En otros comentarios hemos afirmado que gobernar países como el nuestro no es tarea fácil, más sí los graves problemas heredados se complican y se profundizan. Los cuatro funestos regímenes areneros nada o muy poco hicieron para generar fuentes de empleo y, por el contrario, como se reconoce por todos, deliberadamente provocaron desempleo para obligar a un promedio diario de 500 compatriotas a emigrar hacia los Estados Unidos y otros países, en busca de las oportunidades que su propio país les negaba.
Lo mismo en la delincuencia común, el crimen organizado y el contrabando. Cuando Alfredo Cristiani asumió la presidencia de la república en 1989, los homicidios atribuidos a la delincuencia común llegaban a cuatro o cinco, según cifras de la Fiscalía General de la República. Con el gobierno de Armando Calderón Sol, aumentaron a siete y ya con Francisco Flores y Antonio Saca, se dispararon a doce y hasta 14 diarios. Los expertos en la materia atribuyeron a varias causas los homicidios y todos los hechos delictivos: la extrema pobreza, la falta de empleos, el aparecimiento de las pandillas y las maras (un fenómeno surgido en los Estados Unidos y trasladado a todos estos países), la falta de oportunidades para educarse de los jóvenes, la desintegración familiar y la nula preocupación de los gobiernos para atacar las causas estructurales y únicamente darle una salida policial a un problema con profundas connotaciones sociales.
En la actualidad, la actitud resentida de los núcleos derechistas con el gobierno del FMLN que por voluntad de las mayorías ganó las presidenciales del pasado 15 de marzo, no hace posible resolver parcialmente estos dos graves problemas heredados y causados por la negligencia e incapacidad de los regímenes areneros. Lo decimos porque la empresa privada no hace mayores esfuerzos por reactivar la economía ni cooperar abiertamente con los planes anunciados por el Ejecutivo para generar empleos y mantener funcionando con cierta normalidad el aparato productivo nacional, tanto del sector privado como el público.
De hecho, la única institución que ha mostrado apertura y apoyo a los programas gubernamentales, ha sido la Cámara Salvadoreña de la Construcción (CASALCO), quizás porque participarán en la construcción de viviendas populares en los próximos 18 meses. Por lo demás, tanto FUSADES, tanque de pensamiento de la oligarquía, como dirigentes de las cúpulas empresariales, lejos de expresar solidaridad y cooperación a las medidas anunciadas, se han dedicado a criticar y a exigir “reglas claras” y una “definición sobre el programa económico”. Es obvio que sobre el interés de las mayorías poblacionales priva el lucro desmedido y el interés mercantilista, verdadero rumbo de los capitalistas.
Los empresarios que intentan “boicotear” una decisión política más reformista y coyuntural que revolucionaria y estructural, con sus nocivas críticas, muy pronto tendrán que darse cuenta de que están “boicoteándose” a sí mismos y a sus clientes. Su resentimiento, sobre todo con el partido FMLN, adoptará formas más indirectas y sutiles, quizás más peligrosas, porque una oligarquía no acepta franciscanamente que la autoridad que fue su escudo y su lanza, recupere cierta independencia y de alguna manera la función reguladora, legalista, sin la cual deja de ser autoridad en términos constitucionales.
Como ya lo hemos adelantado en sendos comentarios, el tacto y la prudencia del nuevo gobierno no deberán aliarse con la debilidad ni aminorar la energía con la cual debe imponerse el respeto a la ley. Por eso creemos que bien orientados y respaldados con inalterable firmeza, los planes contra la delincuencia, pueden convertirse no sólo en una útil experiencia para desterrar la violencia en los próximos años y, sobre todo, manejar, con oficio político, los problemas de nuestra difícil convivencia actual. Por demás está decir que las presentes autoridades no contarán con la ayuda de los diputados y otros funcionarios del partido Arena (mencionemos al Fiscal General de la República y al Presidente de la Corte de Cuentas), así como con la colaboración de empresarios derechistas y reaccionarios acostumbrados a imponer su propia ley, y ésta ya sabemos es la que les otorga plenos poderes para acrecentar sus fortunas y hacer del Estado su particular hacienda o coto de negocios.
En la actualidad la plaga de las extorsiones mantiene ocupadas a las autoridades policiales; pero el Ministerio de Seguridad y Justicia debe actuar con sabiduría y no caer en la trampa de descuidar aspectos más de fondo, como los grandes asaltos, el contrabando y el crimen organizado. La delincuencia común se nutre de ellos y de la misma anarquía que provocan los sectores adversos al gobierno. Los dirigentes del partido Arena y sus patrocinadores, creen que el caos social y el culpar permanentemente al gobierno de no afrontar con fuerza y con medidas drásticas todos estos hechos que ciertamente están afectando a la sociedad, les procurará réditos en los próximos eventos electorales y que la población volverá a “tomarlos en cuenta” para dirigir los destinos de la nación.
