Revisión fiscal: caldo de cultivo para la inconformidad

El salvadoreño preocupado por los problemas nacionales entenderá y respaldará la revisión fiscal. Pero este ciudadano merece, de parte de las autoridades gubernamentales, el auténtico respeto y ayuda práctica y solidaria para salir adelante con su grupo familiar en su difícil situación de vida.

Para las cúpulas empresariales, esas que se hacen llamar “iniciativa privada”, la “reforma” o revisión tributaria -la que tanto condenan- debe aplazarse hasta las calendas griegas o revisarse a fondo para, dicen los poderosos, evitar "muchas complicaciones”: disminución de las inversiones, fuga de capitales, retroceso en la producción, recortes de trabajadores y empleados en las fábricas, centros comerciales, empresas y tantas otras interpretaciones hechas dizque amenazan con la ruina progresiva de la nación.

La “gran empresa” privada no puede tocarse ni con “los pétalos de una rosa”, ellos han sido siempre los intocables de esta sociedad, ellos son los que norman y conducen los destinos económicos del país, los que sugieren, recomiendan y al final imponen las leyes. Los "grandes empresarios" deben tener todas las facilidades, contar con “reglas claras”, tener vía libre para hacer sus negocios, concertar alianzas para ampliar sus negocios, sea con consorcios internacionales o nacionales. No deben trasgredirse estas leyes perfectamente hechas a su particular forma de hacer las cosas. No importa que “se atrasen” en el pago de impuestos, los evadan o responsabilicen a terceros de pérdidas, contrabando o corrupción. Su forma de proceder no debe admitir sanción alguna.

No les gusta que en las revisiones tributarias impulsadas por el actual gobierno, se mencione cárcel, prisión y multas para los evasores de impuestos. Están de acuerdo con la necesidad de que “el gobierno busque distintas formas para llevar dinero a las arcas del Estado”, pero no quieren pagar impuestos “sobre todo en momentos de crisis”. ¿Cuál sería entonces la mejor época para realizar una reforma tributaria? En el régimen pasado, el Ministro de Hacienda, Guillermo Suárez, intentó impulsar algunos cambios para ampliar la base tributaria, hacer que los evasores cumplieran con sus compromisos fiscales; pero más tardó el gallo en cantar tres veces que el señor diera con sus bártulos en la calle.

No es frase solemne, pero está bien dicha para medir el caudal de ganancias. Si algunas empresas están nacionalizadas o en camino de serlas (en el país prácticamente ya nada), los beneficios deben ser para los grandes negocios y las pérdidas soportadas por el país. En términos técnicos significa que deben nacionalizarse las pérdidas y privatizarse las ganancias. En esta línea los grandes capitalistas estarán contentos, no habrá queja alguna y este gobierno estará dando muestras de caminar al lado de la “democracia”, de las libertades y el Estado de Derecho. Como lo hemos dicho en innumerables ocasiones, en ese proceso de ruina se nutre y se fortalece el dogma reiterado que dice que el Estado tiene la obligación primaria, ineludible, de ser “mal administrador”, por lo tanto su función básica, esencial, consiste en proporcionarle todas las facilidades a la iniciativa privada, en “no meter manos” en el sagrado mercado y en “establecer reglas claras” para seguir aumentando el festín, es decir las ganancias exorbitantes de la insaciable oligarquía.

En tal sentido, sólo el genio y el aliciente del interés privado pueden ser instrumento y camino de prosperidad, con el beneplácito de sus socios mayoritarios del extranjero, como nos lo repiten tanto y tan frecuentemente los apóstoles de la “libre empresa”. Todo aumento de precios en sus productos y servicios es realista, inevitable, sano y hasta patriótico. Justifican esta alza en todas las ocasiones, con teorías y razonamientos elegantes, con tesis que hablan de factores internos y externos, de crisis mundiales y alardes de sutil terminología y ostensible desinterés. Todos los AUMENTOS SON BUENOS, MENOS EN LOS SALARIOS DE LOS TRABAJADORES.

En la actual coyuntura, cuando se ha presentado la reforma fiscal a la Asamblea Legislativa, han arreciado los ataques y la campaña que habla de “incapacidad e ineficiencia” de los funcionarios del área económica, de los “comunistas solapados” y de “copiar modelos fracasados”. También los “grandes” empresarios se fueron a Tegucigalpa a apoyar a los golpistas, a decirles que cuenten con su "respaldo”, que pronto llevarán más negocios libres de impuestos a esas tierras. No está demás repetirles que el derrumbe financiero mundial, prácticamente terminó con los paraísos fiscales y que son poquísimos los países donde los oligarcas pueden invertir sus ganancias. El modelo neoliberal está liquidado y gran parte de las naciones del mundo están buscando sistemas distintos, verdaderamente democráticos y humanistas.

Sin embargo, lo peor no está en la falacia de sus argumentaciones sino en querer echarle la culpa al gobierno de turno de los peligros que se ciernen sobre la nación; no aceptan ser parte de los graves errores cometidos al impulsar el modelo neoliberal ni de ser los causantes directos de la marginación, la pobreza extrema y la migración forzada de cientos de miles de salvadoreños. La realidad, obviamente, está en el otro extremo de la cuerda. La quiebra de toda empresa lesiona la economía del país, pero si se trata de una empresa privada, esa lesión será siempre de menor grado. Lo hemos visto miles de veces en nuestra patria: se declaran en quiebra y con todo su capital cambian de sociedad comercial o se van de esta tierra. Y los trabajadores, los desempleados, las indemnizaciones? Muy bien, gracias!

Los “grandes” capitalistas siempre se han opuesto a las nacionalizaciones, por eso repiten que “el Estado es mal administrador”, que “se perderán las inversiones” y que “ningún empresario tendrán confianza para invertir sus dineros en una sociedad sin rumbo ni reglas claras." En muchos países del mundo, los recursos estratégicos están en poder del Estado y se ha demostrado que bien administrados funcionan en beneficio de sus habitantes. Tres ejemplos nada más: el cobre en Chile, el gas en Bolivia y el petróleo en Venezuela. En términos simples, todo lo que sea bueno para las grandes empresas estatales es bueno para el país, para su desarrollo independiente, para los planteamientos y realizaciones de una política que no conciba ese desarrollo sin justicia social; como es sabido, el progreso debe ser compartido por todos los miembros de una colectividad, no sería progreso sino desigualdad y deterioro en la armonía y en la paz interiores, provocando un nido de tempestades, cultivo de rencores y de contradicciones.

Por otro lado, el alza de las tarifas del agua, vuelve a poner en primer término de las preocupaciones nacionales el proceso de muchas inconformidades. Las tarifas deben ser siempre realistas, basadas en la necesidad de sana operación y de máximas posibilidades de crecimiento para ajustarla a los requerimientos cambiantes del país. No es posible cobrarle la misma multa por atraso en el pago del recibo mensual a una familia de mínimos recursos económicos que a una que reside en San Benito, Santa Elena o la Escalón. El presidente de la República debe prestar mucha atención a este punto, ya que se afectaría a las mayorías poblacionales. No se trata de estar en contra o a favor del sistema como si se tratara de una campaña electoral, de rechazo o aceptación monolítica de las estructuras políticas y económicas de nuestro país, sino de solidarizarse con un paso no sólo conveniente, sino de necesidad vital. Preparémonos todos para las oposiciones previstas de los industriales, de los grandes capitalistas, lo han hecho con las revisiones fiscales y aprovecharan este asunto del agua para llevar la misma a su molino de  inconformidades y de tenaz resistencia a los más mínimos y tímidos cambios.

Pocote

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