Boletín de prensa

Por la defensa de la constitución y la institucionalidad.

La llegada de cuatro nuevos Magistrados a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, fue, desde sus orígenes, causa de descontento de un grupo de Magistrados de las otras salas; en principio, por el hecho mismo de su nombramiento. Había quienes se consideraban con derechos adquiridos, con el derecho ganado para integrar la más importante Sala del máximo tribunal de justicia; a esto siguió el descontento por la limpieza administrativa que se llevó a cabo: se despidió a la persona encargada de recursos humanos, de quien todos sabían vendía las plazas, se enfrentó el nepotismo arraigado y aceptado con naturalidad y se erradicó el despilfarro, entre otras decisiones.

Ha sido evidente el fortalecimiento que ha tenido la Sala de lo Constitucional, al tomar la decisión de superar la mora judicial, resolviendo casos archivados, algunos desde el 2002; pero también en la Sala se hace gala de independencia judicial, de apego a los mandatos constitucionales, al margen de las presiones del poder. Una realidad inédita y, por ende, generadora de conmociones políticas.

Estas decisiones y estas novedades han traído consigo un desacuerdo permanente entre algunos Magistrados, especialmente entre un grupo de ellos que se han constituido en la retranca del adecuado funcionamiento de la Corte, impidiendo el desarrollo de las sesiones de Corte Plena con largas e injustificadas peroratas como mecanismo de impedir el cumplimiento de las agendas, boicoteando la aprobación de acuerdos necesarios para el funcionamiento interno, pero también de asuntos fundamentales como las extradiciones; se han dedicado a descalificar y a denunciar públicamente asuntos virtuales que no tienen forma de probar. Su objetivo, sin duda, es el deterioro de la institucionalidad judicial.



En este marco, la Sala conoce de una demanda de amparo contra la Corte Plena presentada en 2008 y le da trámite, la admite en consideración a que, de acuerdo a la Constitución, es la Sala de lo Constitucional la competente para conocer de los procesos de Amparo; pero, además, porque a excepción de uno de ellos que se excusó, ninguno de los otros había participado en los actos y decisiones de la Corte Plena que dieron lugar a la demanda de amparo en su contra.

Ante esta tramitación, la Corte Plena reacciona negando competencia a la Sala para conocer del caso, aduciendo que sus miembros del ente colegiado demandado, se han convertido en “juez y parte” en el caso concreto. Desde entonces, la Corte Plena ha seguido en un proceso de actuaciones jurídicas, llegando hasta la denuncia penal en la Fiscalía General de la República contra los cuatro Magistrados, interpuesta por 9 Magistrados de la Corte; una denuncia “sobre averiguar” pues no tipifican el o los supuestos delitos cometidos.

En esta realidad cabe preguntar a las y los miembros de la Corte Plena:

a) En el pasado, esa entidad también ha sido demandada en la Sala de lo Contencioso
Administrativo, caso que fue resuelto por los Magistrados propietarios de la Sala, tomando el cuidado que ninguno de ellos hubiere participado en la decisión causa de la demanda. La sentencia dictada ya se cumplió. ¿Qué hizo la diferencia en este caso? ¿Por qué en este caso no se atribuyó que actuaban como “juez y parte”?

b) La Sala de lo Constitucional está integrada por sus miembros propietarios y suplentes; llamar a los suplentes, en el razonamiento de la Corte Plena, no resuelve el inconveniente, pues también caerían en la situación que ahora denuncian. ¿Quiénes deben resolver entonces en la lógica de los denunciantes?

La denuncia penal presentada, no es más que otro eslabón del proceso desestabilizador de la Corte Suprema de Justicia que algunos Magistrados han puesto en marcha; sin duda que sus objetivos son oscuros y abyectos, no buscan fortalecer al Órgano Judicial, sino debilitarlo y someterlo a sus intereses personales y a los de otros con mucho poder. Es claro que la independencia judicial causa escozor a algunos y, en consecuencia, la rechazan.

En consideración a lo anterior, las organizaciones que suscribimos, DEMANDAMOS:

1. De las señoras y los señores Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, su total apego a sus responsabilidades constitucionales, absteniéndose de sobreponer ilegítimos intereses personales o de grupos de poder en sus actuaciones.

2. Al señor Fiscal General de la República, poner su máximo empeño en este caso, con total apego a lo que manda la Constitución, evitando plegarse a los oscuros intereses que están motivando esta denuncia, procediendo de inmediato al archivo de la misma.

3. A las y los Magistrados honestos y responsables de la Corte Suprema de Justicia, a dar inicio de inmediato a una profunda revisión de las causas de la crisis institucional en que está sumido el máximo tribunal de justicia, identificando a los responsables de la misma; no vaya a ser que el silencio y sus legítimos temores les hagan también responsables de las graves anomalías que se dan en ese ente colegiado y que son ya del conocimiento popular.

A los cuatro Magistrados de la Sala de lo Constitucional, nuestro total respaldo y reconocimiento; deben tener la certeza de que cuentan con el apoyo de la población honrada de El Salvador, la que busca justicia pronta y cumplida, la que aspira al funcionamiento de las instituciones como manda la Constitución, la que aspira a que las y los funcionarios sean servidores públicos y no que se sirvan a su antojo del poder.

San Salvador, 8 de abril de 2011

Asociación de Capacitación e Investigación para la Salud Mental, ACISAM; Centro para la Defensa del Consumidor, CDC; Concertación por la Paz, la Dignidad y la Justicia Social; Coordinación Ecuménica de la Iglesia de las y los Pobres en El Salvador, CEIPES; Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD; Fundación Hermano Mercedes Ruiz, FUNDAHMER; Fundación Salvadoreña para la Reconstrucción y el Desarrollo, REDES; Instituto de Derechos Humanos de la UCA, IDHUCA; Instituto de Estudios de la Mujer “Norma Virginia Guirola de Herrera”, CEMUJER; Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer, IMU; Unidad Ecológica Salvadoreña, UNES; Asociación de Desarrollo Económico Social – Santa Marta, ADES; Movimiento Unificado Francisco Sánchez-32, MUFRAS-32.

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