No se puede quedar bien con Dios y con el diablo

 “Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos”, sentenció el  gran Maestro nazareno, a quien los explotadores citan y mencionan sólo cuando conviene a sus intereses. Es sencillo y gratis asistir a los templos católicos para darse golpes de pecho y hacerse pasar públicamente como cristiano.

Lo real, lo auténtico, lo humano, es practicar la bondad, la solidaridad, el altruismo desinteresado y el servicio a los más necesitados. Monseñor Oscar Arnulfo Romero fue asesinado por la burguesía, por  haberles exigido que cambiaran su conducta, que distribuyeran un poco de lo mucho que tenían: “Quítense los anillos, si no quieren perder los dedos”, les dijo, citando una frase célebre de la Biblia.

La estrategia, política o modelo económico desarrollado durante los últimos veinte años por los cuatro regímenes areneros, no sólo fue equivocada sino que perversa. La corriente neoliberal impulsada bajo los lineamientos del consenso de Washington, buscaba el “desarrollo estabilizador”, cuya expresión breve es la creación social de riqueza y su concentración en pocas manos. El resultado todos lo conocemos: se creó una inmensa pobreza en el país y una enorme desigualdad en la sociedad.

En nuestra mente todavía resuenan las reiteradas frases y afirmaciones de los gurús del capitalismo: “hay que crear para después repartir, porque no puede repartirse la miseria”, era uno de los hipócritas lemas de ese nefasto periodo en que los gobiernos areneros fueron entregando despacio pero sin tregua las pocas empresas estatales al voraz capital criollo y a la dominante inversión extranjera.

No sólo nos quedamos sin política monetaria debido a la dolarización, sino que trasladamos a manos extrañas el control de las telecomunicaciones, la distribución de la energía eléctrica, las pensiones y más. Asimismo, los gobiernos areneros eliminaron de un plumazo el Instituto Regulador de Abastecimientos (IRA), el Instituto de Vivienda Urbana (IVU), la Financiera Nacional de Tierras Agrícolas (FINATA) y abandonaron por completo la agricultura, factor primordial de la crisis alimenticia que actualmente padecemos.

Era obvio, pero los gobiernos areneros aceptaban que mientras más poderosos se volvieran los ricos, menos sería la posibilidad de obligarlos a cambiar el esquema de reparto para atenuar la injusticia cometida en contra de las mayorías poblacionales. Hay que recordar que la oligarquía de este país siempre ha sido intocable, rectora de las vidas y bienes muebles e inmuebles de este país; deshumanizada, prepotente y concentradora de la riqueza.

Los defensores acérrimos de este mecanismo de explotación y saqueo, como el director de el diario de hoy, festejan sus pasatiempos y elogian sus “virtudes”; esto es “las grandes inversiones”: la construcción de ostentosos centros comerciales, de hoteles de cuatro estrellas, de grandes almacenes “por departamentos”, las iniciativas para desarrollar el turismo en la zona costera, etc. Cuando fallece uno de estos oligarcas, los editoriales destacan su “generosa entrega”, su liderazgo empresarial, su filantropía y su “defensa de las libertades y la democracia”.

“Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos”, sentenció el  gran Maestro nazareno, a quien los explotadores citan y mencionan sólo cuando conviene a sus intereses. Es sencillo y gratis asistir a los templos católicos para darse golpes de pecho y hacerse pasar públicamente como cristiano. Lo real, lo auténtico, lo humano, es practicar la bondad, la solidaridad y el servicio a los más necesitados. Monseñor Oscar Arnulfo Romero fue asesinado por la burguesía, por exigirles que cambiaran su conducta, que distribuyeran un poco de lo mucho que tenían: “Quítense los anillos, si no quieren perder los dedos”, les dijo, citando una frase célebre de la Biblia.

Ese modelo económico que promovía el “desarrollo estabilizador” era más que lo dicho, era la admisión indiscriminada de inversiones extranjeras y transnacionales, el supuesto crecimiento acelerado y desordenado mediante excesivo empleo del crédito internacional hipotecante, los precios subsidiados, los benignos impuestos para la gran empresa privada, extensiones y beneficios para las industrias nuevas y “necesarias”, ayuda más o menos discreta de los gobiernos areneros para que los capitalistas defraudaran a los trabajadores…y al fisco mismo.

