Los vividores de las angustias públicas deben pagar sus impuestos

 

Las organizaciones sociales aglutinadas en el Foro de Concertación nombrado por el gobierno, han pedido que este sea más enérgico y radical en la “Reforma Fiscal”, al tiempo de plantear la necesidad de aumentar el salario mínimo y otras prestaciones a los trabajadores. Como era de esperarse, no hay puntos de entendimiento con las cúpulas empresariales que no están “totalmente de acuerdo” con varios artículos que, a su juicio, atentan contra “la estabilidad económica y son claramente impuestos disfrazados”.

En el Foro están representados los empresarios, trabajadores, empleados, profesionales y académicos. Desde luego, tambien funcionarios gubernamentales. Al respecto ¿es respetable en momentos de crisis y calamidad pública proclamar y sostener la libertad de comercio y demás garantías para que la “libre empresa” fije sus propias reglas, entre ellas el aumento despiadado de los precios a productos esenciales como los alimentos y las medicinas? ¿Hay alguien en el país que pueda cultivar con optimismo la ilusión de soluciones “tripartitas”, cuya base es la fantasía de combatir la especulación con la generosa ayuda de los especuladores? Son preguntas que nos gustaría que el presidente Funes pudiese responder.

Las cúpulas empresariales sostienen que “en épocas de crisis económicas agudas, no es aconsejable impulsar una reforma fiscal y mucho menos aumentar los impuestos a la población”; por el contrario, los funcionarios del gobierno responden que “es el momento más adecuado porque se trata de proteger a las familias más vulnerables”. En este país, por largos años se han postergado cambios necesarios en el sistema económico para tratar de establecer equidad en la sociedad, ponerle paro a los abusos, evitar los privilegios y no permitir la evasión y la elusión fiscal, así como el contrabando, que de manera directa afecta a los empresarios honestos y a las mismas arcas del Estado. ¿No es hoy evidente la necesidad de mantener un equilibrio entre precios y salarios, sin confiar ese propósito a la ilusión de insuficientes y complicados aumentos parciales en los salarios, mientras se mantiene, así estimulado, el libertinaje de los precios?

En el pasado, y pensamos que así será en el presente, el sólo anuncio de las justas y desesperadas demandas de aumento en los salarios obreros ha estimulado la espiral ascendente de los precios que vuelven a subir cuando ese aumento se consigue. Sería ocioso repetir la exposición de los factores reales del problema. Todos los sectores representados en el Foro de Concertación Social y Económica saben que el alza de los precios afecta a todos los salvadoreños. El mismo aumento de salario mínimo es sólo un alivio parcial, insuficiente y sólo para un sector, en cierto modo, privilegiado de los consumidores.

Con la crisis mundial que repercute fuertemente en nuestro país, se ha modificado radicalmente el panorama de las relaciones entre la clase trabajadora y el sector patronal: no hay forma de superar el cáduco estilo sindical de buscar únicamente el “economismo”, lejos de introducir reformas radicales en los contratos colectivos. Y crisis hay y ella es grave: en los dos últimos años se han perdido más de 40 mil empleos, según datos del Seguro Social, además de que ha subido el costo de la canasta básica en un 15%. Por lo demás, y es una preocupación general expresada en el Foro Económico, toma cuerpo la situación de los trabajadores no sindicalizados (durante los 20 años de regímenes areneros, prácticamente se liquidaron todos los sindicatos y las asociaciones de empleados públicos. Los que sobrevivieron se plegaron a las exigencias del gobierno), huérfanos de toda protección legal.

Además, la situación de los trabajadores agrícolas es apremiante, ellos son víctimas obligadas de la carestía y siempre fueron marginados de toda medida jurídica y humana. EStos últimos no tienen acceso a la seguridad social ni a un retiro digno. Esta desesperante situación caracteriza el escenario de estos días, cuando se promueven esas tímidas revisiones en el sistema fiscal. Por eso, grandes sectores de la población exigen una definición concreta de la política gubernamental: se cederá al chantaje de las cúpulas empresariales, con lineamientos de la oligarquía, o se profundizará en tales reformas para aliviar un tanto la pesada carga sobre las espaldas de las mayorías poblacionales.


La pregunta obligada es: seguiremos rindiendo culto a la divinizada libre empresa y al mercado? En este lamentable caso, todo pesimismo parece razonable. No estamos exigiendo grandes compromisos ni un abierto enfrentamiento con los “grandes empresarios”, únicamente una definición y reglas claras para saber a qué atenernos. Los que obtienen millonarias ganancias deben pagar más, ser honestos en sus declaraciones de la renta y la cancelación del IVA. Los consumidores de bebidas embriagantes de “marca” y los que poseen carros lujosos, yates y más, también deben pagar sus costosos caprichos o gustos. ¿Cómo es posible que cancelen grandes impuestos por sus posesiones en Miami y otras ciudades de los Estados Unidos y los quieren evadir en su propio país?

Todos comprendemos las dificultades y complicaciones de una política que se oriente hacia el control de los precios. Los “grandes empresarios” e industriales están siempre dispuestos a cooperar con promesas que a nada los comprometen, sino que a tolerar la menor limitación a su situación privilegiada.

Muchos años del sueño de la prosperidad, sostenido con la tésis hamiltoniana “de crear la riqueza, aunque se concentre en pocas manos, que ya después rebasará esa limitación para beneficiar a todos”, permitieron a la burguesía, vigorizarse con subsidios y estímulos directos e indirectos, multiplicados con su protectora alianza con las grandes empresas transnacionales; cimentar y ampliar su poderío hasta el grado de la impertinente altivez que hoy muestra, amenazando al gobierno cada vez que el poder público anuncia una medida de sano nacionalismo o algún esfuerzo por hacer menos injusta la distribución de la riqueza nacional.

Esa acrecida iniciativa privada se ha opuesto -hasta hoy victoriosamente- a la “reforma fiscal”, indispensable para nutrir al fisco con la equitativa contribución de quienes más beneficios y lucros obtienen en sus empresas y no con hacer recaer las máximas obligaciones fiscales con impuestos al consumo (o uso de) artículos y servicios indispensables sobre la masa cautiva de todos los consumidores, sin discriminación entre aquel que de casi todo carece y quienes de la angustia pública obtienen el incremento de sus fortunas privadas.

La salud del país sucumbirá, más pronto o más tarde, a nuevos triunfos del interés de la “libre empresa” sobre las necesidades vitales de la mayoría de salvadoreños. Este parece ser el dilema que se plantea hoy al gobierno de Mauricio Funes. Después de tantos triunfos de los poderosos sectores empresariales, el país espera el anuncio de una victoria popular que anteponga el interés de la nación y de los sectores mayoritarios de su población, al del lucro excesivo –en tiempos de crisis multiplicado más allá de toda esperanza fenicia— de un sector privilegiado el cual, a la hora de las precisiones, ni siquiera puede demostrar su condición salvadoreña.

Pocote
 

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