El Salvador: ex militares, con miedo a la justicia

El Salvador: ex militares, con miedo a la justicia

Tomado del Blog del Periodista internacional Juan José Dalton/apro

Nota, Fotos y Caricatura : El Trompudo

Advertencia : Este es un artículo que JJ Dalton escribió hace algunos anos, pero que guarda mucha actualidad y que se encadena, en forma casi lógica con el artículo recien publicado por el Sacerdote José Maria Tojeira, en el Colatino de hoy jueves 18 de octubre, que presentamos a continuación de este aquí.

San Salvador.-- Exaltos oficiales del ejército salvadoreño --encabezados por el general retirado René Emilio Ponce-- hacen esfuerzos para que, una vez que cambie el gobierno con las elecciones de marzo próximo—se mantenga de manera permanente la Amnistía General de 1993 y que continúe el perdón a miles de delitos de lesa humanidad. La Amnistía perdonó graves hechos de violencia política ocurridos durante la guerra civil salvadoreña (1980 a 1992), que tuvo un saldo de 75 mil personas muertas, 8 mil desaparecidas y millares de víctimas, entre lisiados, huérfanos, viudas y padres que quedaron sin sus hijos.

Los ex-oficiales, en su mayoría generales y coroneles en condición de retiro, primero crearon a finales del año pasado una fundación que lleva el nombre de Asociación de Veteranos Militares de El Salvador “General Manuel José Arce”, en honor al fundador del ejército. Su mesa directiva fue integrada por algunos de los acusados por la Compañía de Jesús de haber sido los autores intelectuales del asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras en 1989, entre ellos el general René Emilio Ponce, quien durante el conflicto armado fue jefe de Estados Mayor Conjunto y Ministro de Defensa.

En las formalidades de la constitución legal de dicha asociación participaron el actual presidente Francisco Flores, así como los expresidentes Alfredo Cristiani --quien implementó la cuestionada amnistía-- y Armando Calderón Sol, los tres líderes honorarios del actual partido de gobierno, la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). Los tres “reconocieron” la labor del ejército en la defensa de la “libertad” y contra el “comunismo”. Luego, a mediados de este mes de febrero los ahora “perseguidos exoficiales” se reunieron con el candidato presidencial de ARENA, Antonio Saca, a quien le dieron muestras de apoyo políticos para vencer al exguerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en los comicios de marzo, pero al mismo tiempo exigieron que se realicen todas las gestiones para que se preserve la amnistía. Dando por hecho que ARENA triunfaría en la contienda electoral, Ponce manifestó: “Un nuevo gobierno de ARENA debe impedir que la izquierda y sus aliados deroguen la Ley General de Amnistía con el propósito de causarnos el mayor daño a los que nos opusimos a sus planes de llegar al poder político por la vía armada”.

En marzo de 1993 el entonces Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Boutros-Boutros Gali, dio a conocer el llamado Informe de la Comisión de la Verdad, que investigó los más graves crímenes políticos que se cometieron durante la guerra civil salvadoreña. Dicho documento --denominado oficialmente como De la locura a la esperanza: la guerra de 12 años en El Salvador-- manifiesta que la Comisión de la Verdad, presidida por el expresidente colombiano Belisario Betancur, había registrado 22 mil denuncias de graves hechos de violencia cometidos entre enero de 1980 y julio de 1991. El 60 por ciento de las denuncias se refieren a ejecuciones extrajudiciales, más del 25 por ciento a desapariciones forzadas y más del 20 por ciento a torturas. Además asoció el 85 por ciento de estas denuncias a agentes del Estado, entre militares, paramilitares. Otro 10 por ciento fue atribuido a Escuadrones de la Muerte y el cinco por ciento a la guerrilla.

