El cinismo de los corruptos y mafiosos

El abuso de las empresas transnacionales de la telefonía ha sido reconocido por ellos mismos, al proponer una disminución adicional en la tarifa del cargo de acceso, renta, cobro básico o tributo, a las millonarias ganancias obtenidas por concepto de conexión y consumo por llamadas hechas por los usuarios del servicio.

Hay dos temas  del ambiente político por comentar (hay muchos más, desde luego) surgidos desde la ambición desmedida y por la necesidad de mantenerse, a como dé lugar, en el espectro de las noticias: 

1- el insólito razonamiento de las compañías transnacionales de las comunicaciones;

2- la hipócrita propuesta del partido Arena, al presentar un plan antidelincuencia asesorado por Mauricio Sandoval y Rodrigo Ávila, dos de los responsables del crecimiento del crimen organizado, de la delincuencia común y, ciertamente, del descalabro policial.

El razonamiento de las telefónicas extranjeras

La decisión de la Asamblea Legislativa de eliminar el cobro básico de la telefonía fija fue ampliamente apoyada por la población, debido a que el mismo fue un “rezago” dejado desde 1997, cuando se privatizó la red nacional de telecomunicaciones. El cargo que se razonó entonces fue para que las compañías extranjeras “recobraran sus inversiones”. Han transcurrido más de diez años y las empresas se han visto beneficiadas con millones de dólares anuales debido al aumento en términos absolutos de esa cuota.

El pago fijo actual que los salvadoreños hacen por la línea telefónica es de $9.42, muy por encima de los dos dólares, por ejemplo, que cancelan los hondureños. El razonamiento de los mercaderes, de los sinvergüenzas, es que el cargo de acceso ya se cobraba desde antes de la privatización de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL). Si hacemos memoria, en 1997 los usuarios únicamente cancelaban tres colones por tal “derecho”; pero a partir del 2003, con los regímenes neoliberales de Arena, la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), ha permitido “hacer ajustes” a las tarifas, basados en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y en la tasa de devaluación de la moneda nacional respecto al dólar.

Con la entrada en vigencia de la Ley de Integración Monetaria, ya los cobros no se hicieron en colones sino en dólares, aumentando en consecuencia el pago de tal servicio, al igual que ocurrió con todos los servicios esenciales, los alimentos, la gasolina, la energía eléctrica, la educación, la salud, etc. Las compañías extranjeras han obtenido millonarias ganancias únicamente con la cuota fija o cargo de acceso, como se llama técnicamente. Aparte, cobran la conexión, las llamadas, el costo de los teléfonos, “el pago de red”, las tarjetas, el buzón de voz y tantas “innovaciones” que se les ocurren a los operadores de la telefonía. Por supuesto, en esta explotación exagerada a los salvadoreños tienen la aprobación y el apoyo irrestricto de las cúpulas empresariales y de personas sin escrúpulos, como el jurásico director de el diario de hoy.

De acuerdo con el razonamiento de las transnacionales de la telefonía, uno de los aspectos que “estaría en juego” a partir de la decisión que tome la Asamblea Legislativa por las observaciones del presidente de la república (se supone que se discutiría por parte de los diputados dejar como cuota fija $3.00 a $5.00; la propuesta del FMLN es abolir totalmente dicho pago), es la inversión extranjera en el rubro de las telecomunicaciones. Es decir, vuelven a amenazar con el retiro de sus inversiones, el recorte de personal y disminuir el acceso y la calidad del servicio. Además, y esto es una velada amenaza y una intromisión en los asuntos internos de la nación, hablan sobre los riesgos de la gobernabilidad y “la necesidad de mantener y garantizar la seguridad jurídica”.

Con tales razonamientos, las voraces empresas extranjeras, con el apoyo irrestricto de la canallada nacional, no abonan en nada al interés de las mayorías poblacionales, ni dan muestras de solidaridad en momentos de graves crisis económica y complicada situación socio-política. Por el contrario, únicamente están pensando en acrecentar sus fortunas, en amortiguar sus escasas inversiones y en mantener sus privilegios. Con la acertada medida de la Asamblea Legislativa no se está atentando contra el Estado de Derecho, ni violando la seguridad jurídica, la libertad de empresa y el derecho de propiedad. Por el contrario, se está beneficiando a miles de familias salvadoreñas que afrontan dificultades para el pago de servicios, la alimentación y la educación de sus hijos.