Una vez más se equivocan, sus análisis son falsos, pues el pueblo salvadoreño conoce perfectamente cómo gobernaron durante veinte años este país y que son los responsables directos de la profundización de la delincuencia, del caos económico, del desempleo, del abandono de la agricultura, del deterioro ambiental y de la masiva migración de compatriotas hacia el exterior. De tal forma, que darles “una vez más la oportunidad” de gobernar no sólo es fatalismo sino una especie de construcción de patíbulos para posibilitar el suicidio colectivo de miles de salvadoreños.
Los planes contra la delincuencia puestos en marcha por el Ministerio de Seguridad y Justicia son correctos, pues se han centralizado los esfuerzos en municipios donde se registran más extorsiones, asaltos y homicidios. Desde luego, los resultados no se obtendrán a corto plazo, pero se está en el camino correcto y el bien se impondrá al mal, más temprano que tarde. Asimismo, mantener grupos policiales de vigilancia en las terminales y en el interior de los autobuses ayudará a este propósito. La dirección de la PNC también debe incrementar los patrullajes en todas las zonas críticas, pero hacerlo de manera permanente y con horarios precisos para que coincidan con el retorno de empleados y obreros a sus casas o a sus centros de trabajo. Los agentes policiales deben actuar con energía y decisión; pero con responsabilidad para no “justificar” la nulificación de los derechos ciudadanos; lo mismo con los patrullajes conjuntos con miembros del ejército para no dar a la capital y otras grandes ciudades, la imagen de urbes ocupadas por un ejército invasor. Como dicho está, todos estos planes no serán del agrado de todos los salvadoreños, sobre todo los que todavía añoran a los regímenes areneros, del mismo modo que no contarán con el apoyo de sectores retrógrados de la empresa privada que siempre exigen más y no colaboran ni siquiera con una “cora” para el combate frontal contra la delincuencia, un grave problema social que desde luego los afecta a ellos.
Pocote
En otros comentarios hemos afirmado que gobernar países como el nuestro no es tarea fácil, más sí los graves problemas heredados se complican y se profundizan. Los cuatro funestos regímenes areneros nada o muy poco hicieron para generar fuentes de empleo y, por el contrario, como se reconoce por todos, deliberadamente provocaron desempleo para obligar a un promedio diario de 500 compatriotas a emigrar hacia los Estados Unidos y otros países, en busca de las oportunidades que su propio país les negaba.
Lo mismo en la delincuencia común, el crimen organizado y el contrabando. Cuando Alfredo Cristiani asumió la presidencia de la república en 1989, los homicidios atribuidos a la delincuencia común llegaban a cuatro o cinco, según cifras de la Fiscalía General de la República. Con el gobierno de Armando Calderón Sol, aumentaron a siete y ya con Francisco Flores y Antonio Saca, se dispararon a doce y hasta 14 diarios. Los expertos en la materia atribuyeron a varias causas los homicidios y todos los hechos delictivos: la extrema pobreza, la falta de empleos, el aparecimiento de las pandillas y las maras (un fenómeno surgido en los Estados Unidos y trasladado a todos estos países), la falta de oportunidades para educarse de los jóvenes, la desintegración familiar y la nula preocupación de los gobiernos para atacar las causas estructurales y únicamente darle una salida policial a un problema con profundas connotaciones sociales.
En la actualidad, la actitud resentida de los núcleos derechistas con el gobierno del FMLN que por voluntad de las mayorías ganó las presidenciales del pasado 15 de marzo, no hace posible resolver parcialmente estos dos graves problemas heredados y causados por la negligencia e incapacidad de los regímenes areneros. Lo decimos porque la empresa privada no hace mayores esfuerzos por reactivar la economía ni cooperar abiertamente con los planes anunciados por el Ejecutivo para generar empleos y mantener funcionando con cierta normalidad el aparato productivo nacional, tanto del sector privado como el público.
