Evaluación del Plan Quinquenal de Desarrollo (PQD)

Por Diana Barahona

Lo que sigue es mi propia evaluación del Plan Quinquenal de Desarrollo. Comienza con un resumen de los problemas económicos que el país enfrenta, luego sigue el diagnóstico hecho por el PQD. Finalmente, mi análisis de los objetivos y las estrategias que propone.

Descripción de los problemas económicos.

Estos son los índices económicas más significativos:

1. Crecimiento bajo e inestable
 
2. Un déficit comercial entre los más altos en el mundo (de -$1300 millones en 1997 hasta casi -$4000 millones en 2010); También un déficit en la balanza de pagos (ha subido de -$97.7 millones en 1997 hasta -$311 en 2009).
 
3. Una falta de empleo e ingresos para amplios sectores de la población, en un contexto de acelerada urbanización
 
4. El deterioro apreciable del poder adquisitivo
 
5. Una marcada terciarización de la economía: en lugar de articularse una economía productiva se ha consolidado una economía de servicios y de comercio (el aporte de los servicios representa el 63% del valor agregado bruto)
 
6. El consumo privado representa un porcentaje excesivo del Producto Interno Bruto. Este consumo no se basa en la producción sino en las remesas familiares y en el crédito al consumidor.
 
7. Excesiva dependencia de las importaciones, que son cubiertas por las remesas familiares. Las importaciones totales representaron el 34.4% del Producto Interno Bruto en 2009.

El PDQ omite otro índice importante, que es la deuda externa. Esta sumaba $10174 millones en 2009, representando un 47.5% del PIB.
 

Diagnóstico

De acuerdo con el PQD, estos problemas económicos se deben a la inviabilidad del modelo económico de los gobiernos anteriores. Bajo este modelo:

“El país no se insertó de forma adecuada en el sistema económico mundial, debido a su fracaso en configurar un sector exportador dinámico y diversificado que genere divisas suficientes para asegurar la estabilidad macroeconómica y para cubrir las importaciones requeridas por el aparato productivo”.

El plan afirma que los problemas con el sector exportador radican en que “las exportaciones totales como proporción de la producción nacional se han mantenido estancadas y el grueso de las ventas al exterior está compuesto por unos pocos productos con bajo valor agregado”.

De acuerdo con el PQD, el modelo anterior “tampoco ha logrado reducir de forma sostenida la pobreza y la desigualdad. Esto se debe, en parte, a su poca capacidad para hacer que la economía crezca a un ritmo elevado y permanente por encima del crecimiento poblacional y, también en parte, debido a la baja inversión social y a la ausencia de una política social integral de carácter universal que permita redistribuir los frutos del crecimiento”.

Lo único que ha mantenido a flote una economía tan desequilibrada son las remesas familiares: “Durante 1990-2009 las remesas proporcionaron divisas por casi 40 mil millones de dólares, y desempeñaron un papel fundamental en la estabilidad cambiaria y monetaria del país, así como en la estabilidad social”.

El plan resume los problemas del modelo anterior de la siguiente manera “En el ámbito socioeconómico el país enfrenta un escenario trascendental que la crisis económica internacional ha puesto en evidencia la inviabilidad del actual modelo económico y social que basa su competitividad en la existencia de salarios bajos, en las inequidades de género y en la ventaja temporal que supone el acceso a prebendas otorgadas por el Estado. Este modelo se caracteriza además por su incapacidad de generar crecimiento elevado y sostenido y de distribuir equitativamente sus frutos. La fragilidad macroeconómica y financiera del país, que tiene su fundamento en el flujo de remesas familiares de la población salvadoreña que vive en el exterior y en la inserción internacional precaria que se apoya en la exportación de unos pocos productos con bajo valor agregado, que a su vez son exportados a un reducido número de mercados, es otra particularidad del modelo.

