No se exigen milagros, sí bienestar general

Los gobernantes de muchos países de América Latina ya no gozan de los poderes absolutos de sus antecesores, sobre todo de los dictadores civiles o militares que poblaron estas provincias. Desde luego, las constituciones son presidencialistas y otorgan demasiados privilegios a una sola persona; pero también han influido otros factores: a medida que la historia fue avanzando (ubiquemos el inicio con faraones, sátrapas, césares, emperadores, zares), y por medio de sucesivas revoluciones, sangrientas unas, usaron la violencia; pacíficas otras, utilizaron el buen juicio, dos cosas tomadas de la mano fueron viniendo: el poder de los gobernantes fue reduciéndose a límites cada vez más estrechos y la esperanza popular de que todo supiesen componerlo y remediarlo fue a su vez conteniéndose dentro de fronteras más razonables.

Los ejemplos abundan: el presidente Álvaro Uribe, en Colombia, ha sido limitado por el Congreso en su deseo de competir para un tercer periodo. Tampoco puede extra limitarse en sus funciones, sobre todo en política exterior, más allá de las responsabilidades señaladas en la Constitución; el presidente Rafal Correa, en Ecuador, para aspirar a un nuevo mandato tuvo que someterse a una especie de referéndum o plebiscito, más la decisión de las Cortes y el Congreso. Igual sucedió con el mandatario boliviano, Evo Morales. Por más que la presidenta Michelle Bachelet, quisiera declarar Ley Marcial o Estado de Excepción en determinadas regiones de Chile, duramente afectado por el terremoto, tiene que esperar las resoluciones del Congreso, lo mismo que el consenso de su gabinete. Al presidente Hugo Chávez, de Venezuela, a quien sus detractores lo acusan de dictador (en dos ocasiones ha sido electo por el voto de la mayoría de venezolanos), no puede disponer al libre albedrío sus funciones, está sujeto a disposiciones constitucionales y otros mecanismos legales dispuestos por las leyes y la Corte Suprema de Justicia.

Desde luego, los presidentes pueden hacer uso de leyes habilitantes, caso de Venezuela, y de otros artificios o recursos para ejercer sus funciones; pero todo dentro del marco de las leyes y nada fuera de la Constitución. Se podría afirmar entonces que a menor poder, menor potencia; a autoridad limitada o compartida, responsabilidad repartida también, y quizá empequeñecida. El presidente Mauricio Funes, en El Salvador, goza de ciertos privilegios y como responsable del Ejecutivo es el Comandante General de la Fuerza Armada, dirige la Seguridad Pública y las Relaciones Exteriores. Está en su pleno derecho de quitar y nombrar los funcionarios de su gobierno. Todo dentro de la legalidad jurídica, ética y moral. No podría bajo ningún concepto imponerle decisiones y hasta recomendaciones a la Corte Suprema de Justicia o a la Asamblea Legislativa. Sí puede, y lo ha hecho, sugerir o reaccionar ante ciertas acciones o determinaciones de ambos Órganos del Estado.

En los Estados Unidos le llaman (partiendo del Espíritu de las Leyes de Montesquieu) “el justo equilibrio de los poderes”, o “pesos y contrapesos”, los cuales actúan conforme lo establece la Constitución. Han existido casos graves como los de Richard Nixon, presidente de esa nación en 1968 y 1972, quien fue obligado por el Congreso a dimitir en 1974, luego de comprobarse intromisión y cargos de espionaje contra el Partido Demócrata. El presidente Ronald Reagan, también abusó del poder y engañó al Congreso al destinar fondos fraudulentos para armar a fuerzas contrarrevolucionarias en Nicaragua. Los presidentes norteamericanos han asumido los triunfos (reducción de armamento nuclear, mediante convenios sobre proliferación de armas, ayudas financieras para el desarrollo de ciertos países del mundo, con determinadas condiciones, etc.,) pero han diluido o distribuido los fracasos. De cierto que del triunfo en las batallas, o de la derrota, comenzaron a ser responsables generales o capitanes y ya no sólo el mandatario; del buen orden en la administración, ministros y visires; de la buena aplicación de la justicia, jueces y subalternos. Se ha ido achicando la noción del gobernante absoluto; pero también se ha ido recortando, al mismo tiempo, la del responsable total de la suerte de un pueblo.

El presidente Obama, profesional del derecho, conoce de las limitaciones de su particular mandato: inició con el sonido de fusiles y cañones y terminará con la misma melodía. No puede disponer de un mayor liderazgo en el campo diplomático porque detrás ordena y emite lineamientos un poderoso complejo industrial y militar. Las grandes batallas se dirimen en el Oriente Medio, en los agrestes escenarios de Irak y Afganistán; en el tradicional patio trasero de América Latina, canta la Secretaria de Estado, Hilary Clinton, verdadero “halcón” del Partido Demócrata. Desde luego, la CIA y el Pentágono, asumiendo funciones de política exterior. No reglamentadas en sus leyes, pero funcional para fines prácticos. El rodear a Venezuela de bases militares estratégicas no es casual ni “algo” salido de las mangas de los expertos en geopolítica de Washington.