De hecho, la única institución que ha mostrado apertura y apoyo a los programas gubernamentales, ha sido la Cámara Salvadoreña de la Construcción (CASALCO), quizás porque participarán en la construcción de viviendas populares en los próximos 18 meses. Por lo demás, tanto FUSADES, tanque de pensamiento de la oligarquía, como dirigentes de las cúpulas empresariales, lejos de expresar solidaridad y cooperación a las medidas anunciadas, se han dedicado a criticar y a exigir “reglas claras” y una “definición sobre el programa económico”. Es obvio que sobre el interés de las mayorías poblacionales priva el lucro desmedido y el interés mercantilista, verdadero rumbo de los capitalistas.
Los empresarios que intentan “boicotear” una decisión política más reformista y coyuntural que revolucionaria y estructural, con sus nocivas críticas, muy pronto tendrán que darse cuenta de que están “boicoteándose” a sí mismos y a sus clientes. Su resentimiento, sobre todo con el partido FMLN, adoptará formas más indirectas y sutiles, quizás más peligrosas, porque una oligarquía no acepta franciscanamente que la autoridad que fue su escudo y su lanza, recupere cierta independencia y de alguna manera la función reguladora, legalista, sin la cual deja de ser autoridad en términos constitucionales.
Como ya lo hemos adelantado en sendos comentarios, el tacto y la prudencia del nuevo gobierno no deberán aliarse con la debilidad ni aminorar la energía con la cual debe imponerse el respeto a la ley. Por eso creemos que bien orientados y respaldados con inalterable firmeza, los planes contra la delincuencia, pueden convertirse no sólo en una útil experiencia para desterrar la violencia en los próximos años y, sobre todo, manejar, con oficio político, los problemas de nuestra difícil convivencia actual. Por demás está decir que las presentes autoridades no contarán con la ayuda de los diputados y otros funcionarios del partido Arena (mencionemos al Fiscal General de la República y al Presidente de la Corte de Cuentas), así como con la colaboración de empresarios derechistas y reaccionarios acostumbrados a imponer su propia ley, y ésta ya sabemos es la que les otorga plenos poderes para acrecentar sus fortunas y hacer del Estado su particular hacienda o coto de negocios.
En la actualidad la plaga de las extorsiones mantiene ocupadas a las autoridades policiales; pero el Ministerio de Seguridad y Justicia debe actuar con sabiduría y no caer en la trampa de descuidar aspectos más de fondo, como los grandes asaltos, el contrabando y el crimen organizado. La delincuencia común se nutre de ellos y de la misma anarquía que provocan los sectores adversos al gobierno. Los dirigentes del partido Arena y sus patrocinadores, creen que el caos social y el culpar permanentemente al gobierno de no afrontar con fuerza y con medidas drásticas todos estos hechos que ciertamente están afectando a la sociedad, les procurará réditos en los próximos eventos electorales y que la población volverá a “tomarlos en cuenta” para dirigir los destinos de la nación.
Una vez más se equivocan, sus análisis son falsos, pues el pueblo salvadoreño conoce perfectamente cómo gobernaron durante veinte años este país y que son los responsables directos de la profundización de la delincuencia, del caos económico, del desempleo, del abandono de la agricultura, del deterioro ambiental y de la masiva migración de compatriotas hacia el exterior. De tal forma, que darles “una vez más la oportunidad” de gobernar no sólo es fatalismo sino una especie de construcción de patíbulos para posibilitar el suicidio colectivo de miles de salvadoreños.
Los planes contra la delincuencia puestos en marcha por el Ministerio de Seguridad y Justicia son correctos, pues se han centralizado los esfuerzos en municipios donde se registran más extorsiones, asaltos y homicidios. Desde luego, los resultados no se obtendrán a corto plazo, pero se está en el camino correcto y el bien se impondrá al mal, más temprano que tarde. Asimismo, mantener grupos policiales de vigilancia en las terminales y en el interior de los autobuses ayudará a este propósito. La dirección de la PNC también debe incrementar los patrullajes en todas las zonas críticas, pero hacerlo de manera permanente y con horarios precisos para que coincidan con el retorno de empleados y obreros a sus casas o a sus centros de trabajo. Los agentes policiales deben actuar con energía y decisión; pero con responsabilidad para no “justificar” la nulificación de los derechos ciudadanos; lo mismo con los patrullajes conjuntos con miembros del ejército para no dar a la capital y otras grandes ciudades, la imagen de urbes ocupadas por un ejército invasor. Como dicho está, todos estos planes no serán del agrado de todos los salvadoreños, sobre todo los que todavía añoran a los regímenes areneros, del mismo modo que no contarán con el apoyo de sectores retrógrados de la empresa privada que siempre exigen más y no colaboran ni siquiera con una “cora” para el combate frontal contra la delincuencia, un grave problema social que desde luego los afecta a ellos.
Pocote
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