país. En Estados Unidos de Norteamérica así ocurrió: con los impuestos de la población se corrió en ayuda de los “pobrecitos” banqueros, constructores y magnates de empresas fabricantes de vehículos, pues era “importante” conservar los empleos y el “nivel de productividad”. A la larga, millones de desempleados y la economía por el suelo. En El Salvador sucede lo mismo: se presiona y amenaza con cortar plazas e invertir en “otros países”, tal como sucedió hace un par de meses con la revisión tributaria: La Constancia, monopolio de la cerveza, mantuvo el pírrico impuesto y santas pascuas! Ahora TELECOM amenaza con retirar su inversión y suprimir miles de plazas. El chantaje aparentemente ha dado resultados si nos atenemos a las últimas  e impopulares declaraciones del mandatario. Es propicia la ocasión para reiterar que ya no existen paraísos fiscales ni país alguno para “llevar la inversión o los grandes capitales”; el desplome financiero mundial así lo ilustra.

Y como los subsidios y precios incosteables no permiten el desarrollo y la autosuficiencia en las poquísimas autónomas todavía en poder del Estado, de las angustias de esos sectores fundamentales para el desarrollo del país, de ese proceso de ruina se nutre y fortalece el dogma reiterado que dice que el estado tiene la obligación primaria, ineludible, de ser “mal administrador”: el agua no llega a todos los hogares, se están cobrando tarifas elevadas, el Seguro Social no satisface las necesidades de los usuarios, nunca hay medicinas, el Ministerio de Salud no atiende las emergencias, la CEL no investiga fuentes alternativas de energía y así continúa la letanía para fustigar y atacar a instituciones del gobierno. Sólo el genio y el aliciente del interés privado pueden ser instrumento y camino de prosperidad, como nos lo repiten tanto y tan frecuentemente los "apóstoles de la libre empresa”, con el beneplácito de los corifeos y los testaferros autonombrados “analistas”. Todo aumento de precios en sus productos y servicios es realista, inevitable, sano y hasta patriótico. Se justifica esta alza en todas las ocasiones, con teorías y razonamientos elegantes, con tesis que hablan de factores internos y externos, de crisis mundiales y alardes de sutil terminología y ostensible desinterés.

Todos los aumentos son buenos, en las medicinas, en la gasolina, en la telefonía, en la electricidad, en los productos de la canasta básica, menos en los salarios de los trabajadores, de los empleados. Lo peor quizá no está en la falacia de sus argumentaciones sino en que, muchas veces, su presión sobre el gobierno, al menos en los areneros y esperamos en el futuro no suceda con el actual, pues ya están las campañas mediáticas para que el presidente vete la ley con la eliminación de la cuota fija de la telefonía, ha impuesto en la práctica esa política como si lo antipatriótico e inconveniente fuera que las tarifas de electricidad o telefonía se regularan o controlaran para beneficiar a las mayorías poblacionales.

Es una lógica perversa: atacar a instituciones como la ANDA, el Seguro Social, la CEL o el ISTA, desde siempre acusadas de ineficientes, de “elefantes burocráticos”, sus fallas y errores son graves y dañinos para el desarrollo nacional; pero si se trata de una empresa privada, esa lesión será siempre de menor grado, atribuible a las intervenciones del gobierno, a la crisis mundial o fenómenos naturales. Lo que sea bueno para la “iniciativa privada” es “bueno” para el país, para su desarrollo independiente. Nada de hablar de socialismo, de nacionalizaciones o regulaciones en determinados rubros de la economía. La “justicia social” es un término inventado por los comunistas, ahora por Chávez de Venezuela. El progreso, dicen, “debe ser compartido por todos”, pero siempre dejando la tajada más grande a los barones de la empresa privada, a los que aportan el capital, la imaginación, la creatividad y generan empleos. Nada de intervenciones, regulaciones o leyes para disminuir “ganancias” o privilegios, pues ello provoca deterioro en la armonía y en la paz interiores, nido de tempestades, cultivo de rencores y de contradicción.

El gobierno está en la inmediata obligación de ajustar las tarifas de la electricidad, el agua y la telefonía a la situación económica del país, a las necesidades de sana operación y de máximas responsabilidades de crecimiento, para ajustarlas a los requerimientos cambiantes de la nación. En tiempos de crisis los más afectados son los sectores vulnerables, los más humildes, los desheredados de todo, los condenados de la tierra. Los grandes empresarios, los oligarcas, pueden vivir por siempre de sus ahorros, de sus millonarios ingresos. Es la avaricia, la sed de lucro, la codicia, la que los lleva a lanzar furibundos ataques, a condenar toda medida reguladora o que busque reivindicar las aspiraciones más sentidas de la población.

El presidente Funes sabe muy bien de las angustias de la población, conoce las interioridades de la burguesía, sus modos de vida, sus diversiones, sus posesiones y de sus inmensas riquezas. Por lo tanto, debe proceder con justicia y sabiduría, no dejarse presionar ni permitir que las “mieles” del halago enturbien su visión y su posición como estadista al servicio de las grandes y mejores causas del pueblo salvadoreño: la entrega generosa a los más humildes, a los oprimidos, a los marginados, a los más vulnerables. Esa fue la oferta y la promesa de su campaña, debe ser entonces la suprema tarea y la misión por concretar. La unidad, señor presidente, está a medias y el esfuerzo por realizarla encuentra su camino acumulado de incomprensiones y reservas. Para llevarla a feliz término, se lo reiteramos, debe apoyarse únicamente en las fuerzas y reservas del pueblo.


Pocote