LA TERRIBLE MAGNITUD DE LA CORRUPCIÓN ARENERA

La Corrupción Arenera, pública y privada, no ha tenido límites. He aquí los casos más sonados. 

I. La corrupción pública 

Durante los casi 20 años de gobiernos de ARENA, se han dado múltiples casos de corrupción en distintas dependencias del Estado, la mayoría de los cuales permanecen en la impunidad. Funcionarios públicos con altos cargos y grandes empresarios privados han defraudado la economía pública por montos multimillonarios. En algunos casos se ha podido conocer los recursos involucrados en los actos ilícitos, pero otros casos no son públicos. Actualmente hay funcionarios investigados por presuntos actos de corrupción, pero no se conocen los recursos involucrados en la posible defraudación. Uno de esos casos es el de presidente del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), a quien el Tribunal de Ética Gubernamental investiga por la adjudicación de terrenos en Áreas Protegidas a un tío suyo y a militantes del partido de gobierno. También hay demandas contra el actual Ministro de Salud y otros altos funcionarios. Algunos casos sonados de corrupción pública Es muy difícil detallar con precisión todos los ilícitos cometidos, que son muchos. 

A continuación presentamos algunos de los hechos más relevantes de corrupción pública.

1 Saneamiento de la banca. En el año 1990, la Asamblea Legislativa aprobó una ley de saneamiento de los bancos estatales, los cuales habían quebrado debido a que no recuperaron muchos de los préstamos otorgados a grandes empresarios. La ley incluía la creación del Fondo de Saneamiento Financiero (FOSAFI), con recursos del Banco Central de Reservas (BCR). En otras palabras, el gobierno puso sus propios recursos para oxigenar a los bancos estatales antes de privatizarlos. El monto de dinero liberado de la mora bancaria fue de 3,525 millones de colones, que al tipo de cambio de ese año (5 colones por un dólar), equivalía a 705 millones de dólares.

2 Faltante de la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL). En 1991 se conoció públicamente un faltante de 72.7 millones de colones (9 millones de dólares) en la CEL. El entonces Presidente de la empresa, Sigifredo Ochoa, fue acusado de fraude a la economía pública, pero en mayo de 1995 fue judicialmente sobreseído. El gobierno no recuperó los recursos sustraídos de la CEL.

3 Malversación en los ingenios de azúcar. En el año 1994 se divulgó la malversación de 130 millones de colones (alrededor de 15 millones de dólares) en el Instituto Nacional del Azúcar (INAZUCAR), en el Ministerio de Agricultura y Ganadería y en la Corporación Salvadoreña de Inversiones (CORSAIN). El caso quedó en el olvido.

4 Fraude en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). En julio de 1995, se dio una orden de captura para Romeo Majano, director del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), y contra otros cuatro directivos de dicha institución, en base a 14 auditorías de examen especial de la Corte de Cuentas, que reveló la compra de seguros de vida en forma fraudulenta, estafa en la adjudicación de medicamentos (a través de una empresa fantasma) y peculado por un monto de 21 millones de colones (2.4 millones de dólares). En abril de 1998, un juez dejó en libertad a los imputados porque, supuestamente, no se logró establecer el delito. Antes, Majano había huido al exterior. Al final, ningún directivo fue juzgado y el Estado no recuperó el dinero que le habían sustraído.

5 Malversación en el Fondo de Inversión Social (FIS).  En el año 1995, un informe de auditoría de la Corte de Cuentas responsabilizó al Consejo de Administración del FIS de haber utilizado ilegalmente 18 millones 87 mil colones (10 millones de dólares). Según el informe, un número importante de empleados y de altos ejecutivos del FIS recibieron desproporcionados aumentos a sus salarios antes de renunciar, razón por la cual recibieron exorbitantes indemnizaciones económicas, algunos de ellos de más de 800 mil colones (92,000 dólares). El informe reveló que un estudio de las nóminas de empleados permitía observar que algunos de los que se “retiraron” fueron recontratados el mismo día a petición de la Presidenta del FIS, Norma de Dowe. En medio del escándalo, la señora de Dowe renunció. Sin embargo, ni ella ni los ejecutivos beneficiarios de la malversación fueron sometidos a la justicia. Los imputados quedaron libres y el dinero no fue reintegrado al Estado.

