Debe controlarse precio de medicinas

Qué hacen las autoridades para frenar la voracidad de quienes explotan la miseria del pueblo y se enriquecen despiadadamente vendiendo medicinas prohibitivas? ¿Qué autoridad investiga desde el punto de vista científico todos los medicamentos que se consumen? Si antes de organizar una convención o un congreso para discutir una Reforma Integral de Salud se trataran temas de singular importancia con criterios variados y hasta encontrados, como la explosión demográfica, la contaminación ambiental, el subdesarrollo, la salud mental de nuestro pueblo, entonces pensaríamos que vamos en serio y nada quedará en el olvido o descansando en el escritorio de algún burócrata. Lo decimos porque en el pasado se han hecho no uno, sino varios intentos y todo ha sido buenos propósitos o soberana demagogia, comisiones para gastar dinero y tiempo valioso. Lamentablemente.

“La situación sanitaria de El Salvador es triste, penosa”, me comentó un médico amigo. Efectivamente este espinoso problema compete tanto a doctores como a ingenieros, arquitectos, sociólogos. La situación sanitaria depende de las condiciones económicas y culturales, me dijo, descubriendo así el agua tibia y el hilo blanco. Los estudios de reputados centros de documentación advierten y muestran “preocupación” porque los nacimientos aumentan más rápidamente que los empleos. De hecho, sostienen que la natalidad conspira contra el desempleo. Con esta tesis se apunta a que la explosión demográfica se frena con el desarrollo.

Al respecto hay muchas cosas que preocupan, sobre todo el problema de los medicamentos que no son tratados por los responsables de vigilar su producción, distribución y venta. Hasta el momento no se ha aprobado ninguna ley sobre medicamentos y no hemos escuchado posición de las autoridades de Salud Pública al respecto. Sí han externado que se piensa “introducir” cambios en el sistema; pero las condiciones sanitarias del país no son óptimas y se requiere una transformación, una verdadera revolución estructural, no sólo para combatir los monopolios de los que hace tiempo amasan fortunas a costa de la salud de los seres humanos, sino para propiciar un seguro universal gratuito a todos los salvadoreños, así como una cobertura total.

Desde luego, el solo anuncio de una Reforma Integral tendría la oposición de todos “los comerciantes de la medicina”, principalmente de los laboratorios, de centros de investigación financiados por grandes corporaciones que sin pensarlo dos veces se atribuyen el invento de importantes medicamentos que han terminado con muchas enfermedades que causan estragos en la humanidad. Recordamos para el caso los que en su momento se vanagloriaron de haber inventado la vacuna contra la viruela. Nadie reclamó ni reivindicó al genial Pasteur, quien no hizo como ellos grandes negocios especulando con la vacuna.

Los pasados gobiernos, esperamos no ocurra lo mismo con el presente, permitieron el abuso en los precios de las medicinas y las sucias maniobras de los monopolios extranjeros, sobre todo con los genéricos producidos a muy bajo costo y vendidos en El Salvador con enormes ganancias. El último estudio realizado por la Universidad de El Salvador, por cierto bajo la responsabilidad del actual Viceministro de Salud Pública, revelaba que en este país se venden los medicamentos más caros que en cualquier nación latinoamericana. Eso no ha variado y tanto los laboratorios como las farmacias continúan lucrándose de las necesidades de la población. Algunos sectores organizados y el Comité de Defensa del Consumidor han denunciado tales prácticas; pero todavía existe mucho temor de los funcionarios del poderío de la industria farmacéutica o del franco contubernio que en el pasado existió entre autoridades y empresarios, si ustedes lo prefieren el famoso conflicto de intereses, o los privilegios de los que saben tanto, los miembros de la familia Cristiani.