Existen casos ejemplarizantes, como el asesinato del Arzobispo Oscar Arnulfo Romero (el segundo caso de homicidio político de tan alto jerarca de la iglesia católica después del crimen de Thomas Becket en 1170), masacres campesinas de más de 200 personas y el asesinato colectivo de seis sacerdotes jesuitas. Pese a existir evidencias que incriminan a sus responsables, ninguno de ellos han sido juzgados. Ponce lamentó que “dentro y fuera del país (El Salvador) somos perseguidos jurídicamente por haber combatido la expansión comunista”.

El exoficial estaba haciendo alusión al hecho de que la Compañía de Jesús ha querido abrir el juicio del asesinato de los seis jesuitas, encabezados por Ignacio Ellacuría, muertos el 16 de noviembre de 1989 y de cuyo crimen los religiosos acusan a seis altos oficiales (entre ellos a Ponce) y al mismo expresidente Alfredo Cristiani. También Ponce recuerda que en Estados Unidos, nación aliada en la guerra contrainsurgente, se han abierto juicios contra exmilitares que residen en algunas de las ciudades norteamericanas. Dos exgenerales, un coronel y un excapitán, han sido sometidos a procesos judiciales en Miami, Tennessee y San Francisco, por graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos, homicidios y torturas. El Comité de Justicia y Responsabilidad, con sede en San Francisco, ha representado a torturados en contra de los exgenerales y ministros de la Defensa, Guillermo García y Eugenio Vides Casanova, en un tribunal de justicia, el cual los condenó a pagar indemnizaciones por 54 millones de dólares. En la actualidad están vigentes los procesos civiles en contra del excapitán Álvaro Saravia, uno de los presuntos autores materiales del asesinato del Arzobispo Romero, así como el caso contra el excoronel Nicolás Carranza, acusado por la muerte de varios líderes de la oposición política en la década de 1980.

El general Ponce, el último caudillo de la cadena de lo que fue la dictadura militar salvadoreña, manifestó finalmente: “Hay que tomar las acciones legales necesarias para evitar que el comunismo representado en el FMLN llegue al poder”. No obstante a las consideraciones del general Ponce y de algunos de los oficiales depurados del ejército después de concluida la guerra civil (fueron 113 los expulsados de las filas castrenses).

En el seno de los exoficiales existen diversas posiciones visibles. Incluso, un grupo que ha formado el llamado Movimiento de Unidad Nacional (MUN), que encabeza el coronel David Mungía Payés y que se han aliado al FMLN. “Tenemos coincidencias con el FMLN. Estos últimos 15 años de ARENA en el poder han sido desastrosos para la sociedad y la economía. Por otra parte, hemos hecho nuestras propuestas en el tema de Fuerza Armada y Seguridad, y hemos enriquecido esta parte en el programa del FMLN”, afirmó Mungía Payés, quien durante la guerra fue jefe de un Batallón de Reacción Inmediata (fuerzas especiales contrainsurgentes). Consideró que en el bando de Ponce, que se dicen “apolíticos”, en realidad están apoyando a ARENA. “Algunos de mis colegas son de pensamiento de derecha, pero honorables. Otros están entre los que fueron depurados de las filas y tienen miedo a la derogación de la Amnistía”, agregó. “Debo señalar que más allá de las diferencias que existen entre nosotros, lo que no se debe hacer es lo que ellos están haciendo: proselitismo en el seno de los oficiales activos. Debemos recordar que la Fuerza Armada es apolítica y no deliberativa”.


Por otra parte, el coronel retirado José Antonio Almendariz, actual diputado por el conservador Partido de Conciliación Nacional (PCN), estima que muchos de sus compañeros “tienen temor e inconformidad porque si se retira la Amnistía sólo serán sometidos a procesos judiciales los militares y no los exguerrilleros que también son confesos de crímenes”. Almendariz está involucrado en la captura y posterior asesinato de la médico española Begoña García Arandigoyen, quien se desempeñaba en un hospital guerrillero. El crimen de lesa humanidad --por tratarse de un asesinato a personal médico y porque se comprobó que a Begoña fue capturada viva y posteriormente ejecutada-- (Leer aquí : Estando embarazada, fue torturada antes de ser asesinada. Su cadaver sin entrañas fue reconocido por un médico forense español -Nota del Equipo El Trompudo-), ocurrió el 10 de septiembre de 1990 en una región del volcán de Santa Ana, al occidente del país.