Por lo demás, es condenable la actitud y las amenazas de los apoderados de estas empresas, pues lesionan la dignidad de este pueblo y juegan con las leyes y esas mismas libertades que en distintas ocasiones dicen defender; pues si bien es cierto que el cargo de acceso se ha estipulado por una ley, la misma puede ser derogada por la Asamblea Legislativa, en pleno ejercicio de sus funciones y en acatamiento a las disposiciones de la Constitución; una medida tan popular, lejos de conspirar contra la gobernabilidad y la institucionalidad del país, lleva alivio y tranquilidad a millones de salvadoreños.

Propuestas areneras sobre la delincuencia

En cuanto a la hipócrita medida del partido Arena, de “contribuir a la seguridad del país” con la supuesta presentación de una propuesta para combatir la delincuencia, debemos recordar que son ellos los directamente responsables de la escalada actual de violencia, por haber creado y permitido la proliferación de pandillas, del crimen organizado, del contrabando, la corrupción -privada y pública- en todos los niveles, así como haber tolerado y avalado la evasión y la elusión fiscal. Al abandonar totalmente el agro y no generar empleos, también son los causantes de la crisis alimenticia y de la desintegración familiar. Todo eso sin mencionar las ventas de armas y las agencias de seguridad, empresas controladas por ellos, que los ubican en un total y descarado conflicto de intereses.

En veinte años de regímenes areneros, en este país surgieron nuevos millonarios y acrecentaron sus fortunas los miembros de la “argolla dorada”, como últimamente han confirmado destacados dirigentes que desertaron para fundar una nueva opción política. En contraposición, aumentó la marginalidad y se multiplicó la pobreza, según datos y estudios serios de organismos de las Naciones Unidas como la CEPAL y el PNUD. Además, los índices de desarrollo humano presentados anualmente, confirman tales cifras. Desde luego, no es necesario acudir a tales informes porque nosotros los salvadoreños nos damos perfectamente cuenta de nuestra triste situación política, social y económica.

Es censurable la oferta del partido Arena; pero es más ofensivo, cínico e hipócrita, nombrar a Rodrigo Ávila y Mauricio Sandoval como los asesores para presentar el plan antidelincuencia. Como dicho está, son los responsables directos del descalabro policial y de la proliferación de maras y grupos armados al margen de la ley, operando impunemente en diferentes zonas y regiones del país. Con ellos como directores se inició la corrupción en la institución y se detectó la colaboración o participación de agentes policiales en pandillas y en el crimen organizado. La “oferta” también se da en el marco de la crisis interna de Arena, de su segura extinción y de no contar ya con el respaldo del Estado para sus inconfesables abusos de poder. Sus dirigentes, con el tenebroso, aborrecido y repudiado Alfredo Cristiani a la cabeza, buscan por todos los medios encontrar una tabla de salvación, un pequeño agujero por donde continuar respirando y retardar su inevitable fin, una crónica de muerte ya anunciada.

Los dirigentes de Arena y sus cuadros intermedios, no tienen ninguna autoridad moral ni respaldo jurídico para “recomendar” o proponer planes antidelincuenciales al gobierno, por cuanto ellos mismos han formado parte de graves acciones de corrupción y permitieron que el crimen organizado penetrara las máximas instancias judiciales y policiales. Por lo demás, el combate a esta lacra social requiere otros ingredientes como la inteligencia, el refuerzo y la capacitación de los agentes involucrados, tareas muy alejadas y no del dominio de sujetos “cara dura”, como Ávila y Sandoval. De hecho, el gobierno no ha reparado ni tomado en cuenta tales ofrecimientos, a pesar de que el coro de “analistas” y “expertos” de la derecha, ya intentaron reforzar tal petición, exhortando a las autoridades de seguridad pública a tomar en cuenta la experiencia “acumulada” de antiguos funcionarios y ex directores policiales.

El panorama político, económico y social del país es complicado; ocho meses es muy poco tiempo para tener resultados definitivos, aunque en este corto tiempo ya se debió haber definido si se caminaría de la mano del pueblo. Sin embargo, es necesario y urgente tomar medidas drásticas y satisfactorias para beneficio de las mayorías poblacionales: una de ellas sería no oponerse a la eliminación del pago de la cuota fija de la telefonía; otra, reducir drásticamente la tarifa de agua potable, sobre todo a los sectores más vulnerables; tambien, no permitir el aumento a la tarifa eléctrica y, por supuesto, poner en marcha todos los programas globales en contra de la delincuencia y el crimen organizado. Y como siempre, desechar por cínicas “las propuestas” y “colaboraciones” del partido Arena, así como rechazar de plano las amenazas de las transnacionales y de las cúpulas empresariales que jamás estarán anuentes a apoyar planes de beneficio popular. Como siempre lo decimos: el gobierno debería apoyarse en el pueblo!

Pocote

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