6 Fraude en el Banco de Fomento Agropecuario (BFA). Entre los años 1995 y 1999, hubo un fraude en el BFA por un monto de 138.6 millones de colones (alrededor de 16 millones de dólares). Por el hecho fuero acusados el presidente del BFA, Raúl García Prieto y otros altos funcionarios del banco, a quienes se acusó de comprar el ingenio El Carmen por 59 millones de colones y sin poner dinero de garantía. También se les acusó de haber realizado la venta a través de maniobras financieras. Al ex presidente del BFA se le acusó de favorecer la negociación desde su cargo. La Cámara 2a. de lo Penal luego exoneró de cargos, en forma definitiva, a Enrique Rais, Ruth Salazar Campos, Héctor Cristiani, Luis Omar Cruz Guevara, Ricardo Rivera Villalta y Raúl Castellón Lemus, acusados por delitos de defraudación a la economía pública, negociaciones ilícitas y asociaciones ilícitas. García Prieto, quien fue condenado, estuvo prófugo.

7 Malversación en la Federación Nacional de Fútbol (FEDEFUT). En septiembre de 1999, la Corte de Cuentas anunció un faltante de fondos en la FEDEFUT por un monto de 35 millones de colones (unos 4 millones de dólares). El principal implicado era el expresidente de esa institución, Juan Torres. La Fiscalía emprendió una causa judicial. Demandó a los ex-directivos de la FEDEFUT por peculado, malversación de fondos, administración fraudulenta, falsedad documental agravada, negociaciones ilícitas, uso de documentos falsos y apropiación indebida. También demandó a dos funcionarios de la Corte de Cuentas por actos arbitrarios. Después de varios años de tratar el caso, el poder judicial exoneró a los implicados y cerró el caso. El Estado perdió el dinero.

8 Estafa de una institución financiera. En 1997 se detectó una estafa de 100 millones de colones (11.5 millones de dólares) de la empresa Crediclub, por la desviación de los fondos captados hacia actividades nunca esclarecidas. La empresa quebró y en julio de 1999 tomó 1,200 millones del BCR (138 millones de dólares) para cubrir el agujero financiero, al 1% anual y a 2 años plazo. En septiembre de 2001, el Juzgado 6o. de Instrucción de San Salvador liberó de responsabilidad penal a 18 personas acusadas de estafa y defraudación a la economía pública. La Corte Suprema de Justicia (CSJ), por medio de la Sala de lo Penal, reiteró el fallo de dos tribunales a favor de los procesados. El plazo de 2 años para pagar el préstamo del BCR expiró en el 2001, pero el BCR no ha recuperado plenamente el dinero público.

9 Fraude a la economía pública por parte de dos instituciones financieras. El 3 de julio de 1997, la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) intervino las sociedades financiera FINSEPRO e INSEPRO. La Fiscalía General de la República determinó que el señor Roberto Mathies Hill y otros miembros de las Juntas Directivas de dichas instituciones habían cometido el delito de defraudación de la economía pública, por un monto que podía llegar a 500 millones de colones (57.5 millones de dólares). El fraude consistió en que FINSEPRO, institución autorizada por la SSF, remitía a sus clientes hacia las instalaciones de INSEPRO, no autorizada por la SSF, la cual les prometía intereses más altos y seguridad en sus ahorros. INSEPRO captaba depósitos ilegalmente y daba a cambio cheques pagaderos en otros bancos, muchos de los cuales carecían de respaldo. El monto final del fraude fue estimando en 1,268 millones de colones. El estado asumió el pago de 700 millones a los ahorrantes (80.5 millones de dólares). Hill tuvo varios años preso, luego fue absuelto, pero el Estado no recuperó el dinero. En enero 1999, los accionistas del Banco de Crédito Inmobiliario (CREDISA), liquidaron la institución tras comprobar pérdidas por más de 72 millones de dólares. CREDISA fue adquirida por varios bancos privados. Pero como estaba quebrada, el BCR le inyecto 1,239 millones de colones (142.5 millones de dólares), mediante una línea de crédito con un interés anual de 1% y por un plazo de pago de 2 años. Hasta junio de 2007 se había cancelado el 18.9% del capital adeudado, a pesar de que el plazo de pago expiró hace seis años.

10 Licitaciones amañadas en el Ministerio de Obras Públicas (MOP). En los años 1998.-2001, el Ministerio de Obras Públicas realizó adjudicaciones de obras de forma amañada y aumentó los costos de construcción en un 70.8%, en las Carretera Litoral, de Pto. La Libertad hacia Acajutla, la Carretera El portezuelo-Atiquizaya-Las Chinamas-El Jobo y el Puente Cuscatlán. El monto adjudicado fue de 332 millones de colones (38 millones de dólares). Ninguna autoridad fue investigada ni sancionada por el hecho.