“Yo personalmente he pedido perdón infinidad de veces en público por lo que cometí en mi odio. Hoy soy cristiano (evangélico) y se que en vez de humillarme, eso me ha granjeado un mayor perdón de Dios. Siento que me he quitado un gran peso de encima porque he pedido perdón, pero también he perdonado a quienes asesinaron de 50 balazos a mi padre de crianza...”, apuntó el excoronel. “Se que si se reabren heridas puede sobrevenir una nueva guerra, pero sería bueno que de una y de otra parte (ejército y exguerrilla), ayudáramos no sólo pidiendo perdón, sino en, por ejemplo, hacer esfuerzos para localizar a los desaparecidos y que sus familiares tuvieran el consuelo de darles santa sepultura”.




De nuevo el caso Romero
Colatino, Jueves 18 de Octubre del 2007.
José M. Tojeira

Cada vez que sale el caso Romero como ocasión para hacer más verdad en El Salvador, se levantan auténticas polvaredas. Declaraciones, pasiones, nerviosismos y, por supuesto, caídas en el ridículo de los flamantes y, supuestamente, defensores del Estado.

Ante la llamada al orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la mala respuesta del Estado a sus recomendaciones en el caso Romero, el espectáculo no ha sido diferente. Queda mal el Estado salvadoreño, porque no tiene nada serio que decir, y quedan mal sus representantes porque ante la falta de ideas acaban diciendo verdaderas ligerezas jurídicas y políticas.


El propio Estado se las busca al elegir como representante en su defensa al abogado Méndez Flores, impuesto en su momento por el ejército como defensor de quienes fueron acusados de asesinar a los jesuitas. Un abogado que hizo todo lo que pudo por encubrir un crimen de lesa humanidad y que no fue una persona dialogante o amante de la verdad. El involucramiento de ese mismo abogado en casos turbios, como los habidos en la federación de fútbol, o el del ingenio azucarero de la zona de San Vicente, hace que la elección estatal sea realmente asombrosa. Se esperaría a alguien de calidad y no a un experto en argucias, politiquería y mentiras para representar al Estado.

Lo que más parece arder en el caso es el hecho de que la Comisión Interamericana haya solicitado la anulación de la ley de amnistía. No sólo lo ha hecho en el caso Romero sino también en el caso jesuitas. Y ahí se aplican los picapleitos del Gobierno. De hecho los propios Comisionados tuvieron que advertir a los representantes gubernamentales que el tema de discusión no era la recomendación de la Comisión de derogar la ley de amnistía, sino los avances o retrocesos en el caso Romero y en la ejecución de las recomendaciones hechas por la propia Comisión.

Expertos en salirse de los temas dentro de El Salvador, porque una Corte Suprema deficiente los ampara, los representantes del Estado salen al exterior a hacer el ridículo. No es la primera vez ni será la última. Cuando a un miembro de la Fiscalía, representante de El Salvador, se le preguntó en la misma Comisión qué había hecho el Estado para averiguar la autoría intelectual del caso jesuitas contestó: ¿El Estado salvadoreño ha hecho lo imposible y más?.

La capacidad de hacer el ridículo y de mentir de estos abogaduchos de tres al cuarto que el Estado selecciona con tanto esmero no tiene límites. Ahora los representantes del Estado han ido a afirmar que la derogación de la amnistía "pondría en peligro la paz de El Salvador". Uno se queda alucinado pensando en una nueva guerra y quiénes serían sus protagonistas.

