En lugar de estar pensando aplicar leyes duras a menores: Son los grandes ladrones los que deberían estar en la cárcel!

En la prisión no sólo deben estar  los Juan Pérez, dueños de tienditas y acusados de evadir impuestos durante dos años,  sino que deben estar los "grandes empresarios", ex-funcionarios y políticos corruptos cuyas cuentas no son del todo claras!

Ya han transcurrido varios meses desde la acusación de apropiación y uso indebido de dineros del Estado (más de 200 millones de dólares) contra el ex presidente Antonio Saca, sin que la Fiscalía General de la República y la Corte de Cuentas hayan iniciado una investigación profunda y detallada para determinar dónde están esos fondos. Desde luego, los mismos altos dirigentes de Arena, han pedido se “deduzcan responsabilidades” y se juzgue a los implicados de malversación, peculado y corrupción contra la administración pública.

Es, pues, conocido por sus mismos “amigos” y compañeros de festín, que el ex presidente Saca evadió impuestos como empresario de la radiodifusión, además de “apropiarse” de dineros que no eran suyos, según declaraciones del actual presidente del Coena, Alfredo Cristiani. Saca, durante su ejercicio en la presidencia de la república, engañó a la Asamblea Legislativa, a la Corte Suprema de Justicia, a la Fiscalía General de la República, a la Corte de Cuentas y al pueblo salvadoreño. No hacen falta todos los delitos; con uno solo de ellos, cualquier ciudadano que no pertenezca a la mafia económica, a la mafia política o a la mafia, punto, termina en la cárcel.

Pero Antonio Saca, chivo expiatorio de barones, marqueses, condes y corruptos, tiene derecho a realizar el bíblico “hacer dinero”. En otros países, aquí nomás en la región centroamericana, ya los acusados de evasión de impuestos, de desfalcos y saqueos debidamente documentados contra la nación, estarían detenidos y procesados para purgar sus penas. En los cuatro nefastos regímenes areneros, el expediente más utilizado por los mandatarios fue evadir sus responsabilidades, simbólicamente escamotear a la justicia, cargando toda la culpa contra Ministros o presidentes de autónomas, como sucedió con Carlos Perla, en ANDA, David Gutiérrez en Obras Públicas, Romeo Majano, en el Seguro Social o Raúl García Prieto, en el Banco de Fomento Agropecuario, sólo para mencionar algunos ejemplos porque la lista de robos es extremadamente larga.

La privatización la banca en 1990, durante la administración de Alfredo Cristiani, significó la pérdida de 705 millones de dólares para el pueblo salvadoreño. Los recursos fueron sacados del Banco Central de Reserva, banco del Estado. A dónde fue a parar ese dinero? En este mismo gobierno la Corte de Cuentas detectó un faltante de nueve millones de dólares en la CEL. Luego, en el año de 1994, vino la malversación en los ingenios azucareros por un valor de 15 millones de dólares. Y podíamos seguir con la lista interminable, pero basta y sobra para determinar quiénes son los corruptos y responsables directos de los robos descarados de fondos del pueblo salvadoreño.

Cristiani, al pedir una investigación contra Antonio Saca, no hizo más que soltar la papa ardiente en que todos los mandatarios areneros convirtieron la presidencia de la república y todo el aparato administrativo del país. Simplemente, con sus cínicas declaraciones y peticiones, apareció la santurronería hipócrita, echada a los ojos de la mayoría silenciosa, para cumplir un espléndido propósito: evadir propias responsabilidades y hacer millonarios a delincuentes. Por el interés y “la seguridad” y hasta la “gobernabilidad” y “transparencia” de la nación, todo se vale: desde Cristiani, pasando por Armando Calderón Sol, hasta el mafioso Francisco Flores, van insinuando cada vez con mayor prepotencia sus deseos a “la justicia” para un borrón y cuenta nueva. Lo mismo que en el campo penal y político hicieron con la Ley de Amnistía para salvar a todos los altos militares y civiles acusados de masacres y violaciones contra los Derechos Humanos.

No sólo el olvido de los delitos pendientes, sino el pago de sus cuentas personales y una hermosa cantidad que, medida en dólares, sube a millones, como una especie de “retiro” por haber dejado la presidencia. O sea, premiarlos con el premio "gordo", para decirlo con el lenguaje popular, como si hubieran dejado el trabajo porque atraparon una enfermedad que no les permitía seguirlo cumpliendo. Y esto, en el “país de la sonrisa” donde la simple frase “recaudación de impuestos” o “revisión fiscal”, lleva a la histeria a las familias acaudaladas, o a la aceptación sin mayores protestas de esa “mayoría silenciosa” sobre cuyos hombros están sentados los barones, burgueses y oligarcas...en este país donde basta cometer perjurio sobre una Biblia, para ser víctima de las peores atrocidades.

Es tema reiterado en comentarios de la calle, en cafetines y universidades, escandalizarse, con toda razón, de lo profundamente corrompido que dejaron el país los cuatro regímenes areneros, cuyos “nuevos dirigentes”, en un “Coena remozado”, tienen el cinismo y la desfachatez de pedirle a los salvadoreños “aceptar y creer en la nueva derecha”, en “políticos probados en grandes batallas”, en su “lucha permanente por el bienestar de las mayorías”. El gobierno actual heredó una infinidad de lacras sociales y un país totalmente en bancarrota, no por haber invertido los fondos en obras de beneficio popular, sino por haberse robado los dineros del pueblo.

A estas alturas del siglo XXI habremos de reconocer que la augusta democracia salvadoreña, no canta nada mal. Todavía tenemos al frente de la Asamblea Legislativa a políticos tan cuestionados como Ciro Cruz Zepeda; a diputados cara dura como Donato Vaquerano, Guillermo Gallegos, Orlando Arévalo, Rodolfo Parker y otras ratas del mismo piñal. A “viejos” políticos señalados en actos de corrupción e intentando revivir a un cadáver ambulante llamado Arena. Ya se acerca el periodo para presentar la Declaración de la Renta y todavía no se ha dado a conocer, como lo prometió el actual presidente, la lista de los “grandes evasores”, de los que por muchos años han cometido delitos fiscales. Ojalá las instancias correspondientes, desde el Ministerio de Hacienda, pasando por la Corte de Cuentas, hasta la Fiscalía General de la República, procedan con la ley en la mano e investiguen a todos los mafiosos, contrabandistas y usurpadores de los bienes del Estado. En la prisión no sólo debe estar Juan Pérez, dueño de una tiendita, acusado de “evadir impuestos” durante dos años,  sino que deben de estar los grandes empresarios, cuyas cuentas no son del todo claras.

POCOTE 

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