Cuando más de algún osado Ministro de Hacienda, intentó introducir modificaciones al modelo fiscal, rápidamente le “dieron las gracias por los servicios prestados al Estado”.  El meteorico Guillermo López Suárez, brave ex-ministro de Hacienda durante a gestión de Elías Antonio Saca, reveló la forma en que las empresas defraudaban en el cómputo, con la complicidad oficial, recargando sus gastos financieros hasta al 30 por ciento anual, descontando impuestos antes de hacer la liquidación a los asalariados y, desde luego, haciendo uso de la doble facturación y practicando alegremente el contrabando.

El Ministro de Hacienda del actual gobierno ha encontrado todas estas deficiencias, así como la permanencia de “antiguos funcionarios” que conocen y, de alguna manera, contribuyeron a la evasión fiscal; también sabe de los tramitadores, de los favores a terceros, de los delegados e inspectores que se “hacían los del ojo pacho”, del tortuguismo en el trámite de miles y miles de inconformidades que aplaza a calendas griegas los pagos; pero este caballero, al igual que el presidente del Banco Central de Reserva, quien mantiene en sus puestos a funcionarios que incluso trabajaron en el programa económico de gobierno del pusilánime Rodrigo Ávila, es un “hombre de confianza del gran capital” y difícilmente se podrán saber los nombres de los evasores, así como el alcance de sus delitos fiscales.

Resultado de todo este saqueo: empobrecimiento de la población trabajadora; miseria igual o mayor de los campesinos; acelerado crecimiento anual del producto nacional y lacerante desequilibrio en la distribución del ingreso; mayor dependencia respecto del capital extranjero; baja productividad e inflación. Todo cuanto hemos sufrido en veinte años, para simplemente tomar un tiempo de referencia, porque la explotación inhumana y la desigualdad  social tiene más de 188 años de “vida independiente” del país, lo que parece no terminar, sobre todo cuando analizamos algunas piezas o funcionarios que están a la cabeza de ministerios claves, y otros que por “hacerse agradables” a los ojos de la burguesía y pasar como “personas claves con las que se puede dialogar”, dejan todo para “mejores tiempos”, prorrogando un cambio necesario, urgente e indispensable.

El mismo presidente Funes ha descrito en repetidas oportunidades las causas que han provocado la crisis generalizada en nuestra sociedad. Últimamente, por ejemplo, se refirió a la desnutrición de la niñez salvadoreña, fustigando a los anteriores gobiernos por “no atender las urgentes necesidades de la población infantil”. El mandatario reiteró que el hambre y la desnutrición son responsabilidad de las dirigencias políticas. “Hay que buscarlas en la desigualdad social, pobreza, falta de empleo, en los bajos ingresos, en los altos costos de la vida, en los insuficientes niveles de educación, en las malas condiciones de producción de alimentos…”

Por lo tanto, los funcionarios del área económica no sólo deben atender este llamado, sino que proceder a rectificar, desechar lo anticuado y perverso, para hacerle frente a los angustiantes problemas en que todavía se debate la población salvadoreña. El nombramiento de un Consejo de Seguridad Alimenticia, busca precisamente erradicar esta lamentable situación, para ello se necesita el concurso de todos los funcionarios y, por supuesto, de la población receptora o no de los beneficios.

Lo repetimos, no se puede quedar bien con todos, sobre todo con los sectores oligárquicos. Triste suerte de quienes se afanan por servir, al mismo tiempo, a Dios y al diablo.

El Presupuesto General de la Nación está a punto de ser aprobado. Su ejecución y su plena realización nos darán la medida de su eficacia y todos esperamos que ésta sea mucha. Conviene, sin embargo, puntualizar que varios de los supuestos en que funda los efectos esperados del “programa en cifras”, no existen sino en el buen deseo de los gobernantes. Por ejemplo: para proteger el poder adquisitivo del pueblo, deben tomarse en cuenta medidas relacionadas con el gasto público, el circulante monetario y la selección del crédito, el mejoramiento en la distribución y el comercio y el establecimiento de una política realista de precios y salarios.

Naturalmente, es muy saludable haber rebajado hasta en un 12 por ciento las tarifas eléctricas, así como de manera oportuna la disminución de los precios de la gasolina y de varios productos de consumo básico. Al respecto la Defensoría del Consumidor y el Ministerio de Economía deben estar atentos para que algunas empresas privadas no se resarzan con ventaja –en la ventaja está el abuso— del recargo de costos, y, menos aún, que el mayor ingreso sea arca abierta en la que el justo peca.

Sería bueno conocer los mecanismos por los cuales va a cortarse las uñas a los que engordan al calor de la inflación y aquellos otros medios, para moralizar lo que hasta hoy nadie ha conseguido sanear: la voraz iniciativa privada.

Pocote

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