El señor Obama ciertamente no contará con altares en los templos de las grandes decisiones en su propio país; ni estatuas en los atrios de las iglesias anglicanas o sajonas, mucho menos mulsumanas; tampoco puede disponer de la vida o muerte de “sus súbditos”; pero sí puede enviar latinos, indios, negros y nativos a morir en los desiertos y montañas de Afganistán. Su “poder” le ha sido concedido por cuatro años, breve tiempo para consolidar su imagen de “negro bueno” o “digno” merecedor del Premio Nóbel, entregado siempre por razones políticas y, en este caso, con el preámbulo de “esperar acciones legítimas para conquistar la paz en el mundo”. En este país de las permanentes ingratitudes, de las controversias y de los encendidos “rencores” contra todo país y gobierno opuesto a sus designios, así como en tantos otros del mapa mundi, pues, se administra, cosas veredes amigo Sancho, conforme a un librito repleto de leyes llamado Constitución.

En verdad fuéramos muy felices si al menos se cumpliera un 2% de lo establecido en las Constituciones. La nuestra, por ejemplo, estipula que el fin primario y final del Estado es la protección del ser humano. Y también garantiza el empleo, la salud y la educación para TODOS LOS SALVADOREÑOS. Me dirían que gobernar así en poco se parece a lo que hace un puño de años se tuvo en la Roma de los Césares o la Rusia de los zares; también en El Salvador con las grandes familias dirigiendo el Estado como su propia hacienda; de hecho, ellos llegaron a poseer el 60% de las mejores tierras del país. Cuando vino el rechinar de dientes simplemente lotificaron o vendieron parcelas. Igual como hicieron con los bancos. Las ratas salen en desbandada cuando el barco zozobra.

A un presidente y a su equipo de gobierno debe exigírseles un real compromiso con el bienestar de su pueblo: salud y educación completa y gratis para todos, seguridad pública o ciudadana, armonía social, índices de desarrollo humano altos, empleos remunerados, partiendo de incentivos y seguridad jurídica a los inversionistas, sin llegar a los extremos del entreguismo o la aceptación de todas “las recomendaciones y peticiones” de las empresas extranjeras o nacionales. No se les puede exigir más allá de las reales posibilidades o censurar por no prever un terremoto o un maremoto; se pretende y se espera que sepan el mandatario y sus ministros que para que lo ayudasen escogió detener otro tipo de catástrofes y de calamidades propio de nuestra época, las plagas económicas, que se abaten sobre el mundo entero, como los antiguos diluvios, las sequías o las pestes. Los salvadoreños no exigen demasiado, únicamente satisfacción de sus necesidades mínimas.

En las actuales circunstancias, el mandatario debe moverse junto al pueblo, si la exigencia es correr o caminar hacia la izquierda, pues es la decisión de las mayorías. Hay quienes quisieran que el presidente alcanzara el que las libertades fuesen irrestrictas, y que el orden no se alterara; que tuviésemos todos permiso para tirar piedras a las vidrieras, pero que los vidrios no se rompieran; hay quienes quisieran que se active nuestro comercio exterior, pero que no se haga ningún gasto para promoverlo. Hay una minoría que quisiera seguir evadiendo impuestos y obteniendo todos los privilegios para hacer sus negocios; hay también quienes desean mayor número de escuelas, más maestros, con sueldos cada vez más altos, sin que los impuestos crezcan; hay quienes claman por una mejor atención a los servicios municipales, porque tengamos más agua, menos hoyos en las calles, pero no mayores contribuciones.

En verdad nos sobran deseos, peticiones, críticas; pero nos falta solidaridad y disposición al servicio, a la entrega. Sólo un loco podría creer que es posible que avance un carro si un caballo tira para adelante y otro hacia atrás, que de dos cosas estrechamente unidas una pueda subir y bajar otra. Sólo un loco podría gobernar a un pueblo de locos que tales cosas creyeran posibles. En El Salvador únicamente podremos salir adelante, prosperar, sí escuchamos a las mayorías poblacionales, si se resuelven los ancestrales problemas de la excesiva concentración de la tierra, sí atendemos la salud y la educación para las mayorías, en fin sí atendemos el clamor popular del derecho al trabajo, a la vida y al bienestar general.

Pocote

REENVIA - IMPRIME - COMPARTE - HAZ PATRIA - COPYLEFT SI SE MENCIONA LA FUENTE