18 de marzo de 2012

Ciudadanos estadounidenses exigen a su gobierno que pare de impulsar la militarización de la región centroamericana

 Un grupo de ciudadanos de los Estados Unidos presentaron la declaración siguiente a los medios de comunicación salvadoreños después de una reunión con representantes de su propio gobierno en la embajada estadounidense en San Salvador. Durante la reunión, presentaron cientos de firmas de sus compatriotas estadounidenses exigiendo un fin a la coerción política en El Salvador por medio de la cooperación económica y de seguridad. También exigieron que los recursos estadounidenses sean dirigidos hacia las soluciones de largo plazo que son promovidos por el movimiento social salvadoreño, incluso la prevención de la violencia y la seguridad económica, no al aumento de la militarización represiva.

Enviado por Alexis Stoumbelis (CISPES)
Washington, DC
San Salvador, El Salvador
16 de marzo 2012

"Hemos visto con preocupación creciente la actual tendencia de presión estadounidense para remilitarizar Centroamérica. Conocemos la historia vergonzosa de los Estados Unidos con respeto al financiamiento, a la capacitación, y a los mal-llamados analistas que apoyaron a las crueles dictaduras militares en la región, especialmente bajo la administración del Presidente Reagan. De hecho, este apoyo del gobierno estadounidense a las acciones represivas del gobierno salvadoreño fue la razón del por qué nuestra organización -CISPES, el Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador- haya sido fundada hace 30 años, para detener el millón de dólares que era enviado diariamente por los Estados Unidos para financiar los secuestros, las masacres, y las violaciones de derechos humanos que eran cometidos por las represivas fuerzas de seguridad del Estado salvadoreño y por los escuadrones de la muerte. Creemos ahora como creíamos en los años 80 que el uso del dinero y presión política por parte del gobierno de los Estados Unidos para dirigir las actividades de las instituciones de seguridad salvadoreñas, es una clara violación de la autonomía y la autodeterminación del Estado y del pueblo de El Salvador.


Recientemente, se han dado unos grandes cambios en el gabinete de seguridad que han dado como resultado la sustitución de  funcionarios pertenecientes al FMLN por funcionarios más dispuestos a cooperar con las nuevas iniciativas estadounidenses de seguridad. Según fuentes anónimas del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la sustitución del ex-Ministro Manuel Melgar fue una condición impuesta por los Estados Unidos para firmar el Asocio para el Crecimiento con El Salvador. Melgar fue sustituido por el General David Munguía Payes quién se graduó de la Escuela de las Américas, un instituto estadounidense de instrucción militar. El anterior director de la Policía Nacional Civil, Carlos Ascencio, también fue sustituido por un general militar entrenado en la Escuela de las Américas. Esta presión de los Estados Unidos para sustituir a Melgar y a otros funcionarios de seguridad representa una clara injerencia en las decisiones soberanas del gobierno de Mauricio Funes con el fin de promover la agenda de militarización de los Estados Unidos.

El Asocio para el Crecimiento, supuestamente un programa para el desarrollo económico, ha hecho poco más que plantear una serie de políticas de seguridad represivas. Además, somos conscientes de que la presión de los Estados Unidos para involucrar al ejército en la seguridad pública constituye una violación de la Constitución de la República y de los Acuerdos de Paz, firmados en 1992, que establecieron una administración civil de la policía salvadoreña. También somos conscientes de que la sociedad salvadoreña ha sufrido atrocidades innumerables cometidas por el ejército y otras fuerzas de seguridad del Estado durante y antes de la Guerra Civil. Consideramos que ahora va a haber una nueva afluencia de armas y un aumento en sus fuerzas policiales y militares mediante el financiamiento  de mil millones de dólares solicitado de los donantes internacionales por los Estados Unidos para su propia iniciativa contra el tráfico de drogas y las pandillas, llamada CARSI, la Iniciativa Centroamericana de Seguridad Regional.

Asimismo, los Estados Unidos han prometido unos 300 millones de dólares para esta nueva iniciativa. La Iniciativa CARSI se añade a otras iniciativas de seguridad financiadas por los Estados Unidos, como la ILEA, la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley ubicada en Antiguo Cuscatlan, El Salvador, que ha estado capacitando a la policía salvadoreña y a las policías de otros países latinoamericanos desde 2006 con un plan de estudios y con capacitadores que los Estados Unidos se niegan a hacer públicos. Desde nuestro punto de vista, los Estados Unidos están invirtiendo millones de dólares en programas militaristas que no van a solucionar las raíces del problema de seguridad que vive El Salvador, pues son esturcturales, como la desigualdad económica y la exclusión social que empujan a las personas a la delincuencia o a las pandillas para sobrevivir.