11 Malversación de recursos en el Ministerio de Hacienda. En 1999, la Secretaría Técnica de Financiamiento (SETEFE), adscrita al Ministerio de Hacienda, desvió 10 millones de colones (1.1 millones de dólares), que eran parte de un paquete de ayuda destinada a los afectados por la tormenta “Mitch” y que le fueron entregados a la Asociación de Productores Agrícolas (APROAS), integrada por ex patrulleros que sirvieron a la Fuerza Armada durante el conflicto armado. El desvío de fondos se hizo con la autorización del ex presidente Armando Calderón Sol, en plena campaña electoral y, según revelaron miembros de APROAS, con la petición expresa a los ex patrulleros de apoyar al candidato presidencial del partido ARENA en la elecciones de 1999, señor Francisco Flores. La UCA señaló que “a partir de las revelaciones que varios de los implicados han hecho a los medios de comunicación, una cosa puede darse por cierta: importantes figuras de ARENA hicieron una negociación política con los ex patrulleros, a sabiendas de que eran tales, para lo cual, a cambio de apoyo electoral, utilizaron recursos que no eran del partido. Y es que, independientemente de si se trataba de fondos propios del Estado o de fondos provenientes de la cooperación internacional, el punto es que esos recursos no eran patrimonio de ARENA, por lo cual no podían ser usados para comprar apoyo electoral.” El caso quedó en la impunidad, pues nadie fue investigado ni sancionado. El dinero quedó encubierto como gasto de la partida secreta de la Presidencia.

12 Fraude a la economía pública por parte de ONG y de institución pública. En 1999, la ONG progubernamental, PROCADES, desvió 40 millones de colones (4.6 millones de dólares) que una ONG sueca llamada Rada Barnen había aportado para un proyecto de viviendas para familias pobres. El desvío de fondos se hizo con la complicidad de las autoridades del Fondo Nacional para Vivienda Popular (FONAVIPO), que es una institución pública.12 El dinero se perdió y nadie fue capturado ni juzgado.

13 Tráfico de influencias y conflictos de intereses en el Ministerio de Economía. En el año 2000, el Ministerio de Economía permitió la importación, libre de aranceles, de desperdicios de pilas y otros insumos para la fabricación de baterías. La decisión la tomó el Ministro Miguel Lacayo, Presidente de la empresa “Baterías de El Salvador”, la única que fabricaba baterías en el país. El valor de las importaciones fue de 350 millones de colones (40.2 millones de dólares). Tal medida se aprobó sin el aval de la Asamblea Legislativa, que es el Órgano del Estado encargado de “decretar impuestos”.14 Tal medida, declarada inconstitucional por La Corte Suprema de Justicia, le ocasionó pérdidas de ingresos al fisco.

14 Robo de abono donado por el gobierno de Japón. En el año 2001, los medios de prensa informaron que se habían perdido 11,000 quintales de fertilizantes donados por el gobierno de Japón para los damnificados de los terremotos de ese año. La auditoria Interna del BFA determinó el hecho. El embajador japonés en El Salvador, Saburo Yuzawa, lamentó el robo e instó a la Policía y a la Fiscalía a que identificaran a los responsables. La Fiscalía determinó que el 23% de la donación había sido trasladada a las bodegas de la Unión de Importadores de Fertilizantes (UNIFERSA), de capital privado y en la que participan accionistas como el ex presidente Alfredo Cristiani y el ex ministro de Hacienda, Ricardo Montenegro. Sin embargo, el hecho quedó impune.

15 Irregularidades en contrato de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) con la empresa Nejapa Power. En el año 2000, el Superintendente General de Electricidad y Comunicaciones, Ernesto Lima Mena, señaló que las condiciones del contrato suscrito por la empresa estatal, CEL, con la empresa de capital estadounidense, Nejapa Power, colocaban al Estado en una situación desventajosa, pues para CEL implicaba un costo adicional de 215 millones de colones (24.7 millones de dólares) anuales por un período de 15 años, que era el plazo estipulado en el contrato. Funcionarios de CEL también dijeron que la venta de las generadoras térmicas de electricidad se hizo en condiciones ventajosas para los compradores, al extremo de que la CEL debe pagar hasta por la energía no producida en las plantas de generación térmica privatizadas. Los gobiernos no hicieron caso de esas denuncias.

