Después del "diluvio", la reconstrucción

En momentos de crisis y catástrofes, como la que en este momento sufre el país, se producen hechos lamentables como los infaltables casos de corrupción y el oportunismo político, sobre todo de funcionarios y dirigentes que desde hace rato perdieron el apoyo no sólo de sus mismos simpatizantes y militantes de su partido, sino de la población consciente que por largos años únicamente les ofrecieron obras y ayudas personales, pero que nunca se concretaron.

Se conoce, por ejemplo, que a una comunidad de San Vicente, de las más afectadas por las copiosas lluvias y la inundación, les han prometido enviarles “toneladas de ayuda” en alimentos, medicinas, ropa y más, siempre y cuando depositen en una cuenta bancaria de los Estados Unidos $5.000.00. La denuncia fue hecha por el canciller Hugo Martínez, quien pidió a los alcaldes, a los gobernadores y a las comunidades no dejarse sorprender por personas e instituciones sin escrúpulos que desgraciadamente se aprovechan del dolor y de las necesidades para cometer acciones deshonestas.

El mismo alcalde Norman Quijano, también intenta sacar partido del desastre (los departamentos de San Vicente y San Salvador han sido de los más afectados) repartiendo platos de comida, algunos cereales y unas cuantas láminas a familias vinculadas con el partido Arena. Por supuesto se hace acompañar de camarógrafos y fotoperiodistas. El hecho lo denunció el gobernador de San Salvador. En anteriores catástrofes también se ha conocido de hechos similares, sobre todo en la distribución de la ayuda otorgada por la comunidad internacional. Recordamos muy bien cuando un Ministro del Interior (actualmente de Gobernación), del gobierno de Francisco Flores, intentó “persuadir” al alcalde de Santa Tecla, Oscar Ortiz, de aceptar ayuda del régimen, repartiendo víveres, frazadas, ropa y colchonetas, con los colores del partido Arena.

Esperamos que en las actuales circunstancias se proceda con honestidad y se brinde asistencia oportuna y suficiente a las familias damnificadas, además de aprovechar este golpe de la naturaleza para iniciar una reconstrucción basada en las recomendaciones de organismos responsables y expertos en hidrología, geología y estudio de suelos. La vulnerabilidad del territorio ya no permite seguir construyendo en lugares que una y otra vez han sido el epicentro de todo tipo de desastres. Además, aunque hasta ahora únicamente se han escuchado amonestaciones verbales, es posible esperar un mínimo de consecuencia entre las declaraciones y los hechos. Esto es necesario no sólo por razones éticas, sino también políticas. En el momento presente, el Estado salvadoreño se encuentra debilitado no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el ideológico-político. Con todo, el nuevo régimen mantiene una reserva moral considerable y, desde luego, un apoyo masivo de la población.

La deshonestidad cultivada por los gobiernos areneros jamás debe repetirse en este país, no sólo por las estafas, desfalcos, robos cometidos contra las arcas del Estado, sino por malversar ayudas internacionales y permitir alegremente la evasión y la elusión fiscal, así como el contrabando. Es más, la corrupción en la entrega de permisos para que los constructores “amigos del partido” destruyeran macizos boscosos y desforestaran regiones que han constituido desde largo tiempo reservas forestales, con nichos ricos en especies de la flora y la fauna, son una de las principales causas para que los grandes deslaves se produzcan en el volcán de San Salvador, la finca El Espino, la Cordillera del Bálsamo y otros sitios tanto en la zona metropolitana como en San Vicente, San Miguel, Santa Ana, La Libertad y Usulután.

Los funcionarios actuales de Protección Civil, Gobernación, Ministerios de Medio Ambiente y Obras Públicas han adelantado que el programa de asistencia no sólo va encaminado a ayudar a las familias damnificadas sino que en un enfoque global reconstruir de manera distinta muchas de las comunidades e infraestructura dañada. Faltaría, sin embargo, que este reconocimiento de la vulnerabilidad estuviera acompañado de datos más concretos. De otra forma, la desilusión y el escepticismo del ciudadano común inevitablemente aumentarán. Eso ocurrió con los ex funcionarios areneros quienes luego de entregar pequeñas ayudas a las personas y a las comunidades, basándose siempre en “lista de afiliados al partido”, nunca más regresaron y todo se quedó en la publicidad y en la propaganda.

El gobierno del presidente Funes, en una medida rápida y efectiva, ha reasignado 150 millones de dólares del programa anticrisis para contribuir a la reactivación de comunidades afectadas por las inundaciones, así como para ayudar a las familias que han perdido sus viviendas y sus cultivos. La coordinación nos parece eficiente y hemos comprobado como las instituciones involucradas (Medio Ambiente, Obras Públicas, Protección Civil, Salud Pública, gobernaciones, alcaldes, diputados, Educación, Gobernación, Defensa, Seguridad Pública y otras instancias) se han movilizado rápidamente a las zonas afectadas. Es lo menos que se podía esperar de un régimen que desde un principio se mostró a favor de los “más vulnerables”, en una “opción por los pobres”, como expresó claramente el primer mandatario en su discurso de toma de posesión.

La verdad no parece que esto sea demasiado pedir, que las familias que se quedaron sin techo (vivía en casas de lámina y de cartón) en zonas marginales como Fenadesal y otras en Soyapango, sean reubicadas en otros lugares y entregarles hogares decentes, dignos, para iniciar una obra social y humanitaria. Quizás a algunos políticos, sobre todo del espectro de la derecha, la medida les parezca antipática y fuera de proporciones por el inmenso valor a favor del gobierno y de determinado partido político que ella tenga; pero sería parte de ese inmenso programa de Casa para Todos que ya ha comenzado y que entendemos comienza a materializarse con la primera entrega en diciembre de este año.

De los grandes desastres surgen también grandes oportunidades. Los ejemplos sobran en el mundo. De hecho, ahora que ya tenemos relaciones diplomáticas con Cuba debe aprovecharse la experiencia y el conocimiento que los cubanos tienen en la materia para solicitarles asesoría y capacitación. Lo mismo Obras Públicas debe firmar convenios con la embajada del Japón, que tienen también mucha experiencia en sismos y en solucionar rápidamente grandes hundimientos en la tierra. Estamos seguros que esas famosas cárcavas y “mega” hoyos como aquí les llaman, serían efectivamente reparados con alta tecnología por expertos de ese país del Sol Naciente. Sobre estos temas de convenios y cooperación de muchos países del mundo, profundizaremos en próximos comentarios.

Pocote

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