Según el gobierno de los Estados Unidos, la Iniciativa CARSI y la ILEA fueron diseñadas para combatir el problema del narcotráfico en Centroamérica. Sin embargo, la realidad es que el modelo actual de políticas estadounidenses supuestamente diseñadas para contener el flujo de drogas de América Latina a los Estados Unidos, como el famoso Plan Colombia y la Iniciativa Mérida en México, han sido completamente ineficaces para detener la llegada de las drogas al mercado estadounidense, a pesar de los siempre crecientes recursos financieros, militares, y logísticos.

La creciente militarización en América Latina ha dado lugar a un clima de más violencia y una cantidad sin precedente de victimas civiles. En México, se han perdido 40,000 vidas inocentes en la “Guerra contra las Drogas” financiada por los Estados Unidos. Los supuestos éxitos de esta “Guerra” como el Plan Colombia, sólo han conseguido empujar la producción y el tráfico de drogas hacia otros países. Los intentos para luchar contra el crimen organizado mediantes actividades militaristas como la operación "Rápida y Furiosa" y la peración “Wide Receiver”, sólo han tenido el efecto de aumentar la violencia en las comunidades donde se han desarrollado estas operaciones. Mientras el mercado más grande para las drogas ilícitas siga existiendo en los Estados Unidos y mientras se mantengan ilegales estas drogas, cualquier esfuerzo para combatir los narcotraficantes con estrategias militaristas en las Américas seguirá fracasando.

También tenemos dudas de que el verdadero propósito de estas iniciativas sea combatir el narcotráfico, las pandillas, y el crimen organizado. ¿De que otra manera se puede explicar que cuando el ex-Ministro de Seguridad Manuel Melgar pidió que la Agencia Anti-Drogas de los Estados Unidos –DEA– le entregara su lista de presuntos narcotraficantes, identificados por investigaciones de movimientos de grandes cantidades de dinero en sus cuentas bancarias, la DEA se negó furiosamente a compartir la información? Si realmente le interesa a los Estados Unidos capturar y procesar a los narcotraficantes y a las organizaciones de crimen organizado en El Salvador, ¿por qué no comparten la información básica que ayudaría al gobierno salvadoreño a capturar y procesar estos presuntos criminales?

La única conclusión posible para nosotros es que las políticas de Estados Unidos de lucha contra las drogas y contra las pandillas en América Latina corresponden a una agenda oculta, muy alejada de los objetivos declarados públicamente. En nuestra opinión, estas políticas han contribuido efectivamente a la creación de ciclos de violencia y desestabilización que han sido utilizados para justificar una militarización aún mayor, en beneficio de las políticas del gobierno de los Estados Unidos, las empresas transnacionales y los intereses transnacionales de las élites locales. Durante la última década, el poder de los Estados Unidos en América Latina, y más concretamente en América Central, un área de importancia estratégica, ha perdido intensidad. Con el pretexto de la “lucha contra las drogas”, los Estados Unidos han construido nuevas bases militares, han creado políticas propias y han establecido una presencia aún más fuerte en toda la región, en un intento de reafirmar su hegemonía y un acceso seguro a determinados recursos naturales y mercados de gran importancia. 

En el contexto de la crisis económica global, las corporaciones, ansiosas por ampliar sus beneficios, se han convertido también en los principales agentes interesados en el proceso de remilitarización, y estamos siendo testigos del auge de la industria de la seguridad privada y de cómo los  fabricantes estadounidenses de la industria de la guerra recibieron contratos por un valor que asciende al 80% de los millones de dólares en ayuda de los Estados Unidos para producir armas, suministros y formación destinados a la guerra contra las drogas.

Asimismo, la política de guerra contra las drogas que propone los Estados Unidos constituye también la infraestructura necesaria para reprimir los movimientos sociales y políticos que piden un cambio de modelo y de sistema. A medida que se profundiza la crisis económica, cada vez más personas pasan a engrosar las filas de la devastada mayoría de pobres y trabajadores, y luchan contra este estado de cosas. En lugar de librar la guerra contra la pobreza, la guerra de los Estados Unidos contra las drogas allana el camino para el uso de la fuerza para mantener y avanzar en las mismas políticas neoliberales que causan el gran malestar generalizado. De hecho, la ex secretaria de Estado, Condoleeza Rice, declaró públicamente que la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA) hará posible llevar a la práctica el acuerdo de Libre Comercio -TLC-. A raíz del éxito de las movilizaciones populares que derrotaron los intentos de privatizar la salud en El Salvador, el Departamento de Estado de los Estados Unidos desempeñó un papel decisivo en la redacción de una ley antiterrorista en El Salvador que tipifica como delito la desobediencia civil y la califica de terrorismo, en una copia de la Patriot Act (Ley Patriota de los Estados Unidos).

