Radiografía de Rodrigo Avila.

Simple incapacidad de Avila o "compadre hablado" con los malhechores?

Miguel A. Saavedra (Editorial El Independiente) http://www.semanariodigitalelindependiente.com/ El 30 de noviembre de 1995, se dio la orden de detención de alcaldes y funcionarios municipales de la zona oriental del país, por el jefe de la División de Dnvestigación Criminal de la Policía Nacional Civil, con instrucciones de su director Rodrigo Ávila. La orden de detención de los funcionarios se hizo efectiva el 10 de enero de 1996. Este caso fue del conocimiento de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante la interposición del recurso de Habeas Corpus, presentado por la defensa de los detenidos, argumentando que "los procedimientos de captura no eran apegados a derecho". Trece días después de la detención, el 23 de enero del mismo año, la Sala de lo Constitucional resolvió a favor de los detenidos, ordenando su inmediata libertad. La ruptura con las normas constitucionales, fue lo que provocó que se ordenara su libertad, ya que no podía aceptarse las capturas porque nuestra Constitución señala en el artículo 193, que corresponde a la Fiscalía General de la República dirigir la investigación del delito, en colaboración con la Policía Nacional Civil, en la forma que determina la ley. Carecía de legitimidad la orden girada, con exclusiva responsabilidad de la PNC, sin seguir el debido procedimiento que ordena el artículo antes apuntado. El tiempo transcurrido entre la fecha en que se dio la orden captura y en la que se hizo efectiva, dio suficiente tiempo para acudir a la Fiscalía, pues no se trataba de una situación de emergencia, ni un delito en flagrancia. Ante la resolución de la Sala de lo Constitucional, el entonces director de la PNC, Rodrigo Ávila, quien dio la orden de captura, dijo que "los volvería a capturar", a pesar de la resolución emitida. Sin embargo, esa sentencia emitida comenzó a abrir camino para que el director de la PNC, reconociera que no podía actuar sólo por sus antojos, irrespetando el orden constitucional establecido. La Sala de lo Constitucional tenía razón, le enmendó la plana a Ávila y construyó, como la Constitución lo ordena, que sea la debida investigación del delito lo que impere y no los caprichos del director. Otro ejemplo que podemos citar es el caso del señor Guth Zapata, en donde de igual forma se presentó un recurso de Hábeas Corpus, porque Rodrigo Ávila estaba imputando al señor Zapata de un delito que no era. El ahora candidato de ARENA tuvo que retractarse de sus declaraciones sobre el imputado. Más recientemente, el comerciante migueleño Domingo Saravia, presentó una demanda en contra de Rodrigo Ávila acusándolo de calumnias en su contra, al ser señalado por éste como patrocinador de un grupo de exterminio en San Miguel, y de ocultar en su casa de habitación al diputado suplente Roberto Silva, perseguido entonces por la justicia. Ávila fue absuelto por el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla, del delito de calumnia en perjuicio de Saravia, por aspectos técnicos en el procedimiento; sin embargo, hasta la fecha nadie ha probado que tales acusaciones hayan sido ciertas, a pesar de que Ávila lo acusó de estos delitos. Rodrigo Ávila, como director de la PNC, siempre anduvo acusando a unos y protegiendo a otros, según los intereses presentes. En sus inicios de director policial, cuando el asalto a un banco en pleno centro de la capital, se identificó a través de videos a Rafael Coreas, miembro de la antigua Policía Nacional, como uno de los asaltantes. Sin embargo, Ávila dijo “nadie ha dicho que (Coreas) es culpable, él está detenido por sospechoso”. Defendía a unos y arremetía contra otros, aún antes del tiempo de inquirir, de las 72 horas que dicta la ley; él quería detención inmediata para quienes acusaba deliberadamente. El discurso de Ávila y sus cercanos siempre fue crear leyes más duras, para ello fueron haciendo reformas y reformas a los códigos penales creados. Y en qué terminó todo eso? No obstante, en los momentos en que Ávila pedía endurecer leyes, se estableció que había 18 mil órdenes de captura pendientes de ejecutar, que la PNC, bajo su mando, no había realizado a pesar de tener los procedimientos de ley cumplidos. El recurso del amparo está contemplado en nuestra Constitución, como una garantía que tiene cualquier individuo cuando le han sido violados sus derechos constitucionales. Algunos miembros depurados de la PNC, pidieron amparo a la Corte Suprema de Justicia, por sus despidos, porque Ávila los despedía sin mayores consideraciones. Muchos ganaron los casos; pero Ávila dijo que “se estaban poniendo de moda los amparos y había que evitar que el órgano judicial impusiera policías indeseables”. Para evitar los amparos, estaban planificando el sistema de autodepuración policial, para que los amparos no operaran. Cuando un funcionario se aparta de la Constitución y del debido proceso y despide a alguien arbitrariamente, el ofendido tiene derecho al amparo. Y cuando Rodrigo Ávila se estaba apartando de este proceso, la Corte Suprema de Justicia admitió amparos en contra de Ávila; pero él quería que no funcionaran los amparos en cuestiones policiales. Alguien podría decir que esas son cosas del pasado. Ávila ya adquirió experiencia. Veamos: agosto del 2006, el juez de Opico calificó la investigación de ineficiente, por no poder establecer y probar una acusación contra pandilleros. Rodrigo Ávila aceptó que se cometió error en la investigación, pero que “el juez tuvo que haberse basado en el fondo de las acusaciones para detener a los procesados…” Si reconoció deficiencia en la investigación; entonces, cómo el juez iba a determinar detención, si no hubo méritos a partir de la investigación? Muchas veces el entonces director de la policía, aún sin conocer los casos, expresó opinión, queriendo influir en la decisión penal, argumentando que “necesitaba jueces valientes”. Los jueces que defienden la Constitución son valientes, porque saben que se tienen que enfrentar a todo el aparato de “seguridad”, incluyendo a los medios de comunicación de derecha que se suman a las posiciones del Ministro de Seguridad, al Director de la Policía y hasta a la del Presidente de la República. En una entrevista, Ávila dijo, textualmente : “sin tanta paja, yo quisiera instrumentos legales en la PNC, sin tanta babosada, sea del grado que sea, se va…” “Sin tanta babosada se va…” Por ello es que le interpusieron amparos y perdió los casos, por actuar fuera del marco legal y convertirse más en arbitrario, que en garante del Estado de Derecho de la Nación. REENVIA - IMPRIME - COMPARTE - HAZ PATRIA... .