El fiscal usurpador

El usurpador de la Fiscalía General de la República, Astor Escalante, sigue queriendo sorprender y causar “buena impresión” sobre supuestas diligencias e investigaciones realizadas para frenar el crimen organizado y la delincuencia común. Cuenta para ello con la benevolencia de ciertos medios de difusión y algunos atributos histriónicos, más el respaldo de la derecha reaccionaria y de esos aprendices de payasos areneros que copan las curules de la Asamblea Legislativa.

En casi todas sus apariciones televisivas el “abogado” Escalante, se las ingenia para hacer un recuento de sus “éxitos” al frente de la Fiscalía; nunca, por supuesto, se refiere a su ilegalidad en el cargo, ni mucho menos a su renuncia porque, según él, “no puede dejar acéfalo el cargo, en momentos tan críticos para el país”. También habla de haber hecho justicia al llevar a prisión a individuos señalados como narcotraficantes y otros ex funcionarios del partido Arena, en concreto Carlos Perla, acusado de millonaria estafa a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). Desde luego, no falta su mención hacia otros graves hechos delictivos y su estrecha colaboración con distintos organismos vinculados a la investigación del crimen organizado. Sin embargo, hasta hoy no hemos escuchado al fiscal usurpador referirse a crímenes notables que han estremecido la conciencia nacional, como el magnicidio de monseñor Oscar Arnulfo Romero, la masacre de los sacerdotes jesuitas, la violación y asesinato de la niña Katia Miranda, la liberación del narco José Luis Safie o la liberación del asesino Luca Giancarlo Canossa Carbonell, ni de las tantas desapariciones forzadas que se han dado en este país. Tampoco de llevar a la justicia a tantos responsables de actos de corrupción contra el Estado salvadoreño. Se ocupa, con todo, de elogiar el sistema de investigación y justicia de los Estados Unidos. Al respecto es necesario recordarle al “señor Fiscal” las enormes diferencias en materia de la aplicación de la justicia, de las leyes y de la investigación del delito que nos separan con ese país. La Constitución Estadounidense establece un sistema de controles y equilibrios. No hay sólo separación de los tres poderes -judicial, ejecutivo y legislativo-, sino una especie de constante rivalidad y hasta tensión entre esos poderes. Y, ciertamente, esta tensión es el motor del progreso en los Estados Unidos. Si los tres poderes actuaran de común acuerdo, no habría el tipo de cambio que existe en esa nación. En cambio, en El Salvador, al menos con los cuatro gobiernos de Arena, para no hacer un recorrido por la trágica historia de este país, el Ejecutivo ha impuesto sus designios, sus particulares mandatos y, prácticamente, ha sido el diseñador de todas las políticas en los órganos Legislativo y Judicial. El simple hecho de nombrar a Ciro Cruz Cepeda, triste personaje al frente de la Asamblea Legislativa, así como imponerse en la designación del presidente y el resto de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, revela y pone al descubierto un sistema injusto, infame y perverso. Esos son los mecanismos, las argucias, utilizados por la oligarquía para mantener el control político y económico del país y del Estado. En cambio, en los Estados Unidos, señor fiscal Escalante, la historia nos dice que los grandes progresos han venido, lo más frecuentemente, por presión e iniciativa de la Casa Blanca (Roosevelt, Kennedy, Jhonson y antes Jefferson, Jackson, Lincoln). Algunas veces por decisión del Congreso. También por decisiones de la Suprema Corte (como el caso contra la segregación escolar). Esta tensión no ha impedido la colaboración y el respeto a la Constitución. Cuando un Congreso ha aprobado una ley que el presidente reprobaba, este la vetaba y si el Congreso volvía a aprobarla por los dos tercios de sus votos, entonces el presidente la aplicaba, en cumplimiento de la Constitución. En El Salvador las cosas no han sucedido así. El ex presidente Francisco Flores, de pésima recordación para los salvadoreños, se arrogaba el derecho de no aplicar las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa, de imponer sus propios decretos y de “sugerir” lo que era bueno para el país. De hecho, la Ley de Estabilización Monetaria, conocida como “dolarización”, fue impuesta por la derecha legislativa en horas de la madrugada y sancionada ese mismo día por el mandatario. También intentó privatizar la salud, la que únicamente se detuvo por la heroica lucha de los médicos y las organizaciones sociales. Con los gobiernos de Arena nunca existió la separación de poderes. Las leyes en este país han servido para avalar la injusticia, para sancionar y aprobar los más terribles crímenes y masacres contra la población. Con ese marco de leyes, el dictador