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Señalado como el autor intelectual del asesinato del Arzobispo Romero (1980), denuncias del periodista uruguayo Samuel Blixen, conectan las actividades de los Escuadrones de la Muerte salvadoreños, el narco-tráfico y la base aérea de Ilopango. Nos permitimos transcribir algunos párrafos, los cuales pueden encontrarse en el artículo “El Doble Papel del Narcotráfico en el terrorismo de estado y la Democracia Militarizada”, cuyo autor es Samuel Blixen, un periodista uruguayo.
Buena Lectura!
LAS HUELLAS DE D’ABUISSON EN EL NARCOTRÁFICO
“En toda América Latina, y en un abanico de sectores que incluye partidos progresistas, iglesia y organizaciones sociales, la definición del narcotráfico como amenaza principal de los procesos democráticos alimenta fuertes sospechas, entre otras razones por los profusos antecedentes que vinculan la comercialización de drogas con la financiación de operaciones encubiertas impulsadas por la CIA y otros organismos estadounidenses ejecutores de políticas de seguridad nacional.
La definición de un enemigo común, transnacional y lo suficientemente peligroso, es vital para el soporte de una estrategia de hegemonía o de dependencia, según desde donde se lo mire. Como antes el comunismo, el narcotráfico definido como principal enemigo de los procesos democráticos, tiende a enmascarar la causa primera de la desestabilización latinoamericana: las profundas injusticias sociales y los niveles insoportables de marginación y pobreza que engendran las recetas económicas neoliberales.
Para llenar un vacío de la posguerra fría, el narcotráfico, que si puede ser considerado como una amenaza para los procesos democráticos por su carácter corruptor a nivel político y desarticulador a nivel social, asume el rol que “el comunismo” ocupó en los años 60 y 70 para justificar una política de intervención militar y de hegemonía económica.
Buena Lectura!
LAS HUELLAS DE D’ABUISSON EN EL NARCOTRÁFICO
“En toda América Latina, y en un abanico de sectores que incluye partidos progresistas, iglesia y organizaciones sociales, la definición del narcotráfico como amenaza principal de los procesos democráticos alimenta fuertes sospechas, entre otras razones por los profusos antecedentes que vinculan la comercialización de drogas con la financiación de operaciones encubiertas impulsadas por la CIA y otros organismos estadounidenses ejecutores de políticas de seguridad nacional.
La definición de un enemigo común, transnacional y lo suficientemente peligroso, es vital para el soporte de una estrategia de hegemonía o de dependencia, según desde donde se lo mire. Como antes el comunismo, el narcotráfico definido como principal enemigo de los procesos democráticos, tiende a enmascarar la causa primera de la desestabilización latinoamericana: las profundas injusticias sociales y los niveles insoportables de marginación y pobreza que engendran las recetas económicas neoliberales.
Para llenar un vacío de la posguerra fría, el narcotráfico, que si puede ser considerado como una amenaza para los procesos democráticos por su carácter corruptor a nivel político y desarticulador a nivel social, asume el rol que “el comunismo” ocupó en los años 60 y 70 para justificar una política de intervención militar y de hegemonía económica.
Así como el “narcoterrorismo” es una generalización burda para explicar los estallidos sociales, las rebeldías, las violencias y las insurgencias, el “narcotráfico” resulta una justificación fácil y cromada para el despliegue de las estrategias militaristas.
En ese sentido, el esquema que se reproduce en México guarda en su génesis grandes similitudes con la historia reciente de América Central, donde las estrategias de contrainsurgencia fomentaron la aparición de los grupos paramilitares, y los objetivos políticos desplegaron un terrorismo de Estado que no vaciló en acudir al narcotráfico como fuente de financiamiento.
La denuncia sobre la presencia de asesores militares argentinos operando con las fuerzas desplegadas en Chiapas, que a su vez revisaron como asesores en El Salvador, Honduras y Guatemala en la década de los 80, sugiere la supervivencia de un sistema de coordinación a nivel de inteligencia militar, de carácter secreto y clandestino, que amenaza con la reproducción de una "moral de la seguridad nacional".
La denuncia sobre la presencia de asesores militares argentinos operando con las fuerzas desplegadas en Chiapas, que a su vez revisaron como asesores en El Salvador, Honduras y Guatemala en la década de los 80, sugiere la supervivencia de un sistema de coordinación a nivel de inteligencia militar, de carácter secreto y clandestino, que amenaza con la reproducción de una "moral de la seguridad nacional".