Es decir, esto no es nuevo, las denuncias del ilícito negocio que hacen los consorcios productores de medicinas especulando con la salud del pueblo salvadoreño, viene de muchos años atrás. Los laboratorios y toda la industria farmacéutica lo primero que hicieron fue establecer lazos y “estrecha amistad” con los Ministros de Salud Pública y los directores del Seguro Social para garantizarse los grandes negocios, pues se necesita de toneladas de medicinas para abastecer la red de hospitales públicos. Por años el pueblo salvadoreño ha sido forzado a pagar altos precios por los medicamentos, siendo perjudicados quienes más los necesitan: los enfermos, los pobres, los de la tercera edad. Aquí se encuentran evidencias dramáticas que enseñan como el público paga cantidades exorbitantes por medicamentos de muy bajo precio real.

Cuando el actual Viceministro de Salud Pública presentó el estudio de las medicinas, informó que el precio al público de determinados medicamentos en las farmacias era, por ejemplo de $40.00, mientras el gobierno compraba el mismo con el nombre genérico de Metrodinazol a $10.00. El Pembretín se vende en las farmacias a $50.00, mientras que cuando por el volumen el Ministerio de Salud Pública o el Seguro Social lo adquieren bajo el nombre de Ampicilina es sólo $15.00. Y así podíamos seguir con otros ejemplos. El cambio de nombre obedece, según explicaba el doctor Espinoza, a que el gobierno identifica los productos por los ingredientes que contiene y no por la marca. Pero no faltan los “mal pensados” que piensan que el cambio de nombre sirve para estafar al público con la complicidad de las autoridades que supuestamente deben vigilar la economía y buena salud de nuestro pueblo. Conste, nos referimos a los pasados regímenes. Falta por ver, desde luego, que el actual impulse una Reforma Integral de Salud y termine con este sucio negocio de las medicinas.

Y es que este sucio juego permite a los consorcios farmacéuticos ser de las empresas con mayores utilidades en el mundo y les hace evadir el pago de impuestos en forma alarmante. Cualquier coincidencia con nuestra situación es puro formalismo. Los estudios realizados indican que las empresas transnacionales productoras de medicinas encubren sus inmensas utilidades simulando regalías, asistencia técnica, así como inventando la compra entre matrices y casas filiales de materias primas a precios artificialmente elevados. Aquí existe un laboratorio que importa materias primas a muy bajo costo de Cuba y simula que lo hace de los Estados Unidos. Es lo mismo que ocurre con el precio de la gasolina, los grandes distribuidores se apegan a los precios que rigen en Norteamérica, cuando el producto viene de Venezuela o México.

¿Cuánto paga por cada furgón de mercancía procedente de Panamá un reconocido almacén de la capital? Son mínimos los impuestos. Los pagos de regalías y de “asistencia técnica” se hacen al que muchos todavía consideran como el único “paraíso fiscal” que resta en esta parte del mundo. Lo que más indigna es que en un 90% de los casos, los productos por los cuales se pagan la asistencia técnica y las regalías son de libre acceso en el mercado internacional de tecnología y pueden ser comprados en países como Japón, Bélgica o Rumania, los que al serle adquirida la materia prima entregan instructivos donde se explican los procedimientos para la elaboración de los medicamentos.

Si el Ministerio de Salud impulsa un Congreso o una Convención antes de proceder a la Reforma, debe verse que las empresas monopolistas productoras de medicamentos, atentan no sólo contra la economía de nuestro pueblo, sino directamente contra su salud. Esto último debido a que en su afán desmedido de lucro, no dejan de vender cuando sus productos han sido, por ejemplo, desechados en Estados Unidos o China, por causar lesiones a los pacientes. Aquí el laboratorio Santa Lucía, propiedad de la familia Cristiani, vendió medicamentos vencidos o a punto de vencer, tanto al hospital Militar como al Seguro Social, cuestión por cierto confirmada por ex funcionarios de Arena. Las nuevas autoridades de salud enfrentan un gran reto en los más diversos aspectos. Deben, por ejemplo, poner más atención a la calidad de los productos farmacéuticos y evitar que siga utilizándose a nuestra población como conejillos de Indias para probar medicamentos, claramente desechados en otros países.

Pocote

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