Maximiliano Hernández Martínez cometió el genocidio de 1932, donde cálculos conservadores revelan que fueron brutalmente asesinados más de 30 mil campesinos, indígenas, estudiantes, profesionales y obreros. Con el amparo de la Constitución, la que usted dice defender, señor Fiscal. La rancia burguesía se apoderó de las mejores tierras de El Salvador para dedicarlas al cultivo del café y, posteriormente, del algodón y la caña de azúcar. Las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa permitieron que los antiguos propietarios de parcelas agrícolas o ejidos, se convirtieran en colonos y esclavos al servicio de la oligarquía. De esos años al presente, muy poco ha cambiado. Los dirigentes y patrocinadores de Arena siguen imponiéndose y “recomendando” determinadas personas para ocupar puestos claves en la maquinaria del Estado. El fiscal usurpador fue “dejado” en el puesto por el ex presidente Saca, otra ruina de la política nacional; por supuesto, siguiendo determinados lineamientos. Los presidentes de la Corte Suprema de Justicia y de la Asamblea Legislativa, llegaron a esos cargos por “recomendaciones” del ex mandatario Alfredo Cristiani, presidiendo actualmente el Comité Ejecutivo de Arena, por mandato expreso de la burguesía. De qué independencia, supuestas investigaciones del delito y “acciones concretas” contra el crimen organizado nos habla el señor Escalante? Nada, simple demagogia y escaramuzas. Si de investigaciones se trata, el fiscal usurpador debería enfocarse en clarificar la enorme burocracia y las plazas fantasmas creadas por los cuatro regímenes areneros. Han sido millones de dólares que el Estado ha pagado a activistas y miembros del partido Arena. Sólo en el Seguro Social se encontraron 450 plazas ficticias, por las cuales la institución cancelaba más de 350 mil dólares mensuales. Una simple operación nos indica que en diez meses se pagaban 3 millones 500 mil dólares, prácticamente provenientes de las cotizaciones de los usuarios. En el Registro Nacional también se encontraron plazas fantasmas, entre ellas la hermana del ex presidente de la república, Armando Calderón Sol, así como del abogado Ivo Priamo Alvarenga y del renegado Marvin Galeas, plumíferos a sueldo del partido Arena. La Fiscalía, conforme lo establecen las leyes, está para defender los intereses del Estado y del país; sin embargo, los sucesivos regímenes areneros la utilizaron para encubrir enormes desfalcos, robos millonarios y estafas, así como para proteger a funcionarios y ciertos personajes vinculados al contrabando, al narcotráfico y a la evasión fiscal. Por primera vez en la historia del país vimos a un fiscal tratando de inculpar a un partido político y a sus dirigentes como responsables “directos” del tráfico de armas hacia un grupo guerrillero en Colombia y, más aún, acusando de haber patrocinado y organizado “grupos irregulares armados” en distintos lugares del país. Por supuesto, al concluir la campaña electoral, toda la infamia y la inmundicia lanzada contra el FMLN y su fórmula presidencial fue olvidada hasta por la “gran prensa” nacional. Nosotros quisieramos ver al fiscal usurpador ocuparse de hechos graves y actuar con verdadera independencia. Esto no lo veremos jamás, por cuanto obedece directrices directas de los grupos económicamente poderosos que en las investigaciones serían responsables intelectuales de muchos casos delictivos. La Comisión de la Verdad, formada luego del Acuerdo de Paz, encontró serias evidencias de quiénes fueron los autores y actores del magnicidio contra Monseñor Romero, de la masacre de los sacerdotes jesuitas y de los organizadores y patrocinadores de los Escuadrones de la Muerte. Si esa “independencia” de poderes existiera, quisieramos ver a la Asamblea Legislativa eligiendo a un Fiscal honesto y ajeno totalmente de los intereses de los grupos hegemónicos; también aprobar leyes de ayuda a los débiles, de lucha contra la pobreza y la marginación. A una Corte Suprema de Justicia actuando con probidad y eficacia. Combatiendo la burocracia y la corrupción tan arraigada en su interior, como lo ha dicho públicamente su nuevo presidente. Como se ve, el fiscal usurpador es hábil para defender sus enormes debilidades, empezando por su nombramiento espúreo. Tanto él como los aprendices de payasos de la Asamblea Legislativa están en una posición de desventaja. Tendrán alguna vez el valor de aprobar leyes e investigar el delito y la corrupción con decisiones enérgicas? No lo creemos, los antecedentes así lo revelan. Ojalá,“un día, primero Dios”, como escribió el poeta Alfredo Espino, los salvadoreños podamos asistir al nombramiento de políticos capaces y honrados al frente de las distintas instituciones. Al menos es la esperanza que nos forjamos al elegir al gobierno del Cambio. Pocote