16 Fraude a la economía pública en la Asociación Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). En el año 2003 se conoció que el presidente de ANDA, Carlos Perla, y otros funcionarios de esa institución, estaban involucrados en un desfalco de 875 millones de colones (100 millones de dólares), por manipulación en las licitaciones y contratos de la empresa autónoma. Perla huyó hacia Francia, donde fue capturado y devuelto a El Salvador. Actualmente enfrenta un proceso judicial. 16 Fraude a la economía pública y lavado de dinero por parte de empresa financiera.

17 El 19 de julio de 2004 se conoció el fraude cometido por los Inversionistas de Operaciones Bursátiles de Centroamérica (OBC), con un monto de 6.3 millones de dólares. La empresa realizó una captación ilegal de fondos y cometió irregularidades en el manejo y administración de las inversiones. Un total de 400 personas fueron estafadas. Uno de los socios fundadores de la empresa es Mauricio Sandoval, ex Director de la Policía Nacional Civil durante el gobierno de Francisco Flores. Hasta la fecha el caso se mantiene estancado en el juzgado Séptimo de Instrucción, debido a la fuga de los dos principales implicados.

18 Adjudicación ilegal de medicamentos por parte del Director del ISSS. En el año 2005, el Director del ISSS, Mariano Pinto, y el Consejo Directivo de esa institución incurrieron en el delito de Negligencia Administrativa, al adjudicar de manera irregular una licitación de medicamentos por 1.4 millones de dólares.19 El señor Pinto renunció, pero todavía la Corte de Cuentas tiene en sus manos el proceso. 18 Irregularidades en el Centro Nacional de Registro (CNR) En el año 2005, la Contraloría General de la República señaló irregularidad en el uso de poco más de 1 millón de dólares de un préstamo de 50 millones del proyecto “Chambita Medidor Fase I”, ejecutado por el CNR, cuando era dirigido por el actual Fiscal General de la República, Félix Garrid Safie. El préstamo se utilizó para contratar a varios funcionarios con altos salarios. También hubo irregularidades con las empresas encargadas del proyecto. La Corte de Cuentas está investigando. 

19 Irregularidades en el Ministerio de Obras Públicas (MOP).  En diciembre de 2006 se hizo público un informe de auditoria preliminar de la Corte de Cuentas, en el que se señalan irregularidades en las cuentas del MOP por 40.3 millones de dólares. También se mencionan procedimientos indebidos en licitaciones de caminos rurales y se habla de una falta de supervisión en obras calificadas como de “mala calidad”. Las irregularidades ocurrieron durante la ejecución del proyecto “Caminos Rurales Sostenibles fase I”, en el año 2004. El ex ministro de Obras Públicas, David Gutiérrez, tiene abierto un proceso en su contra por el caso. Los señalamientos de la Corte de Cuentas también incluyen a la gestión del ministro anterior, José Ángel Quirós. La Corte también tiene un proceso en juicio por el mismo proyecto de Caminos Rurales, por una auditoria del período que va del 1ro enero y al 31 de diciembre de 2005, donde se establecen 11 irregularidades en el manejo de más de 13 millones de dólares en la construcción de los tramos de las calles Chapeltique-San Francisco Gotera, Santa Elena-Jucuapa, La Cofradía-San Alejo y San Pedro Nonualco-Santa María Ostuma. Los montos involucrados Los recursos involucrados en los diferentes actos de corrupción señalados suman 1,206 millones de dólares. Hay otras defraudaciones a la economía pública por montos que el gobierno no ha querido divulgar. 

II. La corrupción privada 

Si bien la corrupción pública es grande, la privada es mayor y se expresa en la cuantiosa evasión de impuestos que hacen los grandes empresarios del país, sobre todo de los Impuestos sobre el Valor Agregado (IVA) y Sobre la Renta Neta Imponible (ISR), o sea, sobre la ganancia de los empresarios medianos y grandes, pues la micro y pequeña empresa no es agente de retención fiscal, es decir, ni cobra IVA ni se lo traslada a los precios. Como la mayoría de esos negocios operan en la informalidad pueden evadir algo del ISR, pero dado que son mayormente negocios de sobrevivencia (91% en el caso de las microempresas), es muy poco lo que obtienen y evaden de su renta anual.