Análisis

El PQD califica al modelo económico anterior de “neoliberal”, queriendo hacer entender que el nuevo modelo que presenta es distinto. Respecto a esto dice que “el desencadenamiento, la profundidad y el alcance de la crisis económico-financiera internacional han producido otro hecho histórico relevante: la crisis y el descrédito del paradigma neoliberal que sirvió de fundamento ideológico y conceptual de las distintas estrategias económicas implementadas en las últimas dos décadas en la mayor parte del mundo”. Hay dos falsedades en esta declaración. La primera es que sea la actual crisis económica que ha producido “la crisis y el descrédito del paradigma neoliberal”. El descrédito del neoliberalismo nace con su implementación a finales de los ’80. El Caracazo, una temporada de protestas y motines populares que ocurrieron en Venezuela en 1989, fue una reacción popular a las políticas neoliberales que imponía en esos años el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Las protestas fueron brutalmente reprimidas, y esto dio lugar a que Hugo Chávez y tres militares más intentaran un golpe de estado en 1992, y que esto fuera recibido con agrado por amplios sectores de Venezuela.

La segunda falsedad de la declaración es una de omisión. Dice que el neoliberalismo “sirvió de fundamento ideológico...en las últimas décadas en la mayor parte del mundo”, pero omite señalar quienes fueron los agentes que impusieron las políticas basadas en esta ideología. Esta omisión es importante porque estas instituciones, que respondían a las ordenes de la clase capitalista transnacional, son las mismas que hoy avalan y financian el PQD. Son las instituciones del gobierno de los EEUU, comenzando con el Departamento de Estado y principalmente la USAID. Pero igualmente importantes son las instituciones financieras transnacionales: el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Regional de Integración Centroamericana (BRIC). Estas financieras todavía llevan a cabo las políticas que requiere el capital transnacional que, por estar desvinculado de países particulares, abarca a inversionistas de todos los países, incluso algunos de El Salvador (Alfredo Cristiani es uno que se beneficia del PDQ). Los inversionistas que más ganancias sacarán de las represas hidroeléctricas contempladas en el plan son del banco japonés, EXIMBANK. También se benefician los dueños de las maquiladoras, sin importar su país de origen. Otra vez, son una sola clase capitalista sin país alguno.

En El Salvador, los requerimientos de la clase capitalista transnacional se expresan a través de la gremial FUSADES, creada por la USAID en 1983. De hecho, el concepto de un plan macroeconómico para cada lustro presidencial fue inventado por FUSADES, que presentó su primer PQD durante el gobierno de Duarte en 1985. Este plan fue una respuesta a los intentos del gobierno de hacer un proyecto redistributivo, basado en el modelo de la industrialización basada en la sustitución de importaciones. FUSADES argumentaba que “el modelo económico existente en ese momento, basado en el proteccionismo, se había agotado y que era urgente cambiarlo y promover la apertura a un modelo de economía libre de mercado”.

La historia de FUSADES relata que la organización “ha ofrecido varios aportes a la sociedad salvadoreña; pero el principal ha sido la elaboración de cuatro estrategias quinquenales de desarrollo económico y social, de las cuales se han derivado innumerables políticas públicas, que los distintos gobiernos han adoptado a sus planes para desarrollar sus políticas públicas, durante los últimos 20 años”. De hecho, fue FUSADES que venía insistiendo en un plan quinquenal desde la toma de posesión de Funes. Una vez elaborada, manifestó su complacencia con él (La Prensa Gráfica, “Ejecutivo le apuesta a reconversión agropecuaria en el quinquenio: FUSADES, CASALCO y otras apoyan planteamiento general del plan”, 02 marzo 2010).

Más significativo es el apoyo que tiene de parte de las instituciones financieras transnacionales. En la página 96 del plan, dice lo siguiente: “La política fiscal del gobierno de la república está respaldada por el acuerdo Stand-by suscrito con el Fondo Monetario Internacional para el período 2010-2012, que se constituye en un instrumento de garantía ante los mercados financieros e inversionistas. Dicho acuerdo está en total concordancia con el Plan Quinquenal de Desarrollo y reafirma el compromiso del presidente Mauricio Funes y su Gobierno con la estabilidad macroeconómica y con el manejo responsable de las finanzas públicas”. Al mismo tiempo, debido a la falta de recursos fiscales del gobierno, todos los gastos contemplados en el plan serán financiados con un préstamo del BID por mil millones de dólares.

