No se puede reconocer al gobierno de Honduras

Es un hecho incuestionable que el gobierno actual de Honduras viene con el pecado original de la ilegitimidad producto de un golpe de Estado, de una violación flagrante del Estado de Derecho, reconocido por la comunidad internacional. Las elecciones presidenciales fueron convocadas, organizadas y financiadas por el régimen de facto, con medidas excepcionales, asesinatos, presos políticos y personas perseguidas o bajo sendas acusaciones por defender la constitucionalidad y pertenecer al Frente Nacional de Resistencia.

El reconocimiento al presidente Porfirio Lobo, pasa por ignorar o desconocer todos los actos violatorios contra la Constitución, las leyes secundarias en Honduras y los Derechos Humanos. Las únicas diferencias nada más aparentes son “un nuevo gobierno”, la salida de los golpistas, el salvo conducto otorgado al presidente Manuel Zelaya y su familia, y la supuesta integración de “un gobierno de unidad”. La diplomacia de los Estados Unidos se ha movilizado en distintas direcciones para procurar reconocimiento y aceptación de este “nuevo régimen”, bajo el supuesto de la observancia y respeto de los derechos humanos y el nombramiento de una Comisión de la Verdad para investigar y sancionar a los “responsables” de “transgredir” las normas elementales de la democracia representativa. Con todo, es mínimo lo avanzado pues hasta la misma Corte Suprema de Justicia, no “encontró méritos para procesar a los miembros del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas” responsables de la asonada militar contra el presidente Zelaya.

El antecedente de ese golpe de Estado de junio del año recién pasado es grave para el establecimiento y fortalecimiento de las democracias en América Latina. A estas alturas ya se sabe y se reconoce que ese fue un hecho inmoral y bestial consumado con la venia, el patrocinio y el reconocimiento de los Estados Unidos, como una señal y “acción contundente” para todos aquellos gobiernos de izquierda o progresistas que optan por una verdadera autonomía y soberanía, por el manejo propio de sus recursos energéticos y una política exterior totalmente independiente. Honduras pertenecía a la Alianza Bolivariana de los Pueblos de América Latina (ALBA), una organización nunca reconocida ni aceptada por el imperio y por ende sujeta a diversos ataques y campañas mediáticas por la prensa más reaccionaria de estos pueblos.

Desde luego, se podría razonar o justificar que el reconocimiento al presidente Lobo es una actitud soberana de cada gobierno de América Latina; pero, dónde queda la dignidad y las expresiones de solidaridad con el ex presidente Zelaya y sus funcionarios, actualmente “perseguidos políticos”? Cómo responder o salvar las propias responsabilidades con las democracias y los pueblos de ésta y otras regiones? Hasta hoy nunca se han explicado los “abusos, actos inconstitucionales o hechos de corrupción” que supuestamente justificaron el Golpe de Estado; las indagaciones e investigaciones de la OEA nunca lo demostraron y, por el contrario, revelaron claras violaciones al Estado de Derecho en el pequeño país centroamericano por parte de los patrocinadores y actores materiales del hecho condenado por la mayoría de naciones del mundo.

Por lo demás, la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA) expresamente declara su oposición “a todo acción que atente contra las democracias y el Estado de Derecho”, al mismo tiempo, que excita a los distintos gobiernos a desconocer a los regímenes surgidos de Golpes de Estado, o expulsados por medios ilegítimos. En Honduras claramente se produjeron tales circunstancias; pero no se dio una respuesta contundente ni se originaron acciones de hecho para sacar a los golpistas del gobierno y restaurar el Estado de Derecho. De ello, se encargó por supuesto el gobierno de los Estados Unidos que siempre estuvo detrás o respaldando a los golpistas.

Como se ha dicho y repetido en innumerables foros, el Golpe de Estado en Honduras fue un mensaje directo a los miembros del ALBA y a todos aquellos gobiernos que intenten “salirse” de la égida del imperio. Esa “herida” queda abierta y sangrante, por más acciones diplomáticas que se emprendan, no podrá restaurarse plenamente la democracia en este país, para ello debe llevarse a juicio a los actores materiales e intelectuales del Golpe de Estado, investigarse todos los crímenes, desaparecimientos forzados, capturas y torturas contra centenares de ciudadanos. Con el antecedente de la Corte Suprema de Justicia de “absolver” a los miembros del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, ha ganado la impunidad y los violadores permanentes de las leyes y del Estado de Derecho, tan hipócritamente defendido por la OEA, pueden sentirse tranquilos y conspirando con los retardatarios de la historia para cometer estos mismos delitos en cualquier otro país de América Latina.

Pocote

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