1 Evasión del IVA El ex embajador de Estados Unidos en El Salvador, señor Douglas Barcaly, dijo, en octubre del 2006, que el gobierno salvadoreño solo recaudaba el 61.1% del dinero del IVA, que sólo en ese año sumó 1,308 millones de dólares. El señor Barcaly, defensor del gobierno y de los grandes empresarios salvadoreños, obtuvo la información a través de un estudio realizado por la embajada de Estados Unidos. Si el señor Barcaly tiene razón, al gobierno le faltó recaudar en el año 2006 el 38.9% del IVA, que sumaría 833 millones. Dicho de otra manera, en el año 2006, los grandes empresarios, que son los agentes de retención fiscal, o sea, los que le cobran el IVA al pueblo, se quedaron con 833 millones de dólares de ese impuesto, dinero que debieron entregarle al gobierno. El actual Ministro de Hacienda, William Handal, afirmó que la evasión del IVA es de 600 millones de dólares. La cifra, aunque menor a la ofrecida por Barcaly, es igualmente elevada.

2 Evasión de la renta empresarial. Sólo en el año 2006, el gobierno recaudó 788 millones de ISR, la mitad (394 millones) de renta empresarial. Si tomamos el dato que nos ofrece el señor Barcaly, quien habló de una evasión de 58.7%, el monto no pagado al gobierno sería de 560 millones de dólares. Esa cifra está subestimada, pues las empresas captan, en forma de ganancia, alrededor del 60% del PIB, que en el año 2006 sumó 18,653 millones. Eso indica que se quedaron con casi 11,200 millones de dólares del PIB. Y de acuerdo a lo que dice la Ley de Impuesto Sobre la Renta, debieron pagar el 25% de esa ganancia. Claro, hay empresas exentas de este impuesto, como las de zonas francas y otras. Pero a todas luces es claro que el pago de la renta debió ser mucho mayor que los 394 que entregaron y los 560 que supuestamente evadieron. La población trabajadora, a diferencia de los empresarios, no puede evadir el pago de la renta salarial, pues las empresas descuentan dicho impuesto antes de pagar los salarios.

3 Otros impuestos a las ventas y contrabando. Según el señor Barcaly, los grandes empresarios sólo pagan el 36% de otros impuestos a las ventas, como los aranceles, el Fovial, el Fosalud, que en total le dieron al gobierno 374 millone en el año 2006. El 64% restante, que sería la evasión, suma otros 665 millones.

4 La evasión total Sólo en el año 2006, año de este estudio, la evasión de impuestos por parte de los empresarios medianos y grandes fue de dos mil cincuenta y ocho millones de dólares : 833 de IVA, 560 de ISR y 665 de otros impuestos. En los 4 períodos de Arena en el gobierno, se ha evadido en renta empresarial e IVA, un total cercano a los 26 mil millones de dólares!

Lo que dice la ley acerca de la evasión de impuestos En el capítulo V del Código Penal, que trata sobre “Los Delitos Relativos a la Hacienda Pública”, se establece que “son delitos de de Defraudación al Fisco los siguientes”: “Evasión de impuestos y apropiación indebida de Retenciones o Percepciones Tributarias” El Código penal establece, en el artículo 249-A, que es evasor de impuestos quien “…omitiere declarar hechos generadores, o declarare costos, gastos, compras o créditos fiscales inexistentes (…) utilizando cualquiera de los medios siguientes : 1) No llevando libros o registros contables, especiales, auxiliares o legales que exigen las leyes tributarias; 2) Llevando doble o múltiple contabilidad o doble o múltiple facturación; 3) Declarando información falsa o inexacta; 4) Excluyendo u omitiendo declarar hechos generadores estando obligado a ello; 5) Destruyendo u ocultando documentos necesarios para la determinación de obligaciones tributarias; 6) No presentando tres o más declaraciones tributarias, habiendo realizado operaciones gravadas; 7) Declarando costos o gastos, compras, créditos fiscales u otras deducciones, hechos o circunstancias que no han acontecido; 8) Respaldando sus costos, gastos o compras en contratos falsos o inexistentes.