Puesto que el plan ha sido orientado por la misma clase capitalista transnacional y sus órganos institucionales que declararon difunto el modelo del desarrollo nacional y calificaron la redistribución como anticompetitivo, un impedimento al crecimiento, ¿Cómo es posible que este plan afirme que un problema del modelo, al que llama “neoliberal”, es una falta de políticas sociales redistributivas y la necesidad de promover la sustitución de importaciones (“Aumentar de manera sostenida la producción nacional para el consumo interno, para la exportación y la sustitución eficiente de importaciones y disminuir la dependencia del país de las importaciones de alimentos y de productos agroalimentarios” p. 52)? ¿Y cómo es posible reconciliar estas políticas del modelo del desarrollo nacional con las estrategias que plantea para aumentar las exportaciones, construir megaproyectos, hacer que el país sea más competitivo, atraer la inversión extranjera y lograr una “inserción adecuada” del país en el sistema económico global?

La respuesta es que no se pueden reconciliar estas contradicciones. A continuación se resumirán las estrategias más importantes del plan, demostrando que no representan una ruptura con el neoliberalismo, sino su continuación por otro nombre.

Objetivos del PQD

Consulté el PQD con el economista Minqi Li, profesor de la Universidad de Utah. Él resalta sus principales objetivos económicos:

“Esencialmente, el plan espera lograr lo siguiente:

* En el término próximo, estabilizar las finanzas públicas a través de préstamos de las instituciones internacionales

* Usando los préstamos internacionales y un reordenamiento de los gastos públicos, proveer un poco más de servicios públicos a los pobres (viviendas, etc.)

* Eso, junto con alguna ampliación en la inversión pública, tal vez mejore los ingresos y mejore un poco el mercado doméstico

* Con la expansión del mercado doméstico, eso puede estimular el crecimiento de la industria doméstica, reduciendo las importaciones y por lo tanto mejorando el balance comercial

* A través de la inversión en la infraestructura pública (el poder hidroeléctrico, los puertos, etc.), puede mejorarse la competitividad de las exportaciones. El plan habla de promover la innovación técnica, pero del dicho al hecho, largo trecho. Con mayor competitividad, eso puede llevar a unos ingresos más altos de las exportaciones.

* Hacia el final del período de planificación, ojalá que haya un mejor balance comercial, se mejoren las finanzas públicas porque se derivan mayores ingresos de una economía que crece rápidamente. También se habla de luchar contra la evasión fiscal. Eso puede ser sólo una retórica vacía, o si hablan en serio podría ser políticamente riesgoso.

Respecto a sus apuestas de estimular la demanda interna mediante la inversión social y la sustitución de importaciones, el Dr. Li dice que eso es el modelo estructuralista que se promovía a mediados del siglo XX. Para este modelo se requieren varios factores:

1. El estado emprenderá políticas de sustitución de importaciones, para fomentar la sustitución de las industrias domésticas por las importaciones, para reducir la dependencia al mercado mundial y promover el desarrollo doméstico en las áreas de más valor agregado.

2. Relacionado al primer propósito, para fomentar la industria doméstica, se requiere una expansión rápida del mercado interno. Para este propósito, se necesita levantar el ingreso y el consumo de la población doméstica. Por lo tanto, la estrategia de la sustitución de importaciones a menudo se acompaña por una alianza política entre la clase capitalista nacional y la clase trabajadora urbana.
 
3. Dada la debilidad de la clase capitalista doméstica en el área industrial, el estado a menudo tenía que desempeñar un papel rector en el “desarrollo nacional”. En los años 1950, esto requería que el estado controlara las llamadas industrias estratégicas, tales como la energía, el transporte y algunas industrias pesadas.