La derecha centroamericana también ha sido capaz de sacar provecho de los problemas de seguridad en su propio beneficio político. Durante los meses anteriores a las elecciones municipales y legislativas del pasado domingo en El Salvador, los medios de comunicación propiedad de la derecha salvadoreña bombardearon al público con imágenes sensacionalistas de asesinatos y violencia, aprovechándose del temor de la gente. Mientras tanto, ARENA hizo campaña con políticas de seguridad de “mano dura”, en línea con la agenda de guerra de los Estados Unidos contra las drogas, y con ello ganó las elecciones. Recientemente, el genocida general Otto Pérez Molina alcanzó la presidencia de Guatemala con esta misma plataforma, lo que indica el carácter regional de esta estrategia, que se ha extendido desde México.

Basándonos en el fracaso y la imperdonable mortalidad causadas por las políticas de mano dura militaristas formuladas, defendidas y financiadas por los Estados Unidos, hacemos un llamamiento al gobierno de los EE.UU. para que financie las políticas alternativas que han propuesto  los movimientos sociales salvadoreños y otros sectores de la sociedad civil. Algunas organizaciones, como por ejemplo FESPAD, han propuesto planes integrales para hacer avanzar El Salvador en la senda de una mayor seguridad económica y social a través de programas de prevención de la violencia y de rehabilitación de jóvenes y adultos. La delincuencia no se puede abordar adecuadamente sin resolver los problemas sociales y económicos subyacentes, y sin incluir opciones constructivas alternativas para los jóvenes.

Por otra parte, como ciudadanos de Estados Unidos, reconocemos que la justificación de la “guerra contra las drogas” es fomentada por los Estados Unidos y basada en la enorme demanda de drogas ilegales en nuestro propio país. Cada vez son más los dignatarios de América Latina que señalan que ninguna cantidad de programas anti narco podrá cortar el flujo de drogas a través de las Américas mientras se mantenga la demanda de drogas que existe dentro de los Estados Unidos.

Teniendo en cuenta los datos relativos a las políticas de Estados Unidos contra las drogas y contra la delincuencia, exigimos a los Estados Unidos que dirijan sus inmensas energías hacia programas económicos y sociales que los movimientos sociales y la sociedad civil consideran que constituyen las más altas prioridades de El Salvador. El gobierno y el pueblo de El Salvador son los únicos que tienen derecho a tomar decisiones con respecto a su país. Los Estados Unidos, como país que pretende representarse la democracia, deben respetar el derecho de El Salvador a tomar decisiones sin la coerción y la intimidación que ha caracterizado a la diplomacia de los Estados Unidos hacia El Salvador. Hoy nos hemos reunido con nuestra Embajada y hemos presentado una carta firmada por cientos de ciudadanos estadounidenses preocupados en la que hacemos las siguientes demandas:

-Que los Estados Unidos dejen de utilizar la cooperación económica y de seguridad, como por ejemplo el Asocio para el Crecimiento, para influir en las decisiones internas del gobierno salvadoreño; y
  
-Que los Estados Unidos pongan fin a la remilitarización de El Salvador y de la región en su “guerra contra las drogas” y pongan más empeño en la prevención y la rehabilitación, tanto en los Estados Unidos como en América Central.

Asimismo, somos también conscientes de que los Estados Unidos han utilizado algo más que medios militares en sus intentos de controlar El Salvador. En el pasado, nuestro gobierno ha recurrido también a formas económicas y políticas de intervención. En reconocimiento de esta realidad, hoy también hemos exigido que el gobierno de Estados Unidos no interfiera de ninguna manera en las elecciones presidenciales de 2014 y que en cambio haga pública una declaración de neutralidad, tiempo antes de estas cruciales elecciones, en la que declare su voluntad de cooperar igualmente con cualquier candidato que alcance la Presidencia de la República de El Salvador."

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1 comentario:

  1. Anónimo2:09 p. m.

    No se por que razon cispes comenta esto si ustedes son de la gente que tanto defiende a funes,todo lo que esta pasando es producto del gobierno central,o no son ustedes los que tanto lo an defendido,ahora si ya se convencieron que se equivocaron bien venidos por la unidad.

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