Se les pone más seria la cosa a Cristiani y a militares de la tandona

Juristas de EE. UU. se suman a la denuncia por el asesinato de cinco jesuitas en El Salvador La impunidad que ha acompañado durante años a los asesinos de los jesuitas españoles en El Salvador, podría tener los días contados si prospera la querella criminal que ayer presentaron en la Audiencia Nacional la Asociación Pro Derechos de España y el Centro de Justicia y Responsabilidad, un equipo de juristas con sede en Estados Unidos (click). La demanda atañe al antiguo presidente de El Salvador y jefe del Ejército, Alfredo Cristiani Burkard, y a otros 14 antiguos militares por su participación en el asesinato de seis sacerdotes, cinco de ellos españoles, y dos mujeres, ocurrido en una universidad salvadoreña en 1989. Los querellantes presentaron el caso en la Audiencia Nacional ,amparados en el principio de justicia universal que recoge la Constitución Española, el mismo que permitió el arresto del dictador chileno Augusto Pinochet por el juez Baltazar Garzón. Para ello alegan cargos por Crímenes de Lesa Humanidad, encubrimiento y Terrorismo de Estado. En la demanda acusan como autores materiales de la masacre a 14 antiguos oficiales y soldados del Ejército salvadoreño, mientras que al ex presidente Alfredo Cristiani le imputan un delito de encubrimiento de los crímenes, ya que, aseguran, tenían pleno conocimiento del plan orquestado para asesinar a los religiosos, entre ellos los españoles Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Armando López y Juan Ramón Moreno, cuya imagen de sus cadáveres boca abajo en el jardín de la Universidad Centro Americana José Simeón Cañas, dio la vuelta al mundo. Tomado de http://www.elcorreodigital.com/alava/20081114/politica/juristas-suman-denuncia-asesinato-20081114.html Por otro lado, El presidente salvadoreño, Elías Antonio Saca, se mostró ayer en contra del proceso penal que podría iniciarse en España. "Nos sentimos muy orgullosos del presidente Cristiani", prosiguió Saca. "Es el presidente de la paz, es un hombre que sacó al país de la quiebra económica. Estamos con él, lo apoyamos y lo apoyaremos hasta el último instante, porque es un hombre histórico para el país". Grandes esperanzas Sin embargo, la querella ha generado grandes esperanzas entre los colectivos de derechos humanos salvadoreños. "Es un hito histórico porque demuestra que en El Salvador está vigente la impunidad", dijo ayer David Morales, abogado de la Fundación de Estudio y Aplicación del Derecho (Fespad) y de un grupo de organizaciones de memoria histórica, ante la noticia de la posibilidad de abrir en España un juicio que se ha negado tanto tiempo en ese país. Por su parte, la Compañía de Jesús y la Universidad Centroamericana, a la que pertenecían los sacerdotes asesinados, reiteraron que no son parte de la demanda hecha en Madrid, aunque respetan las iniciativas que puedan surgir en reclamo de justicia por parte de los familiares de los asesinados. "Desde hace años, la Compañía de Jesús en Centroamérica y la UCA han tomado la decisión de actuar en el caso de los jesuitas, exclusivamente con los instrumentos legales propios de El Salvador", aseguró el sacerdote José María Tojeira, actual rector. "No participaremos en aquellas actividades judiciales que trasciendan el marco legal salvadoreño o las obligaciones internacionales derivadas de pactos o tratados firmados por El Salvador", añadió. La UCA demandó a Alfredo Cristiani en 2000, así como a seis altos militares, entre ellos los generales retirados Guillermo García y René Emilio Ponce, a los que ahora se intenta investigar en España. Pero la demanda no prosperó al considerarse que el delito había prescrito. Tomado de EL PAIS Los acusados: Ex presidente Alfredo Cristiani. Era comandante general de la Fuerza Armada y los querellantes lo acusan de obstruir la investigación. General Rafael Humberto Larios. Ministro de Defensa en la fecha de la masacre. El informe de la Comisión de la Verdad señala que Larios estaba presente en una reunión el 15 de noviembre de 1989, cuando el entonces coronel René Emilio Ponce dio las órdenes de asesinar al padre Ellacuría. General René Emilio Ponce. Era jefe del Estado Mayor en 1989 y tenía rango de coronel. La Comisión de la Verdad lo acusó de dar la orden al coronel Guillermo Benavides de matar a Ellacuría y de no dejar testigos. Ahora dirige la "Asociación de Veteranos Militares de El Salvador". General Juan Rafael Bustillo. Era comandante de la Fuerza Aérea y según la Comisión de la Verdad estuvo en esa reunión del 15 de noviembre de 1989. General Juan Orlando Zepeda. Era viceministro de Defensa con el rango de coronel y según la Comisión de la Verdad se encontraba en la reunión del 15 de noviembre de 1989. Coronel Inocente Orlando Montano. Era viceministro de Seguridad Pública y también, según la Comisión de la Verdad, estuvo en la reunión del 15 de noviembre de 1989. Coronel Francisco Helena Fuentes. Era el comandante de la 1a. Brigada de Infantería, con sede en San Salvador, y participó en la reunión del 15 de noviembre de 1989, según la Comisión de la Verdad. Teniente coronel Carlos Camilo Hernández Barahona. Era mayor y uno de los jefes de la Escuela Militar. La Comisión de la Verdad dijo que a él le ordenó Ponce que preparara la operación para asesinar a Ellacuría y los otros sacerdotes. Teniente José Ricardo Espinoza Guerra. Era teniente del Batallón Atlacatl, y recibió, según la Comisión de la Verdad, la orden expresa de ejecutar él y su sección la operación de asesinato. Se supone que fue él quien en las instalaciones universitarias, dio la orden de matar a los sacerdotes. Teniente Segundo Gonzalo Guevara Cerritos. Aunque fue Espinoza Guerra el que lideró la operación, él también tenía mando sobre la tropa del Atlacatl que ejecutó la matanza. En 2007, Estados Unidos lo deportó hacia El Salvador, precisamente por su participación en la masacre. Soldado Óscar Mariano Amaya Grimaldi. En el juicio en 1999, este soldado del Batallón Atlacatl confesó que el teniente coronel Hernández Barahona le dio un fusil AK-47 y que disparó contra Ellacuría, Martín-Baró y Montes. No fue procesado por los homicidios. Sargento Antonio Ramiro Ávalos Vargas. Pertenecía al Batallón Atlacatl. En el juicio de 1992 confesó que mató a los sacerdotes López y Moreno. No fue procesado por los asesinatos. Cabo Ángel Pérez Vásquez. Era parte del Atlacatl, y en el juicio de 1992 confesó que había matado al padre López y López. Nunca fue procesado por el homicidio. Sargento Segundo Tomás Castillo. Integraba el batallón Atlacatl y se le acusa de haber matado a la empleada Julia Elba Ramos y a la hija de ésta, Celina. Soldado José Alberto Sierra Ascencio. Miembro del Batallón Atlacatl, dijo a la Comisión de la Verdad que él disparó contra la empleada Julia Elba Ramos y la hija de esta. Tomado de El Faro.

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