El Dr. Li dice a continuación: “Con respecto al plan salvadoreño actual, para empezar, el contexto histórico-mundial ha cambiado, y ya no favorece el tipo de desarrollo nacional que se buscaba a mediados del siglo XX. Incluso bajo las mejores condiciones, el gobierno sólo podría llevar a cabo políticas estructuralistas efectivas dentro de una alianza con varios otros países, tal vez más grandes. Una posibilidad es que pueden unirse a la alianza política de Venezuela, Cuba, Bolivia y Ecuador”. Huelga señalar que el gobierno de Funes ha rechazado categóricamente tal alianza.

Respecto al objetivo de transformar la estructura de exportación, el Doctor Li dice que por ser un país pequeño, “probablemente hay muy poca esperanza de que se transforme fundamentalmente el estructura de exportación a pesar de lo que dice el plan acerca de la intención de mejorar el valor agregado de las exportaciones”.

“Globalmente, el plan actual pretende lograr cierta reforma social y económica sin cambiar fundamentalmente las relaciones capitalistas y sin perjudicar gravemente los intereses de los élites. Pero el gobierno tiene herramientas políticas muy limitadas para lograr esto”.

Resumiendo su evaluación, el Dr. Li dice, “El plan entero depende mucho de cómo la economía mundial se desempeñe en los próximos años. Si la economía mundial está en auge, con suerte el plan puede ser exitoso en los siguientes aspectos: (a) crecimiento económico más rápido; (b) mantener en el poder al gobierno de centro-izquierda; (c) alguna mejora marginal en la calidad de vida para la mayoría de la población. Si la economía mundial está otra vez en recesión, entonces todo el plan se acabó. A largo plazo, básicamente no logrará nada por las limitaciones básicas: (a) el mercado mundial; (b) la posición periférica de El Salvador; (c) ningún cambio en la estructura económica/política del poder dentro de El Salvador”.

Efectivamente, el gobierno de Funes tomó la decisión muy temprano de dejar a El Salvador en su condición de subordinación al capital transnacional y al país que defiende sus intereses: los Estados Unidos. Como dice el Dr. Li, la única manera de llevar a cabo un modelo de desarrollo nacional sería uniéndose al ALBA; de lo contrario, el país tendría que quedarse a la merced de la economía de los EEUU. Por lo tanto, el PQD es una apuesta a que la economía de los EEUU se reponga pronto, y que esto contribuya a la recuperación en El Salvador. ¿Cuál es la probabilidad de que haya una recuperación económica? El director ejecutivo de FUSADES, Álvaro Ernesto Guatemala, dijo en julio del año pasado que lo peor de la crisis financiera ya había pasado y que el país se estaba acercando a un proceso de estabilización, aunque los efectos de recuperación se harían sentir en el país con un retraso. Pero no expresaba mucha confianza al respecto:

“Nosotros hace un par de meses hicimos un análisis económico, sobre algunos escenarios fiscales que se pueden dar. Por supuesto, uno de los escenarios más pesimistas es que habrá un decrecimiento del 1 ó 2% para este año. El FMI (Fondo Monetario Internacional) está dando un decrecimiento del 1 ó 2% y que puede haber una nivelación a finales de año y el próximo año, por lo menos que la economía no siga decreciendo, pero eso dependerá de muchos factores externos”.

Si la recuperación económica de El Salvador, y el éxito del PQD, dependen de pronósticos tan poco convincentes, ¿Qué se va a hacer en el caso de no materializarse una estabilización? ¿Acaso hay un plan supletorio para esta eventualidad?

Otro factor que hay que tomar en cuenta es que estas prescripciones del capital transnacional (principalmente el financiero) sean encaminadas a beneficiarles a ellos sin importar si perjudican al pueblo. Comentaré más sobre este aspecto a continuación.

