La democratización de los medios de comunicación

La Constitución garantiza el respeto irrestricto a la libertad de expresión, así como de tránsito, de organización, derecho al trabajo, a la salud y a la educación. Ningún ciudadano, asimismo, puede ser condenado sin ser escuchado y vencido en un juicio. En términos generales se reconoce que “todos somos iguales ante la ley” y que el bien público está sobre el interés privado, sobre todo cuando se trata de procurar bienestar a la colectividad. La Carta Magna que nos rige es buena, moderna y actualizada; ocurre, sin embargo, que sus preceptos son irrespetados y mancillados no sólo por los abogados y los jueces, sino que por los mismos funcionarios gubernamentales, no los presentes, pero sí los anteriores que nunca respetaron plazos, zonas forestales reservadas, códigos tributarios, penales, familiares y más.

En la actualidad, uno de los medios publicitarios más anacrónicos, cuyo propietario ha quedado anclado en la era prehistórica, ha puesto en el debate la supuesta intención de varias organizaciones sociales, algunas de ellas relacionadas con medios de comunicación, de solicitarle a la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), una nueva ley de Telecomunicaciones que garantice una ley de acceso a la información pública que permita a la ciudadanía el derecho de conocer que están haciendo los funcionarios públicos con los impuestos de la gente. La normativa debería “asegurar que la información que se brinde sea completa, coherente, equitativa y oportuna”, segun ellos.

Asimismo, se propone (en un anteproyecto ni siquiera presentado todavía a la SIGET) una revisión y reformas de la Ley de Telecomunicaciones, para garantizar un acceso democrático, justo y equitativo de la ciudadanía, a las frecuencias de radio y televisión. En el documento piden “eliminar la figura de la subasta como único mecanismo para acceder al espectro radioeléctrico, pues es inconstitucional y antidemocrático, ya que solamente favorece la consolidación de los oligopolios mediáticos del país”. Además de reformar y distribuir el espectro radioeléctrico entre los tres sectores de la radiodifusión, para garantizar una democratización y mayor beneficio social de un bien que es colectivo. “Existen leyes en otros países como Estados Unidos, Nicaragua, Uruguay e innovadores proyectos de ley como el de Argentina, que consideran que alrededor del 30% de las frecuencias del dial debe reservarse para el sector social, sin fines de lucro”.

Como se puede observar, el documento no hace más que reivindicar un derecho negado a la población: el derecho a la información, la libertad irrestricta de la libertad de expresión, en fin, el procurar la democratización de las comunicaciones como un paso previo y necesario para construir y consolidar una auténtica democracia participativa. Los grandes medios de publicidad como el diario de hoy, se opondrán siempre a este tipo de iniciativas porque temen perder el control (“Quien tenga el poder masivo de las comunicaciones tendrá el poder para controlar el universo”, sentenció un general del ejército norteamericano) mediático y las influencias políticas y económicas que ejercen no sólo sobre los gobiernos, sino sobre la población.

En reiteradas ocasiones, el dinosaurio director de el diario de hoy, ha alertado sobre “las amenazas que se ciernen sobre la libertad de prensa” y otras libertades, ocultando cínicamente que se trata de la pauta publicitaria, de las millonarias ganancias que anualmente obtiene por este rubro, tanto del sector público como del privado. De manera deliberada, por no decir perversa, se abstiene de mencionar, como ya desde 1789 lo proclamó la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre y del Ciudadano, en el instante cumbre de la Revolución Francesa, que “Todo ciudadano tiene derecho a expresarse libremente”. Postulado que también lo recogió la primera constitución norteamericana de 1791, al expresar que “La libertad de prensa es la libertad para toda persona de decir lo que tiene que decir, de tomar su pluma, de escribirlo, de hacerlo imprimir y mostrárselo a los demás”.

Escribir en un periódico, hoy en día, es un privilegio reservado a unos pocos. Y qué queda entonces “de la libertad clásica de emitir su opinión por medio de los caracteres de imprenta“?. Miles de personas en este país aceptan como “verdad absoluta” lo que dicen los periódicos o los conductores de programas de opinión en los canales de televisión. Por cierto, el director de un canal de televisión privada, de nacionalidad chilena, ya no permitió que los televidentes llamaran por teléfono a su espacio conocido como “Las 8 en punto“, porque consideró que “se estaba faltando el respeto a los invitados”, cuando en el fondo lo que existía era una opinión contraria al pensamiento de los invitados y a la política seguida por el gobierno de Arena.

El monopolio de los medios, en la práctica, destruye el postulado de la libertad de prensa. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) dirigida y patrocinada por los dueños de los periódicos, desde Brasil a Canadá, cuando rechaza los proyectos e iniciativas de Ley como la recientemente aprobada en Argentina, no lo hace por “defender el sagrado derecho a la libertad de expresión” que tienen las personas, sino para reservarse de manera perversa “su propio derecho” a seguir explotando de manera comercial, mercantil, con fines de lucro, la industria de las comunicaciones. En una alianza perversa, no sólo son dueños de periódicos sino que también tienen acciones o son copropietarios del espectro electrónico, es decir la radio y la televisión.