Aunque oficialmente aún no se ha reconocido la responsabilidad institucional en el terrorismo de Estado que se expandió por América Latina, las investigaciones periodísticas y de organismos de derechos humanos han recopilado un cuerpo de información que revela la existencia de una trama continental de coordinación en la que el ejército argentino ocupó un papel protagónico en algunos de los episodios clave.
Hasta donde se ha podido confirmar, las relaciones entre los aparatos de inteligencia militar argentinos y los grupos de extrema derecha centroamericanos parten de los contactos realizados por la organización neofascista italiana Avanguardia Nazionale. El vínculo se fecha en épocas tan tempranas como 1973, cuando el terrorista italiano Stephano Delle Chiaie comenzó a operar en Argentina a nombre de la DINA chilena, la policía política del régimen de Augusto Pinochet, dirigida por el entonces coronel (hoy general procesado) Manuel Contreras.
Delle Chaie, que coordinaba sus actividades con el agente chileno (y presunto agente de la CIA) Michael Townley (condenado en Estados Unidos por el asesinato del excanciller Orlando Letelier) ofició de enlace con el salvadoreño Roberto d’Abuisson para las primeras misiones de asesoramiento. Hasta 1980, los asesores argentinos que se desplegaron en El Salvador y Guatemala e instruyeron a los grupos paramilitares en la modalidad de los secuestros extorsivos, como fuente de financiamiento de las operaciones clandestinas.
La relación entre narcotraficantes y paramilitares adquirió otra dimensión poco después del golpe de García Meza, tras los acuerdos del cuarto congreso de la Confederación Anticomunista Latinoamericana (CAL), filial de la World Anti-Comunist League (WACL), que se realizó en Buenos Aires.
Presidida por Suárez Masón, estuvieron presentes el presidente de la WACL, Woo Jae Sung, miembro relevante de la Secta Moon; representantes de la logia masónica italiana Propaganda Due, delegados del ex dictador nicaragüense Anastasio Somoza y de la organización terrorista anticastrista Alpha 66; el salvadoreño Roberto D’abuisson, el neofascista guatemalteco Mario Sandoval Alarcón y el terrorista italiano Delle Chiaie, entre otros. John Carbaugh, asistente del senador Jesse Helms, y Margo Carlisle, ayudante del senador James McClure, participaron como observadores.
Suárez Mason fundamentó la necesidad de desarrollar la lucha anticomunista en América Central, para contrarrestar al sandinismo triunfante”
La WACL aportó 8 millones de dólares para los gastos iniciales de un destacamento de asesores argentinos que se trasladó a Centroamérica. Según algunas fuentes, el dinero provenía de fondos secretos manejados por la CIA. El coronel argentino Josué Osvaldo Ribeiro, alias “Balita”, fue el responsable máximo de los destacamentos del Grupo de Tarea Exterior en Centroamérica. El teniente coronel Miori ofició de “correo”. Se le atribuye un rol fundamental en la instrumentación del tráfico de drogas que fluyó hacia El Salvador. La cocaína era transbordada en las bases de la Fuerza Aérea Salvadoreña en Ilopango, y derivada hacia Estados Unidos. Parte de la droga financió los Escuadrones de la Muerte, montados por el mayor d’Abuisson.
El detalle de las actividades argentinas en Centroamérica, su papel de coordinación y la forma en que fueron confluyendo los intereses de las dictaduras argentina y boliviana con los intereses del Consejo de Seguridad Nacional, fue complementado con la investigación del San José Mercury News, de Los Angeles, sobre la participación de la CIA en el ingreso de droga a Estados Unidos para financiar el suministro clandestino de armas a la contra.
Según dicha investigación, uno de los “ahijados” preferidos de los asesores argentinos, el coronel somocista Enrique Bermúdez, provocó el salto cualitativo en el flujo de dinero en grandes cantidades para la compra de armamento y pago de los mercenarios, cuando autorizó a dos conciudadanos, Danilo Blandón y José Norwin Meneses, a montar el esquema de tráfico de drogas utilizando la incipiente estructura de la FDN en Los Angeles.
La investigación reveló que la droga distribuida en Los Angeles (y a la que el San José Mercury News atribuye el origen del boom del crack entre la población negra) era depositada en las bases aéreas salvadoreñas y desde allí trasladada en avionetas hasta aeropuertos de Texas, con la protección de la CIA.