A los aportes del Doctor Li, sólo agregaría que para que haya desarrollo nacional, se necesita una clase capitalista nacional. Pero desde 1985 la clase capitalista nacional empezaba a desaparecerse, hasta que hoy, casi todas—si no todas—las empresas grandes son transnacionales. Al gobierno le falta dinero para el desarrollo nacional porque el sector privado tiene más poder que el gobierno, y usa este poder para evitar pagar impuestos e impedir reducciones de las cuotas que cobran a la gente. En la página 95 el plan reconoce cómo la globalización facilita la evasión fiscal y propone “internacionalizar el sistema tributario, y para ello habrá que adecuar el marco jurídico al contexto de las prácticas de la globalización económica, puesto que estas escapan al alcance del sistema impositivo nacional y esto es aprovechado para realizar acciones de elusión y evasión fiscales”. Si el gobierno de El Salvador no tiene el poder para imponer reformas tributarias en su propio país, menos tiene para imponer reformas internacionales.

Este detalle resalta otra vez que la globalización es la causa de los problemas socioeconómicos y no la solución. La globalización y sus reformas neoliberales ha disminuido al estado hasta tal grado que éste no tiene el poder de regular las empresas transnacionales. Más bien, son las transnacionales y sus instituciones (el FMI, el Departamento de Estado, el Banco Mundial, FUSADES) los que dan órdenes al estado.

Los megaproyectos para ampliar la exportación

El plan se propone “Convertir El Salvador en el líder de la integración centroamericana y en un importante centro logístico y de servicios regionales. En concordancia con esto el gobierno de la república se compromete a abanderar la promoción de la integración centroamericana desde una perspectiva integral, a avanzar en la unión aduanera, a modernizar el sistema de puertos y el sistema de transporte público y a ampliar y mejorar la red vial del país y la infraestructura económica mediante alianzas público-privadas” (p. 49). Hay que aclarar que la “integración centroamericana” no el la misma que se intentó realizar en los años ’60, que era parte del modelo de desarrollo nacional y de industrialización basada en la sustitución de importaciones. Esta nueva integración se basa en una integración de las empresas transnacionales que tienen inversiones en la región. Las rentas percibidas de este proyecto no acabarán en las arcas estatales para ser redistribuías mediante la inversión social, sino que serán acumuladas por las empresas transnacionales.

Este es el caso con las presas El Chaparral y El Cimarrón (Desarrollo del proyecto hidroeléctrico El Chaparral, Proyecto de ampliación de la central hidroeléctrica 5 de Noviembre, Rediseño del proyecto hidroeléctrico El Cimarrón, p. 102). Estos proyectos son parte del desarrollo de la infraestructura ya en marcha del norte del país con el puerto-ciudad La Unión (una plataforma de procesamiento de exportaciones), la explotación minera y la carretera transversal. Aunque el gobierno no ha hecho público la tasa ganancial que se calcula para las tres proyectos hidroeléctricos, desde que el Banco Mundial prestó $42 millones para rehabilitar las presas 5 de Noviembre, Cerrón Grande y Guajoyo, los inversionistas han sacado una ganancia anual del 27% que seguirá hasta el año 2021. A la vez, el costo de la electricidad para los consumidores ha subido de 5.00 (US cents/kWh) en 1993 a 11.98 en 2002. El préstamo para El Chaparral es de $162 millones, proveniente del BCIE, y la tasa ganancial se mantiene en secreto. Pero suponiéndose que alcance el 30%, los inversionistas percibirán cada año $48.6 millones.

Las dos nuevas presas hidroeléctricas venderán la electricidad al exterior (Integración energética regional centroamericana -Participación activa en la definición del mercado eléctrico regional y apoyo al proyecto Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central, p. 103). Se ha comentado que la electricidad también se vendería a México por medio de este sistema privado.

La deuda externa

A los autores del plan no les gusta mencionar la deuda externa. Esta deuda representa una verdadera fuga fiscal, ya que el gobierno está pagando mucho dinero en concepto de principal e intereses. Por ejemplo, si se consulta la página del Banco Mundial, se ve que para el 15 de agosto se cancelan $10,3 millones a esta institución--$5,5 millones de principal y $4,8 millones de intereses. El 15 de octubre se cancelan 12.4 millones, $292,000 de intereses. El 15 de noviembre se cancelan $9.1 millones. El 15 de febrero de 2011 se cancelan $11.8 millones, que incluye $6.2 millones en concepto de intereses.