El Código Penal también establece que quien evada impuestos “será sancionado con prisión de cuatro a seis años, cuando el impuesto evadido corresponda al Impuesto sobre la Renta y la suma evadida fuere de trescientos mil a quinientos mil colones; y con prisión de seis a ocho años, si la evasión de impuestos excediere de quinientos mil colones.” El monto en dólares sería de 34,286 dólares y 57,143 dólares, respectivamente, cifras muy inferiores a la que suelen evadir los grandes empresarios. “Cuando el Impuesto evadido corresponda a impuestos que se declaran mensualmente y el monto evadido en dicho período tributario fuere de cien mil a trescientos mil colones será sancionado con prisión de cuatro a seis años.” “Si la evasión de los impuestos de carácter mensual excediere de trescientos mil colones en el período tributario, la pena será de seis a ocho años de prisión.” Aunque evadir impuestos es un delito establecido en el Código Penal, no se conoce de algún gran empresario que haya sido enjuiciado por esa práctica defraudadora de la hacienda pública.

III. Corrupción versus necesidades sociales 

El monto de la corrupción pública que hemos calculado durante los gobiernos de ARENA asciende a 1,206 millones de dólares. Si a esa cifra le sumáramos los 2,058 millones de dólares de la corrupción privada, sólo del año 2006, entonces tendríamos un monto de 3,264 millones sustraídos al erario público, valor superior a los 2,944 millones del Presupuesto Nacional del año 2007.

  • Si tomáramos en cuenta la evasión de impuestos de los últimos 18 años, no sólo del año 2006,estaríamos ante una cifra impresionante, seguramente mayor a los 26,000 millones! Con ese dinero, el gobierno no tuviera la deuda actual de 7,075 millones de dólares, por cuyo pago gastará este año 745 millones, equivalentes al 25% de sus gastos. •.Con los 2,058 millones de evasión de impuestos, el gobierno hubiese podido eliminar sus problemas financieros, tener superávit fiscal y cancelar buena parte de su deuda interna y externa, que entre los años 2004 y 2006 creció en 962 millones de dólares (16%), cifra mayor a los 831 millones de dólares de inversión en salud y educación programados en el Presupuesto del año 2007.

  • A lo anterior hay que agregar que esos recursos serían mayores cada año, pues el crecimiento de la producción, aunque no sea muy elevado, le proporciona más ingresos al gobierno en concepto de IVA, renta y otros impuestos.

  • Con 2,058 millones, el gobierno hubiese podido duplicar la inversión en salud (303 millones), en educación (526 millones), en obras públicas, transporte, vivienda y desarrollo urbano (53 millones), en medio ambiente (10 millones) y en agricultura y ganadería (35 millones). Y todavía quedarían 1,131 millones, que podría haber utilizado para construir 113 mil viviendas anuales de 10,000 dólares cada una, con lo cual en 7 u 8 años se huebiera erradicado el déficit de vivienda, que es de 537,000 unidades.

  • Con los 2,058 millones de dólares se hubiese podido eliminar, al mismo tiempo y en pocos años, el déficit de vivienda, el analfabetismo y la mortalidad infantil. • También se hubiese podido elevar el apoyo a la pequeña producción campesina y a las pequeñas y micro empresas, para reactivar la economía y reducir la creciente dependencia de alimentos importados. • Sólo con el 12% del monto de la evasión se hubiese podido subsidiar la mitad del costo de producción de todo el maíz y frijol que se produce en el país.

  • Con el 10% de dicho monto se hubiese podido construir muchas empresas públicas que procesen y comercialicen la producción de los pequeños y las pequeñas agricultoras.

  • Con la mitad de los 2,058 millones se hubiese podido triplicar la inversión real del gobierno (en obras y construcciones), es decir, se podría construir muchos caminos rurales y dotar de agua y energía eléctrica a buena parte de la población urbana y rural.

  • En fin, si el gobierno hubiera controlado la evasión de impuestos, hubiese podido desarrollar un amplio programa social, con énfasis en los sectores más excluidos : la niñez, las mujeres, la pequeña producción campesina y la pequeña microempresa. De esa manera se hubiese podido avanzar, rápidamente, en el cumplimiento de los objetivos del milenio, sobre todo en lo concerniente a la reducción de la pobreza y la promoción de la igualdad entre los sexos. 

Y podríamos seguir y seguir porque hay mucho más. Esto no es más que una pequeña parte del daño que Arena y su gente le han hecho al país y al pueblo, aquí el autor ha presentado las grandes líneas de la corrupción, sin haber mencionado, por ejemplo, "robos pequeños", como los 90 millones robados por Walter Araujo a los lisiados, o los $400 mil de la Secretaría de la Juventud.

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