Ciertamente el único ente en El Salvador capaz de iniciar ahora una guerra sería la Fuera Armada, y teniendo que disparar contra civiles desarmados.Y a eso no se le llamaría guerra sino simple y llanamente crimen y violación de Derechos Humanos. Pero en las actuales circunstancias estamos convencidos que el ejército no emprendería ese tipo de guerra por más que le pudiera gustar a algunos, más bien pocos, de sus ex miembros.

Sobre la Ley de amnistía, que es el punto generalmente más sensible, hay también muchos mitos. Por ejemplo que se llenarían las cárceles de El Salvador de miembros del FMLN. Curiosamente quienes no tienen ningún empacho en decir de todo contra los miembros de este partido político resultan ahora sus más entusiastas defensores.

Pero la razón es muy otra. Las graves violaciones de los Derechos Humanos cometidas desde el Estado tienen, según la mayoría de los cómputos, una relación de ocho a uno con respecto a los cometidos por la guerrilla. En realidad la Ley de amnistía, si fuera derogada, debería ser simultáneamente sustituida por una ley de reconciliación nacional. Una ley nacida del diálogo y de la voluntad de hacer verdad, como el mayor honor que se le puede tributar a las víctimas inocentes. Una ley al mismo tiempo que pusiera en el sistema judicial la capacidad de condenar el mal hecho en el pasado, pero que por la vía extraordinaria del indulto permitiera a los violadores de Derechos Humanos librarse de la pena de cárcel a cambio de colaborar con la verdad. Eso sin reserva de la posibilidad de inhabilitaciones políticas e incluso, según los recursos, de multas que se aplicaran a un fondo nacional de reparación.

La plena reconciliación pasa siempre, nos dice el magisterio de la Iglesia (Juan Pablo II, 1997, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz) por un proceso de verdad, justicia y perdón. En el campo de la justicia lo más importante es, en la medida de lo posible, la reparación del daño hecho a las víctimas. La reconciliación llega tras esa ¿Purificación de la memoria? que al contemplar la inhumanidad del pasado opta por un nunca más mucho más radical del que se produce en una tregua. La amnistía en El Salvador trató claramente de eliminar no sólo los pasos de justicia y perdón, sino incluso de ocultar la verdad a la población.

Y decimos que trató de eliminar el tema del perdón, porque el perdón se da sobre los hechos conocidos e, idealmente, reconocidos, y no sobre los hechos sospechados y negados por sus supuestos autores. Desoír la razón, negarse a seguir los consejos de quien es experta en humanidad, no hace sino multiplicar desazones, sospechas y divisiones. Y lo que es peor, mantener una situación de impunidad establecida casi como cultura. Presentar la derogación de la amnistía como un peligro para la paz, como una ordalía de venganzas, no es más que negarse a buscar una solución racional para un problema real de la historia salvadoreña.


Si las propias instituciones del Estado, el ejército por ejemplo, hubiera pedido perdón por los crímenes cometidos por sus miembros y que contaron con la complicidad silente de los Estados Mayores y Ministros de Defensa, cuando no su colaboración activa en la cadena de mando, el tema de la amnistía sería mucho menos espinoso. Lo mismo si el Ejecutivo hubiera dicho una palabra de perdón por sus omisiones y complicidades claras en el pasado. Pero la negativa a pedir perdón de quienes hoy representan al Estado, aunque en su totalidad o en muy buena parte al menos, no tuvieron nada que ver con los crímenes del pasado, ni hace buena política, ni contribuye a un diálogo nacional adecuado sobre el tema. Al contrario, esa negativa pertinaz a no pedir perdón les rebaja moralmente y convierte los crímenes de lesa humanidad en tema absurdo de juego y propaganda electorera, en herida que no se cierra porque las partes la revuelven cuando les conviene.

Cerrar, no para los historiadores, sino para la convivencia ciudadana, esa página del pasado implica pasar por la vía del diálogo racional en torno al reconocimiento de la verdad, en torno a una palabra de justicia y reparación de las víctimas, y en torno a mecanismos verdaderos de reconciliación que impliquen, entre otras medidas, el indulto de penas carcelarias.