El gobierno de Funes ha sacado dos prestamos más al Banco Mundial. Uno, por $50 millones, se propone capacitar a 40,000 personas de los municipios más pobres para trabajos en el sector privado que no existen. El otro, por $80 millones, es para seguir con el plan de descentralización que está en marcha desde hace 10 años. El dinero será otorgado a los municipios para que contraten empresas privadas para proyectos de agua potable, caminos rurales, electricidad y sistemas de sanidad.

Respecto a la descentralización el plan propone:

“Constituir un sector público responsable, eficiente, eficaz, moderno, desconcentrado y descentralizado que brinde a la población servicios de calidad, que disponga de los recursos suficientes para cumplir de forma adecuada con las atribuciones que le asigna la Constitución .... Para dar pasos definitivos en esta dirección el gobierno de la república se compromete a formular e impulsar una reforma del sector público, que incluirá la descentralización y desconcentración de los servicios que presta el Gobierno…” (49-50)

La descentralización ha probado a ser la mejor manera de privatizar los servicios. Desde los años ochenta, bajo los requerimientos de la USAID y del FMI, el gobierno ha estado tratando de privatizar la generación y distribución de la electricidad (que se ha logrado en gran medida), y también el agua. La única manera de hacerlo sin provocar una amplia protesta de la sociedad civil es mediante la división de estos sectores en unidades locales para su venta al sector privado.

Aunque el plan no señala la deuda externa como una señal problemática, ésta ha subido de $8603 millones en 2003 hasta $10174 millones en 2009. Tampoco menciona cuál es la deuda externa en relación al PIB, pero de los datos se puede calcular que en 2009 estaba en 47.5% (10173.7 divididos por 21428.3). El plan afirma que su meta es disminuir la deuda externa pública en relación al Producto Interno Bruto a un nivel inferior al 46% al final del período. Esto se logrará con los fondos percibidos del aumento tributario, que todavía no aparece debido a la resistencia de las transnacionales a cualquier reforma tributaria.

El trabajo, los salarios y la competitividad

Leyendo el plan, no se contempla la contratación de un solo trabajador o profesional por parte del gobierno. De hecho, dice que “el acceso a prebendas otorgadas por el Estado” es un aspecto del modelo anterior que lo hacía “inviable”. Para reducir los altos niveles de desempleo y subempleo, el plan propone fomentar la “generación” de empleos por el sector privado. Dice que se generarán trabajos “decentes” (¿dignos?) y suficientes, pero lo de suficientes depende tanto del sector privado como de la economía mundial, y lo de “decentes” es totalmente contrario a su objetivo de que el país sea más competitivo, porque la competitividad depende de mantener los salarios bajos.

Las principales apuestas políticas para el año 2024

El plan afirma que estos objetivos fueron acordadas por el CES, un grupo creado y escogido por la presidencia, con hegemonía empresarial, para avalar las recomendaciones del capital transnacional. Sin embargo hay que fijarse en un objetivo político en particular, el de hacer “que la alternancia en el ejercicio del poder político constituya un hecho normal”. Esto debe entenderse como un intento de constituir un bipartidismo de derechas. La alternancia de derechas se logrará con la conformación de un segundo partido, siempre representando los intereses de la clase capitalista transnacional, pero con un discurso populista que acapare suficientes votos para dejar al margen cualquier fuerza política de izquierda. En el mismo párrafo: el gobierno se compromete “a fomentar la extensión y fortalecimiento de los sectores medios, a la ampliación de la base empresarial del país y a la recuperación de la red nacional de productores” (49). En “los sectores medios” están los votos que el gobierno necesita para que el segundo partido de la clase capitalista transnacional le gane a la izquierda. La larga experiencia que tiene su “referencia”, la clase capitalista transnacional de los EEUU, enseña que es muy fácil apelar al miedo de que “la derecha” (ARENA, el Partido Republicano) pueda ganar si la gente no vota por el partido “reformista” (GANA, el Partido Demócrata).