Los propietarios de este sistema de información siempre se han opuesto a los sindicatos u otras organizaciones de periodistas, porque intuyen que a continuación surgirán Códigos de Honor y otras disposiciones que luego se conviertan en leyes para democratizar los medios de comunicación, evitar los monopolios y permitir el surgimiento de medios alternativos donde la población tenga acceso para emitir su libre opinión. Los mismos códigos profesionales, mencionemos los de Francia, Inglaterra, Costa Rica y Argentina, comprenden reglas establecidas por los periodista mismos, en las que indican que lo que un comunicador de conciencia no tiene derecho a hacer.

Los Códigos de Honor no sólo defienden el derecho a la independencia y el criterio de los periodistas, sino que están en contra de la concentración (monopolios) de las empresas y lucha contra la mala reputación de la prensa. En El Salvador, al no existir códigos de honor ni una legislación adecuada, se permite el sensacionalismo, las constantes calumnias y la tergiversación de los hechos, como lo hace el diario de hoy, que alegremente critica a Cuba por no “no tener ni practicar un periodismo libre” y ocupar la mayor parte de “sus pocas páginas” a reproducir “mensajes del señor Castro”. Como ya lo hemos dicho el dinosaurio director de este medio “ve la paja en ojo ajeno y no ve la viga en sus propios ojos”. El diario de hoy siempre pone sangre y sensacionalismo en su primera página; sus dos terceras partes están dedicadas a la publicidad; una mínima parte a los despachos de prensa de las agencias internacionales y otros espacios a las informaciones sociales: nacimientos, matrimonios, fallecimientos, etc. Sus noticias son sesgadas y claramente tendenciosas o manipuladas, bien para atacar a “ivales ideológicos o para favorecer a sus amigos y compañeros de viaje.

Si el Ministro de Gobernación actual busca mediante la aplicación de la ley y de sus atribuciones, corregir o llamar la atención sobre determinados mensajes que se difunden por la radio, la televisión o la prensa, inmediatamente es atacado y calificado como “enemigo de la libertad de prensa y expresión del pensamiento”; se consultan a editores, coordinadores de asociaciones de prensa o conductores de programas de televisión, al menos los que son empleados y asalariados de los propietarios de los medios de comunicación, para que se pronuncien “contra los intentos del gobierno de amordazar la libertad de prensa”. Jamás admiten sus propias culpas ni se detienen a analizar el tipo de periodismo que desarrollan, mucho menos asumen el postulado de que la libertad engendra responsabilidad.

Esos mismos periodistas, empleados de estos medios, de manera privada, en conversaciones con sus amigos o sus mismos colegas, expresan que determinadas noticias fueron mutiladas por el editor jefe o el jefe de redacción para favorecer la “línea editorial” del medio para el cual trabajan. Este hecho, repetido constantemente, es un atentado contra la libertad de expresión, lo mismo que el monopolio o la concentración de empresas. El ex presidente Saca es propietario de más de diez estaciones de radio y ninguna de ellas sirve a los más genuinos intereses de la población. Su único horizonte es hacer dinero. Su tío, el doctor Saca, también es amigo de los monopolios y ha hecho fortuna mediante la abusiva concentración de emisoras de radio. Pero ellos, desde la Asociación Salvadoreña de Radiodifusión (ASDER), los mismos que los agremiados en la Asociación Salvadoreña de Medios de Publicidad (ASMP), siempre están prestos a defender “la libertad de expresión y otras libertades públicas”, cuando simplemente defienden EXCLUSIVAMENTE la pauta publicitaria, sus millonarios ingresos económicos.

En lo particular, y desde esta trinchera, exhortamos a las asociaciones de medios de comunicación alternativos, a los periodistas independientes, a los  blogs criticos, y organizaciones sociales,  a continuar en la lucha por conquistar una verdadera democratización de la prensa, donde se apliquen las leyes sobre ética y responsabilidad profesional a la prensa, la radio y la televisión, se apliquen leyes contra la concentración y monopolio de los medios de difusión, así como hacer valer lo ya estipulado en los códigos penal y procesal penal sobre permitir a personas difamadas responder a las acusaciones.

La prensa en general debe apegarse con exactitud a los hechos sucedidos. Es decir, ya no es suficiente con sólo publicar un hecho verdadero, “hay que ser exacto a propósito de los hechos”. Los medios verdaderamente democráticos deben constituirse en tribunas donde el público pueda intercambiar comentarios y críticas, necesario es entonces que en sus columnas se puedan confrontar todas las opiniones. El periodista debe asumir su rol como un auténtico educador. En fin, hay que tratar de dar al público, tantos elementos de información como sea posible; es decir, hay que dar una gama de noticias muy variada. Si bien el público no lee todo, hay que difundir sin temor toda clase de información.

Pocote