=Se presume que en fechas tan tempranas como 1982, George Morales, un traficante colombiano nacionalizado estadounidense, operó con los asesores argentinos en el contrabando de armas hacia El Salvador, con destino a la contra, en vuelos realizados con los aviones de su empresa de taxi aéreo Aviation Activities Corporation, de Miami. Los aviones eran autorizados por la CIA para regresar con cargamentos de cocaína, siempre que se donara un porcentaje para la contra. Morales declaró al abogado Jack Blum, asesor del Subcomité, que derivó unos cuatro millones de dólares.
Argumentos insostenibles
Si, como sugiere la “conexión argentina”, el vasto esquema del narcotráfico como fondo fiduciario de las operaciones encubiertas está intimamente vinculado a una estructura de coordinación de aparatos militares de inteligencia, las actuales propuestas de militarizar la guerra contra la droga quedan seriamente descalificadas en su objetivo explícito, por los vínculos y los compromisos anudados a lo largo de los años.
Tanto el narcotráfico como otras actividades delictivas llamadas “comunes”, fueron fundamentadas política e ideológicamente y asumidas en el marco de la impunidad que brindaban las dictaduras militares al terrorismo de Estado. No existen elementos que aseguren un cambio radical y efectivo en esa política; y la insistencia con que se impulsa el concepto de “narcoterrorismo” para fundamentar una estrategia contrainsurgente y de militarización en América Latina, más el recrudecimiento de la acción de grupos paramilitares, augura una pervivencia de aquellos marcos ideológicos y políticos.
Si, como sugiere la “conexión argentina”, el vasto esquema del narcotráfico como fondo fiduciario de las operaciones encubiertas está intimamente vinculado a una estructura de coordinación de aparatos militares de inteligencia, las actuales propuestas de militarizar la guerra contra la droga quedan seriamente descalificadas en su objetivo explícito, por los vínculos y los compromisos anudados a lo largo de los años.
Tanto el narcotráfico como otras actividades delictivas llamadas “comunes”, fueron fundamentadas política e ideológicamente y asumidas en el marco de la impunidad que brindaban las dictaduras militares al terrorismo de Estado. No existen elementos que aseguren un cambio radical y efectivo en esa política; y la insistencia con que se impulsa el concepto de “narcoterrorismo” para fundamentar una estrategia contrainsurgente y de militarización en América Latina, más el recrudecimiento de la acción de grupos paramilitares, augura una pervivencia de aquellos marcos ideológicos y políticos.
Máxime cuando, en términos generales, se verifica una incapacidad de las nuevas democracias para depurar los cuadros militares y policiales involucrados, por un lado, en violaciones a los derechos humanos, y, por otro, en episodios de narcotráfico, secuestros extorsivos y otros delitos “comunes”.
Carlos Juvenal: Buenos Muchachos. La industria del secuestro en Argentina.
Elisabeth Reimann: Confesiones de un contra
Martin Andersen: Dossier Secreto. El mito de la guerra sucia.
Michael Levine: La guerra falsa.
Jeffrey Robinson: The Laundrymen. CONADEP: Nunca más.
Claudio Díaz y Antonio Zucco: La ultraderecha argentina.
Juan Gasparini: La pista suiza.
Horacio Vebitky: La posguerra sucia.
Enrique Yeves: La contra, una guerra sucia.
Gabriel Pasquino y Eduardo de Miguel: Blanca y radiante.
Fredreric Laurent: L’orchestre noir.
Gustavo Sánchez Salazar: Barbie, criminal hasta el fin.
Juan José Salinas: “Los mercenarios”. “Contras y carapintadas”, en revista El Porteño, No.79. Semanario Madres de Plaza de Mayo, números 65 al 98.
San José Mercury News: “Crack plagues roots are in Nicaraguan war”, ediciones del 18, 19 y 20 de agosto de 1996.
Carlos Fazio: El tercer vínculo, editorial Joaquín Mortiz, México, 1996.
Leer historia política del crack:
1)http://www.voltairenet.org/article123470.html?var_recherche=crack?var_recherche=crack
Y usted qué opina?
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buen articulo, mas ahora que las chicasfresas21 a traves del judas jaleas estan intentando "limpiar" la memoria de ese asesino asi como lo hizo hace unos años a traves de la prensa grafica, pero ya todos sabemos para quienes trabajan los hermanos jaleas
ResponderEliminary todos / todas los que trabajan en esa revista, pisteada por el COENA... publicidad de SIMAN, puta, si cualquiera sabe que los turcos para que paguen publicidad debe caerse una casa y cuantimenos en un medio sin trayectoria... pendejos nos los centroamerica21...jeje
ResponderEliminarasesiiiinoooos ..!!!!
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