Dependencia a las remesas

Es cierto, como dice el plan, que la deficiencia significativa en el balance de pagos (que sale del país mucho más dinero que lo que entra) se reduce principalmente por las remesas, y también por las exportaciones de las maquiladoras. Y ya que hay remesas que no son contabilizadas (encomiendas particulares y el dinero que llevan los familiares cuando visitan el país), es evidente que son las remesas que mantienen a flote la economía, aunque con efectos negativos: la inflación y el hecho que este dinero no se invierte en la producción, sino que se gasta en bienes y servicios que sólo enriquecen a las transnacionales.

A pesar de que el balance de pagos, y por lo tanto la solvencia del gobierno, depende del trabajo de los salvadoreños en el exterior, el gobierno de Funes los niega el derecho del sufragio. Peor aún, ha prostituido la política exterior de El Salvador a los EEUU, abogando por el reconocimiento del gobierno golpista en Honduras, para que el gobierno de Obama mantenga vigente el TPS y se aprueben los préstamos transnacionales (Funes no es el único—Daniel Ortega hizo lo mismo por los préstamos). Así que para el gobierno de Funes los emigrantes no son nada más que una fuerza laboral sin derechos ciudadanos en El Salvador ni en los EEUU.

Conclusión

El sociólogo William I. Robinson (2008) escribió acerca del papel que desempeñan para la clase capitalista transnacional los llamados gobiernos rosados (en especial los de Brasil, Nicaragua, Chile y Argentina):

“Lo que está emergiendo es una nueva forma, pos-neoliberal, de la nación-estado. Este nuevo estado todavía formaría parte de las redes institucionales más grandes del estado transnacional, funcionaría para facilitar una integración de las comunidades locales y nacionales al capitalismo global, generaría las condiciones internas necesarias para la acumulación globalizada, y reorientaría las economías y regionales hacia los mercados globales. Pero estos estados, que surgen de la crisis de legitimidad de las élites neoliberales, pueden estar mejor preparados para lograr una nueva legitimación, desarrollar nuevos mecanismos para el dominio consensual y por lo tanto gobernabilidad, hacer menos radical la resistencia y apaciguar el descontento social al ser menos exclusionistas que el estado neoliberal en cuanto a las políticas de redistribución” (294).

Robinson sostiene que los gobiernos rosados conforman “un bloque reformista aliado al capital global.” Pero las reformas son superficiales. Lo que se destaca en varios de estos gobiernos es que “(1) no ha habido una redistribución significativa de ingresos o riquezas, y de hecho, la inequidad puede que esté creciendo todavía; y (2) no ha habido ningún cambio respecto a las relaciones básicas de propiedad y clase a pesar de los cambios en los bloques políticos, el discurso a favor de las clases populares, y unas medidas ligeramente reformistas o de bienestar social” (292). Las estadísticas de ingresos e inequidad confirman este análisis.

Lo que se deduce de las experiencias con los gobiernos rosados de otros países es que a pesar de que todavía no había empezado la crisis global, sus políticas no habían logrado efectuar cambios significativos para la población. Lo que sí habían logrado era mantener la gobernabilidad para que el capital transnacional siguiera en control de la economía de cada país, evitando así mayores protestas e impidiendo el surgimiento de un verdadero partido de izquierda que cambiara las relaciones de propiedad. Lejos de ser gobiernos de transición, han sido gobiernos de continuismo. Y ahora que el sistema económico global ha entrado en crisis, estos gobiernos tienen una capacidad todavía más limitada para mejorar las condiciones de vida de la población. Por esto, y porque no preveo una recuperación económica en los EEUU, considero que el PQD sólo protegerá las ganancias de las transnacionales, sin resolver los problemas económicos y sociales fundamentales para el pueblo.

Robinson, William I.
2008. Latin America and Global Capitalism: A Critical Globalization Perspective.
Baltimore, MD: The John Hopkins University Press.

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