Los grandes casos de CORRUPCIÓN....

Si este y los gobiernos anteriores de Arena fueran honestos y éticos, hubieran puesto en marcha al menos tres ejes para administrar el país: combate a la corrupción, austeridad total y una reforma fiscal profunda para combatir la evasión y ampliar la base tributaria. Nada de eso ocurrió y como todo se ha ido en pura propaganda y demagogia, no es posible, a pocos meses de finalizar este triste régimen, esperar un mínimo de consecuencia entre las declaraciones y los hechos. Y esto es necesario no sólo por razones éticas, sino también políticas. En el momento actual, el Estado salvadoreño se encuentra debilitado no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el ideológico-político y del de su autoridad moral. La deshonestidad de los funcionarios públicos se empieza a reconocer abiertamente. No sólo por la actual renuncia o destitución del director de la Policía Nacional Civil (por cierto mal administrada y totalmente corrompida durante las dos gestiones del señor Rodrigo Ávila), sino por lo ocurrido con el ex Ministro de Obras Públicas, David Gutiérrez, y los hechos nunca aclarados de la licitación millonaria de los semáforos y la inicial construcción de la calle Diego Holguín, hacia Santa Tecla; así como la reconstrucción de hospitales y el tráfico de influencias del actual Ministro de Salud Pública. Desde luego, la población espera que al menos en estos dos casos de hospitales y de la PNC, se informe públicamente con datos más concretos. De otra forma, la administración Saca pasará a la historia como una de las más oscuras y nefastas. La confirmación de que existe deshonestidad (corrupción es el término más apropiado) entre los funcionarios, así como tráfico de influencias para evadir impuestos y ganar licitaciones en la reconstrucción de hospitales (se conoce públicamente que una misma compañía ha ganado tales “derechos” en Zacatecoluca, Usulután y Santa Tecla, no en forma directa, pero sí con nexos y afinidad con la empresa constructora), tiene el efecto de agudizar la desconfianza en la probidad del gobierno. Como ya lo hemos dicho en anteriores comentarios, ojalá que la Corte de Cuentas y la Fiscalía General de la República muestren diligencia e independencia (en este momento me estoy riendo) para investigar estos casos. Lo mismo esperamos de “la gran prensa”, el Diario de Hoy y La Prensa Gráfica, pues, que tan entusiastas y apresurados se muestran para divulgar grandes novelones como la “computadora mágica”, supuestamente encontrada en las profundidades de la selva ecuatoriana, y ahora con la empresa Alba Petróleos. Ciertamente, como dice el adagio popular, “si la tiña fuera envidia todos seríamos tiñosos”. La misma ley, por cierto, faculta a la Fiscalía General de la República y a la Corte de Cuentas a recibir manifestaciones de bienes de los funcionarios y empleados del Estado; investigar por denuncia o de oficio los casos de enriquecimiento “inexplicable” de los mismos y proceder a su consignación, cuando se acredite que hay motivos para presumir, fundamentalmente, falta de probidad en su actuación, de acuerdo con el procedimiento que señala la respectiva ley y las normas escritas en piedra de moral y ética profesional. O sea, siempre que el enriquecimiento sea inexplicable, procederá la denuncia y consignación de los funcionarios involucrados. La idea suena bien, aunque siempre subyace la duda sobre la demarcación de lo explicable y lo inexplicable. Además, para que esta idea tenga realidad, sería necesario que todos los ciudadanos sepan a cuanto ascienden los ingresos reales, honestamente percibidos, de los funcionarios públicos. Por cierto, qué ha sido de la supuesta investigación del alto funcionario de Arena y del gobierno, Raúl García Prieto, responsable de una millonaria estafa al Banco de Fomento Agropecuario, en este vergonzoso desfalco también estuvo involucrado Héctor Cristiani, primo hermano del ex presidente de la República, Alfredo Cristiani. Para poder distinguir entre lo bien y lo mal habido es necesario informar al pueblo a cuánto ascienden los ingresos reales, los normales, de los Ministros, de los vice Ministros, presidentes de autónomas, directores, etc., dentro de la administración central y de organismos y empresas descentralizadas. Sólo