Arena en un callejón sin salida

La presentación de pruebas de corrupción de ex-funcionarios de Arena, hecha por el ministro de Gobernación, Humberto Centeno, ante la Fiscalía General de la República, pone a prueba, en primer lugar, la honestidad y la valentía del nuevo Fiscal para investigar y comprobar la denuncia y, en segundo, nada más corrobora la conducta inmoral y autoritaria de los políticos areneros que por 20 años se lucraron con las necesidades de la población y cometieron ilícitos que significaron pérdidas millonarias para las arcas del Estado.

El presidente del Coena, Alfredo Cristiani, cuando el mandatario Mauricio Funes y funcionarios de su gobierno anunciaron que procesarían a todos los corruptos, inmediatamente respondió que “también nosotros haremos lo mismo”; por un lado estaba admitiendo que cometieron actos de corrupción y, por el otro, amenazaba para evitar que el actual régimen llevara adelante las diligencias. Es más, Cristiani amenazó con hacer “arder Troya”, si el gobierno persistía en sus actitudes. Los altos dirigentes de Arena, han reaccionado tarde y desesperadamente se escudan en revanchismos para no entrar en exámenes de conciencia y ser sometidos a la justicia.

El proceso político y las circunstancias en que las actuales autoridades encontraron el Estado, obliga insoslayablemente al gobierno del FMLN a denunciar todos y cada uno de los casos de corrupción, obtener el apoyo de la población, o al menos tolerancia, con base en que las cosas van a mejorar en el sentido moral y político. Tal es el compromiso que pesa sobre el presidente Funes, quien desde la campaña electoral se comprometió con los salvadoreños a realizar una administración de austeridad, de honestidad y llevar a los tribunales a todos aquellos ex funcionarios areneros que resultaran culpables de corrupción y de otros hechos delincuenciales como contrabando, evasión y elusión fiscal.

Los casos van saliendo a la luz pública: altos ex funcionarios de Arena, claramente vinculados a hechos de corrupción, así como altos y mandos medios de la Policía Nacional Civil, implicados en asesinatos o ser miembros de pandillas y organizaciones delictivas. No se trata de “cacería de brujas”, ni de “revanchismo político”, sino de aplicar la justicia y obedecer a los requerimientos de la población, que en veinte años ha tenido que soportar una descomunal corrupción, prepotencia, privilegios e impunidad de funcionarios areneros de diverso signo y categoría. Están los que se llevaron millones de dólares, los rateros de abono, los que hicieron de las licitaciones amañadas una manera perversa de hacerse con la mayoría de proyectos y obras gubernamentales, los que firmaron convenios para obtener sus porcentajes, los que cobraban en el presupuesto sin nunca llegar a las dependencias a ejercer honestamente sus funciones y los que aparecían en plazas fantasmas. De estos son miles y se conocen nombres como plumíferos a sueldo, abogados “honestos” y hermanas de ex presidentes de la nación.

Un día después de que el ministro de Gobernación presentó pruebas de la corrupción de ex funcionarios de Arena, el diario de hoy publicó en primera página (como no podía ser de otro modo) que la ex alcaldesa del FMLN no había explicado sobre un millonario faltante en la alcaldía de San Salvador. Qué casualidad! También la misma noche que el chileno presentador de las Ocho en punto entrevistaba al Ministro Centeno, se dio paso a un correo electrónico enviado por el ex funcionario arenero Conrado López Andréu, en donde se “desmarcaba” de las acusaciones de corrupción, a pesar de pruebas irrefutables que lo vinculan al ilícito. Coincidencia, argucia periodística, intuición, derecho a respuesta? Que lo averigüe Vargas!

Los actos de corrupción de cualquier funcionario o de gobierno deben investigarse y dejar a las autoridades competentes que continúen con las diligencias. Más allá de que el supuesto faltante en la administración de la doctora Violeta Menjivar, sea un acto desesperado o una respuesta calculada muy a tono con lo expresado en su momento por el señor Cristiani, debe investigarse y llevarse a las últimas consecuencias. Todos los funcionarios del signo que sean o partido político al que pertenezcan, están en la obligación moral y legal de declarar su patrimonio antes de asumir un cargo en la administración pública. De igual modo al cumplir el mandato para que el que fueron nombrados. Lo hicieron los ex presidentes y ex funcionarios del partido Arena? Lo han hecho los funcionarios del partido FMLN? Esta es una responsabilidad que debe ser asumida sin mediar contemplaciones por parte de la Corte de Cuentas y la Fiscalía General de la República.

En las últimas semanas de su mandato, el ex presidente Antonio Saca realizó un viaje turístico a Europa y países del Oriente Medio, públicamente se conoció que había gastado cerca de 300 mil dólares en la gira de placer, pues le acompañaba una numerosa comitiva. Hasta el momento no tenemos conocimiento que la Corte de Cuentas y la Fiscalía General de la República hayan investigado y emitido una resolución sobre tales gastos. El mismo procedimiento se debía hacer para deducir responsabilidades sobre las millonarias erogaciones en concepto de campañas publicitarias y uso de la partida secreta. Tampoco se ha dicho nada sobre la malversación de fondos en Obras Públicas, durante el ejercicio del señor David Gutiérrez, o las obras inconclusas de la Carretera Diego de Olguín. Qué paso en el MOP? No hay dinero? Gerson Martínez tiene la obligación moral y constitucional de presentarnos pruebas de cómo encontró ese ministerio.

Los altos dirigentes de Arena tienen muchas vigas en sus ojos y de seguro una investigación profunda de parte de la Fiscalía o reparos honestos y claros de la Corte de Cuentas, revelaría incontables hechos de corrupción, de tal suerte que las cárceles del país no darían cabida a tantos delincuentes de cuello blanco. Los “analistas” de la extrema derecha recalcitrante enfilarán sus baterías contra el gobierno del FMLN y exigirán un “borrón y cuenta nueva” para no entrar en choques estériles contra los areneros. Las cosas no son así, es EL PUEBLO EL QUE EXIGE cuentas claras, que se investigue, se procese y se lleven a los tribunales a los corruptos, a los que descaradamente han robado al Estado y defraudado la economía del fisco. Hay ex funcionarios de Arena detenidos, otros huyendo de la justicia, pero la mayoría se mantiene en el anonimato y protegido por los grandes intereses de la oligarquía salvadoreña.

La Fiscalía ya tiene en su poder documentos donde se prueba con nombres, fechas y cantidades los actos de corrupción cometidos en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, en el Ministerio de Salud Pública, Gobernación, Centro Nacional de Registros y de Agricultura y Ganadería. La población espera que se proceda con honradez y diligencia y sean sometidos a los tribunales correspondientes todos los que resultaren culpables de malversación de fondos, falsedad ideológica, tráfico de influencias, plazas fantasmas y más.

El país únicamente podrá salir adelante si se procede con transparencia y justicia y, desde luego, si aplica todo el peso de la ley a todos los ex funcionarios de Arena, del PCN o el PDC que claramente hayan cometido delitos contra el Estado, instituciones privadas o contra personas particulares, ya sea conspirando contra el derecho al trabajo que tienen o por ser injustamente despedidos de sus cargos. Como bien dijo el Ministro de Gobernación, Humberto Centeno, "Arena lo que tiene que hacer es nombrar abogados y disponerse a defender en buena lid a los acusados y no irse por el expediente más fácil de señalar a otras personas de cometer ilícitos". Como dicho está, si hay corruptos en uno y otro partido, debe ser la Fiscalía General de la República y la Corte de Cuentas las que con total honestidad y valentía señalen culpables o inocentes.

Pocote

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