publicando y dando a conocer el monto de las percepciones reales de los altos funcionarios se podrá saber (o deducir) si sus fortunas son el resultado de su personal corrupción, o si son simple consecuencia del funcionamiento “normal” del sistema. Hasta hoy, los grandes casos de corrupción ocurridos en el país durante los cuatro gobiernos de Arena, no han sido investigados ni mucho menos se ha condenado a los responsables. Si quieren ejemplos les citamos unos cuantos: Romeo Majano en el Seguro Social; Roberto Mathies Hill, presidente y propietario de Insepro y Finsepro; Héctor Cristiani y Raúl García Prieto, en el Banco de Fomento Agropecuario; David Gutiérrez, en el Ministerio de Obras Públicas; Carlos Perla, en la Administración de Acueductos y Alcantarillados. Puede muy bien suceder que en vista de los altos sueldos, compensaciones, prestaciones y partidas especiales para “gastos” de todo tipo, los altos funcionarios perciban honesta y “explicablemente” ingresos estratosféricos. Puede también suceder que, en algunos casos, los mejores sin duda, la obtención de tan altos ingresos no esté siendo el móvil principal de los ciudadanos que llegan a ocupar altos cargos en la burocracia. Aquí se menciona mucho el narcotráfico, el contrabando, el lavado de dinero, bandas de secuestradores y crimen organizado. A propósito y qué pasaría con el sonado caso de los diputados de Arena asesinados por sicarios a sueldo de narcotraficantes en Guatemala. Son graves hechos que rápidamente se olvidan. El gobierno de Arena, y nuevamente la Fiscalía General de la República y los medios de “la gran prensa” están en el deber cuando no en la obligación de no perderle pista a estos casos, tal como lo hacen con la “computadora mágica” y la empresa Alba Petróleos. O todos en la cama o todos en el suelo, dice el adagio popular. Se pide austeridad y sacrificio al pueblo y a la clase media. Sin embargo, el gobierno no da muestras de tener intenciones de predicar con el ejemplo. Así no hay forma de tener la autoridad moral para imponer cargas fiscales adicionales y restricciones económicas a la población. Decir que se “terminó la fiesta a los malacates” o que se va a castigar a los funcionarios deshonestos (eufemismo por corruptos) no es suficiente. Perseguir el llamado enriquecimiento “inexplicable” es (o debería ser) sólo un primer paso en la lucha contra la corrupción. En realidad, la corrupción de los funcionarios públicos aparece con mayor fuerza con los cuatro gobiernos de Arena, estamos hablando de millones de dólares y no de ripio monetario como sucedió con funcionarios de menor cuantía de otros regímenes. Los sueldos excesivamente altos en estas administraciones areneras, son una forma de corrupción. No es el interés de ser verdaderos servidores públicos el principal estímulo. En estas condiciones la carrera política o burocrática se convierte en simple instrumento de ascenso económico y social. Además se fomenta el oportunismo, el arribismo y la falta de conciencia social entre los funcionarios públicos de alta jerarquía. Todo esto suena a utopía, quizás le es, en el caso de El Salvador. En nuestro país, con muy honrosas excepciones, el enriquecimiento a partir de los cargos públicos ha sido tradicional. El propio funcionamiento del sistema, la falta de democracia, y la escasa y deformada información que recibe el pueblo han contribuido a que la corrupción y deshonestidad de algunos funcionarios públicos tenga lugar impunemente. Como lo hemos dicho, con estos gobiernos de Arena los casos de corrupción han sido muchos y hemos señalado algunos para nada más refrescar la memoria. Saquear el erario nacional, provocar licitaciones amañadas, ampararse en el cargo público para hacer negocios familiares, favorecer al amigo y al militante de Arena, son apenas ejemplos de esta práctica tan aberrante que nos retrata ante el mundo y deja en evidencia la falta de ética y moral de estos gobiernos. Y USTED QUÉ OPINA? Pocote http://el-salvador.blogspot.com/ Atención: bájese el documento INTEGRAL de 16 páginas (formato Word) "La Corrupción en El Salvador", editado en 2007. El Autor, César Sención Villalona, desarrolla un excelente trabajo de denuncia de una manera concisa y bien estructurada. 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